Puerto Rico: Toques de queda potenciaron episodios de violencia en hogares

Denuncias de mujeres fueron desatendidas por funcionarios policiales, según denuncias de ONG. La isla registra un aumento de 83 % en los feminicidios y más 1300 casos de violencia contra la niñez

Texto: Jesenia Freitez Guedez/María José Martínez
Ilustración: Pierre Daboin | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Martínez


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Antes de que se decretara la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 en el mundo, el riesgo para las mujeres, niñas y adolescentes en Puerto Rico se encontraba en niveles tan altos, que las organizaciones de la sociedad civil pidieron al Ejecutivo decretar la emergencia nacional para que, desde el gobierno, se reconocieran las duras estadísticas que enlutan a la isla. Cada siete días ocurre, por lo menos, un feminicidio, según el estudio “La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico (2014-2018)”.
La petición tenía como antecedentes tres escenarios críticos que han sacudido a Puerto Rico. En primera instancia, los efectos del paso de los huracanes Irma y María y, posteriormente, el terremoto sufrido en enero de 2020. Todo eso aunado a la severa crisis económica que desde antes afectaba al país. En todos estos hechos, la violencia intrafamiliar y el asesinato de mujeres por violencia de género ascendió de manera alarmante.
Aunque las autoridades solo activaron un estado de alerta, ya había indicativos de lo que sucedería con la violencia machista ante una nueva crisis en la isla. Esta vez en peores condiciones: la de un confinamiento las 24 horas del día para las víctimas con su agresor.
En Puerto Rico, las ONG defensoras de las mujeres observaron que, en confinamiento, estas quedaron desprotegidas y sin acceso a los medios que normalmente usan para denunciar. Desde la declaración de emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 las autoridades impusieron un toque de queda, a partir de las 7:00 pm, que les impidió buscar de ayuda.
Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, indica que las organizaciones asumieron la responsabilidad de dar atención a la víctimas ante la falta de medidas y estrategias por parte de las autoridades. Eso incluyó una campaña informativa y la creación de una línea telefónica de emergencia para que las mujeres supieran a dónde llamar las 24 horas del día.

Cifras de feminicidios se disparan

De acuerdo con la organización, durante la cuarentena hubo un aumento del 83% en los feminicidios en comparación con el año 2019. De ellos, 11 fueron muertes violentas de mujeres y niñas que se registraron desde el 15 de marzo y al menos cuatro fueron vinculados a violencia doméstica.
Asimismo, cuatro de estos crímenes fueron cometidos por exparejas, esto significó un aumento de 33% con relación a los cometidos por conyuges en 2019. En esta fecha también se registraron tres transfeminicidios.
“Aunque el gobierno sostenía que había disminuido la violencia, lo que vimos con mayor alarma fue el aumento de los feminicidios, y si tenemos en cuenta el período de enero a mayo, estamos hablando de casi un 90 % de incremento”, argumentó Débora Upegui, analista  del observatorio.
No obstante, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres solo reconoce tres asesinatos por violencia doméstica hasta el 23 de abril de 2020, según las estadísticas de la Policía de Puerto Rico.
En total, desde enero y hasta mayo del 2020, se han reportado 23 feminicidios (muertes violentas de mujeres y niñas) en comparación con los 12 ocurridos entre enero y mayo del 2019.  Esto representa un aumento del 92%  e incluye cinco feminicidios íntimos (por violencia doméstica) y cinco transfeminicidios (por violencia de género contra personas LGBTTQI+).
El escenario es aún más grave si se toma en cuenta la tasa de feminicidios en Puerto Rico, que tiene un promedio de 300 feminicidios por cada 100.000 mujeres, según la clasificación usada en el informe Global Burden of Armed Violence, Every Body Counts, que considera altas todas las tasas mayores de 300 feminicidios por cada 100.000 mujeres.
Como estado miembro de los Estados Unidos, Puerto Rico también tiene las tasas más altas de feminicidios que se registran en ese país, entre 2014-2017. Ocupa, además, la cuarta posición entre los estados más pobres de Estados Unidos y 13a posición con mayor cantidad de feminicidios entre 52 jurisdicciones de Estados Unidos.

Menores de edad, principales víctimas 

Los datos de la policía reportan 1960 incidentes de violencia doméstica en lo que va de año. Por su parte, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres registra 252 víctimas de delitos sexuales, entre enero y abril de 2020, según las Estadísticas de la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Policía.
La mayoría de las víctimas, 98 casos, tenían de 11 a 15 años. Los más afectados, en segundo lugar, se encuentran en el grupo de 6 a 10 años con 70 casos, mientras que las edades de sus agresores oscilan entre 30 y 44 años.
Por su parte, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico reportó más de 1300 casos de violencia contra la niñez. Las cifras incluyen ambos sexos.
“Con los niños y las niñas se han presentado 595 situaciones de negligencia contra la niñez: 510 de tipo emocional, 56 de índole médica y 18 educativa. También hemos visto una exposición del abuso sexual  con 14 casos y 173 por maltrato físico. En total son 1.367 los casos del maltrato a la niñez que han sido registrados en pandemia, que, si las comparamos con el año pasado cuando hubo 1.956, se observan que hay menos casos, pero hay que evaluar que actualmente existe un contexto de mayor dificultad para denunciar”, informó Mabel López Ortiz, presidenta de la organización.
Ortiz resalta que los datos no son públicos ni están actualizados porque “los recogemos de la misma discusión que hacemos sobre los casos que se tratan de la violencia contra la niñez”, destacó.
En lo que respecta a las denuncias de desapariciones, el Observatorio de Equidad de Género contabiliza al menos 14 mujeres desaparecidas, entre ellas siete menores hasta el mes de mayo de 2020. La cifra representa un aumento del 250% (2.5 veces mayor) en el número de desapariciones y 600% (seis veces mayor) en la desaparición de menores de edad.

Obstáculos para denunciar

En confinamiento, las víctimas que se atrevieron a denunciar sufrieron, además, la falta de atención por parte de funcionarios policiales que restaron prioridad a las denuncias. Tal como le sucedió a una mujer, en el área rural de Puerto Rico, quien con evidencia de maltratos fue ignorada por oficiales de la policía cuando intentó presentar una querella, explicó Vilma González Castrodirectora ejecutiva de Coordinadora Paz para la Mujer.
“Una de las razones es la categorizaron con un problema de salud mental. Ella estaba toda golpeada y la llevaron al hospital, aun así, no querían tomar la querella. Es una de las cosas en la que estamos trabajando porque la respuesta del Estado no está funcionando, pese que se trata de la vida de las mujeres”, destacó González.
El acceso a la justicia se hizo cada vez más cuesta arriba para las mujeres, debido a que la cuarentena obligó el cierre de al menos tres cuarteles de la policía. “Al 20 de abril, 1067 agentes de la policía y tres cuarteles habían cerrado”, señaló.
“Eso crea unas condiciones que hace muchos más complejo el acceso a la denuncia”, según lo reportado por las víctimas a la ONG Coordinadora Paz para la Mujer. Los cuarteles son comisarías donde las mujeres pueden presentar denuncias.
En el confinamiento, la mayoría de las instituciones gubernamentales permanecieron cerradas. No obstante, los tribunales establecieron diferentes horarios de trabajo de atención. En el área judicial se dieron diversas videoconferencias en las que las personas podían solicitar protección por medio de un enlace para atender la denuncia, sin salir de la casa.

Pedidos auxilio crecieron con anuncios oficiales

Pese al número de muertes registradas en el periodo de confinamiento, las autoridades de la isla reportan una baja en las denuncias, sin embargo, las organizaciones civiles vieron un repunte en el número de llamadas. El Observatorio de Equidad de Genero asegura que en los meses de marzo y abril los pedidos de atención a CRIAS, el centro de llamada de la Procuradora de la Mujer, se duplicó en comparación a 2019.
Mientras que las llamadas a la líneas 24/7 que creó la coalición de organizaciones para atender el tema, recibió alrededor de 500 llamadas entre el 23 de abril y el 30 de mayo. Vale destacar que la línea 787 489-0022  (#Estamos Para TI) del Proyecto Matria, se inauguró en 23 de abril durante la contingencia.
“Ahora mismo en los casos que hemos atendido por nuestro lado, hemos identificado casos de intimidación, amenazas de muerte, golpes, maltrato psicológico y violencia sexual con un alto grado de crueldad e inhumanidad, así como muchos conflictos que tienen que ver con minimizar todos los quehaceres del hogar”, refirió Lourdes Inoa Monegro, gerente de programa de Mujeres y Salud de la organización feminista Taller Salud en Puerto Rico, que atiende a sobrevivientes de violencia.
Un dato que resalta el observatorio es el alza en las llamadas de la línea 24/7 que se registraba al día siguiente de los anuncios de la gobernadora de la isla. Esto sucedía en los horarios cercanos al comienzo del toque de queda.
Por su parte, el observatorio indicó que hubo una reducción en la incidencia de las denuncias por violencia doméstica, de menos de un 8% a 5%, respecto a 2019. También en las solicitudes de ordenes de protección que normalmente registran números bastante elevados, “pero en esta época tuvo una baja casi de la mitad”.
La institución argumenta que la baja en las denuncias se debió a la dificultad que tienen las mujeres para pedir ayuda cuando están con su agresor. El encierro generó una situación de estrés mayor que se juntó con una crisis económica para un país, cuya economía se encuentra en bancarrota.
“A ello se suma que estuvimos en unas condiciones completamente distintas porque, para empezar, no tuvimos la misma cantidad de policías operativos, no estaban todos los cuarteles abiertos, no estaban en la misma disposición para atender las querellas y los tribunales estaban trabajando en horarios más regulados, por lo que atención nunca fue normal”, puntualizó Lugo Nazario.
En relación con las incidencias de violencia doméstica reportadas ante la policía desde enero a abril de 2020, se reportan 1.960 incidentes. Mientras que desde el 15 de marzo al 19 de abril  (5 semanas) hubo 643 incidentes registrados ante órganos policiales.
Las organizaciones sostienen que el Ejecutivo aplicó las medidas de aislamiento obligatorio sin tomar en consideración que “las víctimas no tenían forma de hacer las denuncias”, apuntó Lugo Nazario.
“Lo que hemos vistos son una diversidad de casos que van desde asesinatos de mujeres a manos de pareja, madres y niños asesinados también a las fuera del hogar, aunque iban en contra del papá quien quedó vivo. Además, el caso de las dos mujeres transexuales que asesinaron (…) todo ellos nos revela que el encierro fue propicio para mayores manifestaciones de violencia, con mayor crueldad por parte de los agresores”, dijo Débora Upegui.
Por otra parte, las mujeres enfrentaron más tensión al sumar nuevas responsabilidades en el hogar, en especial en la atención de los niños y la pareja “que espera que todo se haga y que responde con menos paciencia”, señaló la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género.

Refugios tampoco fueron priorizados

La isla cuenta con ocho refugios administrados por organizaciones civiles. En el periodo de cuarentena, el trabajo en los albergues aumentó con los pedidos de apoyo psicológico y jurídico.
La directora ejecutiva de Coordinadora Paz para la Mujer señala que el Estado en ningún momento tomó en consideración a los refugios como un servicio esencial.
“En conjunto tuvimos que generar nuestros propios protocolos para proteger y garantizar la seguridad tanto de las mujeres albergadas como de las trabajadoras de los refugios que estaban exponiéndose, darles mascarillas, guantes, artículos de protección que necesitaban”, expuso Vilma.

Violencia obstétrica

Organizaciones defensoras de las mujeres, dedicadas a atender el tema de la maternidad, informaron que detectaron episodios de violencia obstétrica en la isla. 
Tania De Jesús, directora de la organización Caderamen, explicó que esta se manifestó en las denuncias de mujeres embarazadas, quienes reportaron restricciones al momento del parto en los hospitales públicos, a propósito de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Se les prohibió el acompañamiento durante el proceso de parto. Las mujeres entraban a parir solas y tampoco pudieron estar con su bebé. También se les restringió la lactancia. Algunas afirmaron que fueron maltratas o quedaron incomunicadas, y aunque no presentaban síntomas las trataron como si estuvieran contagiadas”, dijo la especialista, quien reclamó la falta de un protocolo para atender a las embarazadas durante la cuarentena.
La violencia obstétrica es toda aquella violencia física y psicológica que ejerce el personal de salud durante el cuidado prenatal y postparto. De Jesús considera, ademas, que es injustificable que la emergencia sanitaria viole los derechos de las mujeres, ya que, en algunos casos, “eso aumenta los riesgos de salud de las mujeres”.

Las víctimas que nadie mira

La ausencia de estadísticas confiables en todos los sistemas de protección y seguridad social del país invisibiliza a las víctimas, aseveró Lourdes Inoa Monegro, ante la dificultad de conseguir datos de las agencias gubernamentales en tiempo real durante la epidemia.
“Lo que vemos es que no hay datos. Lo que la policía provee ni siquiera lo estaban organizando por género. No te dicen edadesni qué tipos de violencia se reportaron. La falta de datos es un problema grave”, dijo.
A juicio de las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, la violencia estructural que existía se agravó  con la propagación del COVID-19, por omisión del Estado en atender entre sus prioridades las violencia de género. Cuestionan la falta de “pronunciamiento especial” para tratar la violencia de género en confinamiento.
“Se trata de una violencia institucional por parte de un Estado que dejó de asumir la responsabilidad social que debe tener hacia la población y de tratar los asuntos de género como temas de salud pública” sostuvo la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.
López Ortiz afirma que las autoridades ignoraron la necesidad de tener un plan que, dentro de la emergencia sanitaria, incluyera asuntos sociales en referencia al reclamo judicial que hicieron las ONG en este tiempo para exigir que se mantuvieran los comedores escolares abiertos, por ejemplo. Esto con el fin de ayudar a paliar la falta de acceso alimentario de los sectores más empobrecidos en la isla.

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