Venezuela: Cuando el poder también maltrata

En confinamiento víctimas se vieron afectadas por la falta de acceso a la justicia de agresores favorecidos por sus influencias en los órganos de justicia, con el fin de desestimar las causas. Con frecuencia, las fiscalías del país dejan pasar casos por falta de pruebas o “por mala instrucción del expediente policial”, denuncian defensores de las víctimas

Texto: Carolina Isava/Juan Carlos Colina/ Raylí Luján/ Zurya Escamilla Díaz
lustración: Frank Bready Trejo/ Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba/ Denisse Martínez


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Minimizadas

En uno de los pasillos de triaje del Ministerio Público, como se le conoce al área donde se reciben y distribuyen las denuncias con causas penales en Venezuela, se oye a cada instante la voz de un funcionario que llama por número de cédula de identidad y apellido a las personas: “Pase el siguiente”.
Los rostros de mujeres cabizbajas, sobrevivientes de violencia, inundan el lugar. Semiocultas con paños o pañuelos, pero lo suficientemente visibles para demostrarle al funcionario que los golpes en su cuerpo evidencian la violencia que sufrieron durante la cuarentena decretada por el gobierno. Entre el grupo de mujeres que espera para colocar la denuncia se encuentra Victoria, nombre que usaremos para proteger su identidad.
Minutos antes había salido Amanda, otra mujer a quien llamaremos así por protección. En las puertas de la Fiscalía expresaba su consternación por la advertencia que le había dado la fiscal. Su caso sería desestimado cuando llegara a los tribunales por un “error policial” en las “fechas del informe forense” y en la “denuncia”. “No fue contundente”, le dijeron.
La mujer, de 24 años de edad y madre de tres hijos, había sido golpeada por su pareja tres semanas atrás, a mediados del mes de abril. El agresor incluso la amenazó y ella debió salir de la casa en plena cuarentena. Pese a sus escasos recursos, tanto Amanda como el defensor público que le asignaron presumen que la intervención de un familiar del agresor, con acceso a funcionarios públicos en la Fiscalía, haya detenido el proceso para ampararla. Casos como el de Amanda se desestiman a diario en las diferentes fiscalías del país. Unos por falta de pruebas, y otros “por mala instrucción del expediente policial”.



La “mujer del policía”

A las áreas de triaje de la Fiscalía, llega otra mujer visiblemente golpeada, pero no como víctima para los funcionarios policiales que la han traído. Su esposo, un policía también, la había denunciado. Se había “comido la luz”, dijo la agente que se encargó de su traslado para referirse a una supuesta falta que habría cometido la víctima.
“Ella no es mujer de nadie y tampoco es delincuente, es la víctima y aquí ustedes se salen porque ella se queda en manos de la Fiscalía y saldrá libre”, le increpó su abogada a la policía que la sostenía de las manos. La escena inmuta a todos en la sala que observaban perplejos. Incluso a Victoria, quien aguardaba para consultar su caso. Sin embargo, el reclamo no sosegó a la policía, también mujer, quien en rechazo a la petición de la abogada intentó esposarla.
La situación sorprendió a la fiscal de su oficina, quien actuó a favor de la “mujer del policía”, como le decían, y reprendió a los oficiales, quienes insistieron en defender al agresor. La “denunciada” ahora sí era tratada como víctima.
Entretanto, Victoria turnaba la mirada entre su celular y lo que sucedía. En su mente pasaban los seis años de relación que tuvo con su pareja. El dolor en el corazón fue más grande que las heridas recibidas en el cuerpo. Ella, de 48 años, con una profesión universitaria. Él, de 41, bachiller y dedicado al comercio.
Al principio, el amor y la unión prevalecían dentro de una atmósfera de respeto, pues, pese “al fuerte carácter” que él siempre tuvo, la relación era “soportable”, aseguró. Ignoró el hecho de que mucho antes de que la violencia física aparezca, existen otras violencias como la psicológica que comienzan a sentar las bases para futuros maltratos y en mayor escala.
Aún con el cuerpo adolorido y el rostro tintado, Victoria llegó al Ministerio Público un jueves en la mañana del mes de mayo, para averiguar las consecuencias de una denuncia y conocer con qué protección contaba si daba el paso de acusarlo en medio del confinamiento. De lo que sí no tiene duda, es de la decisión de apartarse definitivamente de este hombre que, desde el segundo mes de la cuarentena social, le dejó los peores recuerdos. El confinamiento había enardecido la convivencia entre ambos que, con anterioridad, ya presentaba dificultades.
Victoria es una mujer de trato amable y de buen hablar. Lo vivido la hace temblar y sudar. Habla sin cesar. Quiere desahogarse.
“No quiero que mi hijo se entere”, expresó. Ella también es madre de tres hijos adultos que viven fuera del país, con quienes se comunica por videollamadas y a quienes no sabía cómo ocultarles lo sucedido.
“Hasta aquí le permití yo. Ya no seré más víctima de abusos. Jamás volveré a ese lugar”, sollozó.
Su temor principal es volver a verlo, por eso, las dudas sobre denunciarlo. Lo que menos quiere es toparse de nuevo con él, reiteró.
Victoria se marchó y ahora vive lejos del agresor, en un lugar seguro. Se fue solo con su ropa y teléfono, atrás dejó toda su vida, su pasado y hasta sus pertenencias que le quedaron a él.
“Lo único que quiero es evitarlo y estar separada para reconstruir mi vida lo antes posible (…) porque esta vez quiero ser feliz”, sobre.



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