Perú: El terror las acompañó en casa

Aunque Perú registró una disminución de los feminicidios, la violencia se ensañó contra niñas, niños y adolescentes, quienes fueron víctimas de abuso sexual en el tiempo de confinamiento

Texto: Jesenia Freitez Guedez/María José Martínez/Zurya Escamilla Díaz
Ilustración: Pierre Daboin/ Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba / Denisse Martínez





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El 16 de marzo, día que siguió al decreto de cuarentena, Perú vio sus calles desiertas por medidas que buscaban cuidar a su gente del virus, pero que lanzaron a miles de mujeres a la merced de sus agresores, en condiciones económicas críticas que favorecen el incremento de la violencia.
El decreto de confinamiento tampoco ha ayudado al cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el Poder Judicial, que ordenan el alejamiento del agresor y la víctima hasta por 300 metros. Estas órdenes han sido inejecutables en un contexto donde todos deben estar dentro de sus hogares, justo en convivencia con la persona a quien deberían evitar.
Los reportes de abusos sexuales a menores de edad y el incremento de llamadas de auxilio dan cuenta de la grave situación de violencia que están padeciendo las mujeres, niñas y adolescentes en Perú. Así, el lugar más seguro para resguardarse de la COVID-19 fue, al mismo tiempo, el que más las puso en riesgo.
“La violencia de género ha estado siempre, antes de la cuarentena. Desde el momento en que se dictó la medida, las parejas que ya tenían estos problemas, quedaron congeladas en espacios pequeños. Muchos en lugares alquilados, con los que ya tenían problemas para el pago de sus rentas, algunos incluso con medidas de alejamiento que no se pudieron ejercer”, indicó Roberto Miranda, especialista en derecho penal y de familia.
Desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, el Equipo Itinerante de Urgencia (EIU) del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA reportó un total 7.470 mujeres atendidas.
En cuanto a los casos de violencia sexual se reportan 659, de los cuales 69.2% ocurrió en niñas, niños y adolescentes y 30.8% en adultos.
Pese a este escenario, las denuncias de violencia ante la policía y fiscalía se han reducido. A juicio del abogado Roberto Miranda, especialista en derecho penal y de familia, la falta de atención que, asegura, hubo en el Ministerio Público como consecuencia de las medidas de aislamiento obligatorio, incidieron en la reducción de denuncias en la etapa de confinamiento.
Prácticamente, en el primer mes, no hubo ningún tipo de atención durante la cuarentena. Luego ya se daban teléfonos y correos electrónicos como vías de denuncia. Incluso se abrieron posibilidades para que se atendieran hechos de violencia. Llegando aproximadamente a recibir unas 5.400 denuncias, según lo que informó el canal informativo del Estado, en momentos en que empezaron a reportarse violaciones, en especial a menores de edad dentro del seno familiar”, puntualizó Miranda, quien ha llevado diversos casos de feminicidios en Perú.
En su opinión, el Estado debió tomar más medidas para garantizar que se cumplieran las órdenes alejamiento ya existentes y comisarias debieron mantener informados a los juzgados “sobre qué personas tienen o gozan de medidas de protección”, señaló.
Otras de las medidas que provocó críticas fue la segregación de personas por su género con la finalidad controlar la movilidad en las calles. Una decisión muy similar a la aplicada en Panamá y Bolivia para evitar la propagación de la COVID-19.
 El 2 de abril el gobierno anunció que solo se permitiría la circulación de mujeres los días: martes, jueves y sábado, y de los hombres los lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Los domingos, ni hombres ni mujeres podían salir a las calles.
Niñas y adolescentes, de las más vulnerables
El aislamiento obligatorio mostró un incremento de la violencia hacia las poblaciones más frágiles como niñas y adolescentes. Tan solo en la Línea 100, un servicio telefónico de información y orientación para víctimas las 24 horas del día, el aumento del número de llamadas de auxilio ha sido significativamente superior al 50%.
Los datos del Servicio de Atención Urgente (SAU), que señalan los tipos de violencia y grupos de edad detallan la magnitud de la afectación en la población de niñas y las adolescentes como los más perjudicados entre enero y junio de 2020.
Las cifras revelan que el grupo de edad “de 6 a 11 años” fue el que más casos reportó en violencia psicológica con 256 casos (24.9% del total), a este renglón le siguen menores de 0 a 5 años, con 229 casos.
En cuanto a la violencia física, los 296 casos ubican también al grupo de 6 a 11 años en primer lugar respecto a otros rangos de edad afectados. Seguidos por adultos entre 26 y 35 años, y en tercer lugar menores de 0 a 5 con 203 casos.
Mientras que, en violencia sexual, la población que reportó más casos, con 226, fue el grupo de edad de “12 a 17 años”. Le siguen los menores de edad, de 6 a 11, con 138 casos y de tercero se encuentran los 69 casos de mujeres jóvenes, entre 18 a 25 años.
Por su parte, el resumen estadístico de consultas atendidas por el servicio del Chat 100 y redes sociales, otro servicio complementario que atiende a víctimas de violencia, indica que el mes de junio contabilizó el mayor número de consultas desde el inicio de la cuarentena, con 3.286 casos, pues mayo registró 2.981, abril 1.193 y marzo 609.
Asimismo, el mayor motivo de las consultas fue también por violencia psicológica (2.225); física (1.516), sexual (422) y económica (5). De ellas, 76.11% correspondieron a mujeres.
“El desafío es mayor en las zonas rurales, no solamente porque no hay todos los servicios, sino porque todavía en esos lugares está normalizada la violencia. Por ejemplo, es común ver comunidades, donde les parece natural que un hombre mayor de 50 se enamore de una niña de 11 años; para nosotros eso es inadmisible”, opinó la funcionaria del Programa AURORA.

Mayo, indicativo del aumento

El SAU precisa que, entre el 16 de marzo y el 23 de mayo, se atendieron 1442 terapias breves de acompañamiento: 1369 para mujeres y 73 para hombres.
Solo en ese periodo de tiempo atendimos 372 reportes de violación sexual, de estos casos en 255 la víctima era una niña o adolescente”, informó Nancy Tolentino, directora del Programa AURORA para prevenir la violencia contra las mujeres y en la familia.
Tolentino precisó que la mayor parte de las ellas ocurrieron en las inmediaciones del hogar y fueron cometidas por personas conocidas y familiares, en 30% de los casos el padrastro.
“Eso nos muestra un rostro de la violencia que se levanta con mayor fuerza entre las niñas y las adolescentes”, reiteró.
Los departamentos con mayor incidencia fueron Lima, la capital, con 311 casos, La Libertad, con 95, y Junín con 83 casos, entre otros.
La funcionaria apunta que los números siguen creciendo en Perú. La crítica situación en poblaciones vulnerables llevó a las autoridades a reforzar sus equipos profesionales en el programa AURORA, el cual tiene presencia en 66 distritos, donde se enfrenta a una violencia arraigada, principalmente en comunidades rurales donde se encuentran casos que naturalizan relaciones entre hombres adultos con niñas y adolescentes.
De esta manera, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables puso en marcha el despliegue de 264 equipos itinerantes en todo el país que no esperan las denuncias, sino que ellos mismos se trasladan a los hogares. De este trabajo, encontraron 44.00 casos que fueron atendidos: 3.717 fueron de mujeres, 685 fueron de varones y 1708 de niñas, niños y adolescentes.
La información reportada por los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) que coordina el Programa AURORA dan cuenta de 3.737 casos de violencia contra mujeres que ha tenido en aumento constante desde marzo cuando se contaron 409, en abril subieron a 1.134 y en mayo alcanzaron los 2.194.
De esta totalidad, 2.022 fueron por violencia física, 1.080 de tipo psicológico, 627 de tipo sexual y ocho de violencia económica o patrimonial. El grupo más afectado por la violencia sexual fueron las niñas, niños y adolescentes.
“Hemos recibidos llamadas de diversos familiares e incluso niños y amigos que tenían un conocido que les manifestó que había tensión, que la pareja rompía cosas, que tenían miedo y que querían irse. Allí es cuando intervenimos para contactar a la víctima y rescatarla, algo que fue muy en la cuarentena”.

Casi 100 personas en refugios

El programa AURORA, que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene al menos 14 casas de refugio de las 46 que hay en todo el país. En tiempos de confinamiento ha atendido a 96 personas: 45 mujeres y 51 menores de edad, cuya su vida “estaba en riesgo inminente”.
“En algunas zonas donde no tenemos hogares, hemos coordinado con otros refugios públicos y privados, donde tuvimos que ingresar a algunas mujeres que necesitaban este servicio de protección durante el confinamiento”.
Los 35 hogares de refugio que dependen de diversas instituciones también reportaron un aumento en la recepción de personas que habían sido víctimas de episodios desde inicio de año y en comparación con 2019. Las cifras indican que, desde enero, se ha brindado refugio a 386 personas: 94 en enero, 158 en febrero y 134 en marzo, disminución que Talentino atribuye a la falta de apoyo para denunciar.

Feminicidios desestimados

Desde el mes de marzo y hasta junio, el programa AURORA contabiliza 34 feminicidios en el país. Esta cifra es 37% menor que entre el tercer y quinto mes de 2019.
A juicio de Nancy Talentino, la reducción se debe a que las mujeres “deben estar sufriendo una doble o triple carga de trabajo en silencio”. Esto, a su vez, eleva el miedo a denunciar en medio de la incertidumbre de estar en casa con el agresor, llena de trabajo y con las dudas sobre qué hacer si denuncio, explicó.
“Nosotros seguimos trabajando en la prevención y en seguir dándoles la confianza y la seguridad de que denuncien porque nada justifica que sigan viviendo con violencia”.
Este mismo reporte muestra que el 62% de los feminicidios fueron cometidos por la pareja y el 15% por una expareja. En tanto que el 85% de las víctimas eran mujeres adultas, el 13% eran menores de edad y 2% adultas mayores.
De los 66 feminicidios ocurridos de enero a junio de este año, cuatro víctimas estaban embarazadas, y producto de este crimen, 86 niños y niñas quedaron huérfanos.
 “Cuando una mujer muere, una sociedad pierde a alguien que podía aportar (…) la mayoría deja niños en orfandad y después, ¿qué ocurre con los hijos de esa mujer que presenciaron el crimen? ¿Cómo se les enseña que lo que vieron no es normal? ¿Cómo se recupera a una familia que se cansa de luchar y que no ve justicia, y que se sigue sintiendo maltratada aun después de lo ocurrido? Entonces, esto te demuestra lo mucho que hay que hacer para prevenir la violencia en contra de las mujeres”, opinó la periodista Angélica Villegas, quien investiga desde hace siete años casos de feminicidio en Perú.

Discriminación y otras violencias

Por otra parte, los delitos contra mujeres, comenta el abogado Roberto Miranda, suelen minimizarse en las comisarías dado que el trato se limita a la atención policial, pese a que organizaciones y activistas defensores de los derechos de la mujer en Perú han pedido sumar más personal dedicado al área psicológica y de trabajo social.
Miranda cuestiona las fallas en el acceso a la justicia para las víctimas o familiares que han reclamado retardo procesal para la detención de los feminicidas.
El jurista comenta que en el tratamiento de feminicidios ante los operadores de justicia se observa una discriminación hacia personas de menos recursos y más vulnerables, en comparación con otros sectores de la sociedad con un mayor nivel socioeconómico.
“Por eso en los sectores pauperizados, muchos tienen que recurrir a medios de comunicación o a redes sociales para evidenciar y visibilizar su necesidad urgente de justicia, de otro modo, pasa completamente desapercibido”, refiere el abogado.
De manera similar a otro países, organizaciones de derechos humanos reportaron que las labores de la policía se han enfocado en hacer cumplir la cuarentena por encima de otras operaciones, lo que retarda la aplicación de detenciones preventivas sobre presuntos feminicidios, tal como ha ocurrido en los casos de la atleta nacional de lucha libre, Jannette Velly Mallqui Peche, de 31 años, ocurrido en confinamiento, y el de Fiorella Santamaría, en vísperas de la cuarentena, cuyos familiares ofrecieron testimonio para esta investigación.
“He recibido casos en los que se usa la cuarentena para decir que no se pueden terminar los trámites, entregar la necropsia o algún examen médico para determinar cualquier lesión”, dijo la periodista Angélica Villegas, y agrega que en muchas ocasiones solo se toman las diligencias cuando la prensa hace público el caso.
Un decreto legislativo aprobado recientemente en Perú establece que todos los casos de violencia, no necesariamente en flagrancia, deben ser atendidos, independientemente del nivel de riesgo, apuntó la directora del Programa AURORA.
Los casos de feminicidio y violencia de género también se han visto obstaculizados por una respuesta todavía menos oportuna. Algunos, incluso, son desestimados por la medicina legal, explicó el abogado Miranda.
“Por ejemplo, si alguien se salvó de morir porque le cayó un proyectil felizmente rozándole el codo, no es feminicidio ni intento de feminicidio, sino que solamente es lesión leve. Entonces, el fiscal muchas veces yerra en la tipificación del delito y generalmente no hay una calificación correcta de la tipicidad, la gravedad y las circunstancias agravantes”.

Vías de denuncia

En Perú, las autoridades habilitaron diversas modalidades de denuncia tras el primer mes de cuarentena. Entre ellas un correo electrónico, teléfonos y WhatsApp, que ya han recibido hasta 5.400 llamadas por violencia contra mujeres, indicó Roberto Miranda.
Para la periodista Angélica Villegas, especializada en el tema de investigación policial y de la violencia contra la mujer, en Perú existe una cultura de denuncia, incluso en comunidades apartadas, lo que se muestra en las 77.802 llamadas a la Línea 100 entre marzo y junio.
De ellas, 60.250 llamadas (77.4%) corresponden a atenciones a mujeres. La Línea 100 atendió 20.218 consultas telefónicas por violencia física en ese periodo, 21.653 por violencia psicológica3.569 por violencia sexual y 207 de violencia económica o patrimonial.
Detrás de cada reporte ─señala─ hay una persona que padece en carne propia este flagelo. Por ello, recalca que los vecinos deben involucrarse al sospechar que alguien está en riesgo, aunque añade que la búsqueda de justicia inmediata “se dificulta cuando el crimen ocurre en zonas alejadas, donde el acceso a la policía y al Ministerio Público se dificulta por la lejanía, y además cuentan con pocos recursos. No podemos dejar atrás el tema de cuando ya está todo listo y hay un fiscal que debe investigar el caso, ahí se encuentran los familiares con otra traba, el tema de la lentitud para investigar”.

Golpes a la cartera

No solo los golpes emocionales y físicos se han hecho presentes en esta contingencia, las autoridades también han recibido denuncias por violencia económica que surgen ante el cierre de negocios y provocan problemas internos porque no hay para la comida o para pagar la escuela.
“Además de agudizarse lo psicológico, otro tipo de violencia que también ha surgido es la violencia económica, habida cuenta que, al no haber ingresos en la familia, se han provocado situaciones de carácter económico, debido a que generalmente es el hombre quien sale a trabajar, pues tiene que seguir produciendo, aunque haya cuarentena al día y la señora es la que recibe el diario para poder mantener a los hijos. Estos problemas se han agudizado en este tiempo”, dijo el abogado.
Esta misma situación ocurre con quienes tienen una obligación judicial de pagar pensiones alimentarias, pues con la pérdida de empleos el dinero no llega a las familias, no hay manera de reportarlo ante los empleadores y de hacer válida esta obligación.
“Ahí se produce un problema de carácter económico que desplaza al aspecto psicológico, al insulto, a las amenazas y a otro tipo de conflictos emocionales que se tienen en casa”, estima Roberto Miranda.

Vidas truncadas

A pesar del arraigado machismo, cada vez son más frecuentes los vecinos y familiares que reconocen su corresponsabilidad en el tema de violencia contra mujeres y llaman a la policía cuando sospechan que la vida de alguien puede correr peligro, apunta Talentino, directora del Programa AURORA.
Finalmente, los actos de violencia contra las mujeres tienen repercusiones en el corto, mediano y largo plazo con problemas que se mantienen e incluso se agravan en el primer círculo social que es la familia y se trasladan al colectivo.
 “Los niños y niñas que viven como testigos de la violencia que sufre la madre no son víctima indirecta, son víctimas directas porque están experimentando en carne propia el miedo, el temor, el pánico, el dolor de ver que los seres que se debían querer, amar, proteger y cuidarlos, experimentan esas situaciones de violencia”, comenta.
A su parecer, cuando una mujer es violentada o asesinada pierde todo el país: representa un costo económico, un proyecto de vida trunco y una familia afectada.
Los golpes, las amenazas y las vidas coartadas silencian miles de voces todos los días en un país que apenas ha comenzado a mirar, a preocuparse, a involucrarse. Con autoridades ocupadas en atender la otra pandemia, son esos aliados entre vecinos, amigos y familia que hacen un cambio radical en la vida de mujeres, sus hijos e hijas.
Para Villegas, periodista de investigación policial, cambiar esa mentalidad que busca justificar lo injustificable es indispensable para que las mujeres sumen a construir un mundo mejor.
“Dejemos de decir que fue porque tenía una minifalda, porque estaba tomando y porque entró a un local y por eso la mataron. Aquí el delito no lo comete la mujer, lo comete el hombre que la asesina o que la agrede”, concluye.

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