Panamá: La cuarentena encerró a la violencia, pero no la contuvo

Las llamadas para denunciar casos de violencia contra la mujer se incrementaron en 811%. Los datos contrastan con las cifras oficiales del Ministerio Público. Las medidas que se tomaron dieron paso a un terreno fértil para la violencia. “En las estrategias que se marcaron desde el principio, en ningún momento se hablaba de la violencia contra la mujer, ni de la violencia doméstica ni de la violencia sexual”

Texto: Óscar Sulbarán
Ilustración: Johnny Lain/ Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba/ Denisse Martínez




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Las llamadas para denunciar casos de violencia contra la mujer se incrementaron en 811% poco después del inicio de la cuarentena, según estimaciones del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG). La cifra es una variación del mes abril de 2019 con relación al mismo periodo de 2020; corresponde al servicio de atención telefónica del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). De 46 llamadas que se realizaron a la línea telefónica se incrementaron a 419.
Los datos contrastan con las cifras oficiales del Ministerio Público, que registró una disminución en el número de denuncias en el mes de abril. “Eso nos dice que la violencia doméstica no estaba disminuyendo, sino que necesitamos más canales para que las mujeres puedan hacer sus denuncias”, comentó Jennifer Delgado, encargada de la Dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo.
De las denuncias que recibe el Ministerio Público (MP) por violencia doméstica, 79% de las víctimas son mujeres, según informó Katya Meléndez, quien hasta el mes de mayo ocupaba el cargo de fiscal Superior de Familia.
Son las estadísticas del MP la única referencia para medir el nivel de la violencia de género en el país, pero no brindan un panorama completo sobre su comportamiento. Panamá arrastra una deuda importante en el tema. El último estudio que se realizó sobre la situación de las mujeres en la nación canalera (2014-2016) advertía sobre la ausencia de un sistema estadístico centralizado y agrupado por sexo. La llegada de la pandemia dejó abierto el camino de las interpretaciones frente a una data pública que muestra la cantidad de denuncias de violencia doméstica y delitos sexuales sin establecer variables importantes como sexo y edad de las víctimas.
Basados en el Código Penal de Panamá, las estadísticas reflejan tres tipos de agresiones relacionadas con la mujer: violencia doméstica, delitos sexuales y femicidio.
En cuanto al tema de violencia doméstica, que es la guía principal de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales para medir el nivel de agresión contra las féminas, en 2019 se reportaron, durante los primeros seis meses del año, 8.630 denuncias mientras que, en 2020, 7.119. En 2019 la media de denuncias mensuales hasta mayo fue de 1.438, mientras, en 2020, exceptuando abril cuando se registraron apenas 532 denuncias, la media de casos reportados fue de 1.317.
“Esto representa una cifra muy alta, significa que existen datos ocultos como siempre lo hemos sabido, pues la cifra que se recibe se debe quintuplicar, incluso, porque no todas se atreven a llamar. Las denuncias que están surgiendo es porque, pese a que la mujer está escondida, se decidió a hablar”. explicó Gladys Miller Ramírez, investigadora y presidenta del Centro de Estudios de Capacitación Familiar (Cefa).
La trabajadora social, investigadora y miembro de un grupo organizado de mujeres en Panamá, Siria Martínez, también cree que se exacerbó la violencia en el periodo de cuarentena y prácticamente el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) tuvo que asumir ese impacto, sin más apoyo. “No le puedo decir que el gobierno esté inactivo, sino que frente a la situación que tiene el país han tenido que priorizar estos asuntos de COVID-19”.
Las cifras de notable incremento son las de femicidio. En todo el año 2019 se registraron 21 casos, mientras que hasta junio de 2020 había 17 víctimas. “Las mujeres son víctimas a pesar de tener medidas de protección, tenemos que revisar que se está haciendo de forma insuficiente”, agrega Jennifer Delgado.
La funcionaria hace referencia a que, a pesar de que las mujeres interponen las denuncias, terminan siendo víctimas de este delito.

Decisiones que vulneran

Dos semanas antes de que se decretara las medidas de aislamiento obligatorio, se había detectado el primer caso de COVID-19 en suelo canalero. La receta externa del confinamiento era inminente. El pronunciamiento del presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, durante la tarde del 24 de marzo confirmó lo esperado. El país comenzaba a restringir la circulación de ciudadanos. Una persona tendría solo dos horas al día para realizar compras o cumplir con alguna diligencia administrativa.
Toda la atención, por esos días, se concentraba en los anuncios vespertinos del Ministerio de Salud, que se transmitían en cadena nacional. Los medios tradicionales y digitales apuntaban a las informaciones de nuevos casos y nuevas medidas. El 1 de abril de 2020, la cuarentena fue más restrictiva. Ya no solo eran dos horas diarias para la circulación de personas. Desde ese instante las mujeres solo tenían la posibilidad de salir lunes, miércoles y viernes; los hombres: martes, jueves y sábado. Se impuso una nueva limitación por género. Las prioridades de las autoridades panameñas comenzaron a girar en torno al novedoso virus.
Para la abogada Joyce Araujo, experta en casos de violencia contra la mujer, las medidas que se tomaron dieron paso a un terreno fértil para la violencia, “primero, el miedo de salir a contagiarse con toda esta estrategia gubernamental de que el virus era una guerra, muchas mujeres prefirieron quedarse en esos espacios de violencia y por otro lado la incertidumbre de adónde ir, o si había algún lugar abierto para poner denuncias, cuáles eran los horarios o que te detuviera la policía y no creyera que ibas a presentar una denuncia”.
La cuarentena trajo consigo consecuencias inmediatas en las mujeres. “El confinamiento en general es difícil para todo el mundo porque no estamos acostumbrados a estar en nuestras casas de manera obligatoria. El contexto varía para cada persona, para cada mujer, incluso niñas y adolescentes que permanecen en sus hogares y son víctimas de acoso sexual, de violencia sexual”, dijo Araujo.
Otro factor que vulnera a las mujeres es el de los hogares monoparentales (compuesta por un solo progenitor como papá o mamá y uno o varios hijos), según el informe “COVID-19 en la vida de las mujeres” de la Organización de Estados Americanos. El documento expresa que en las últimas dos décadas se han incrementado los hogares monoparentales. El estudio señala que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 78.4% de esos hogares tiene como única responsable a una mujer.

Funcionarios revictimizaron a mujeres

La revictimización es una situación que puede encerrar a las mujeres en un laberinto de violencia. Es la percepción que tiene la abogada Suky Yard, quien trabaja en casos de violencia contra la mujer, además cree que la pandemia dejó al descubierto otro problema que afecta directamente al sistema de justicia: la falta de personal. Los procesos judiciales pueden ser más lentos y, además, sin el trabajo personalizado que requiere la atención a las víctimas bajo el enfoque de género.
Yard agrega que hay casos de revictimización en los que sugieren a las mujeres, que van sin compañía de un abogado, desistir de la denuncia porque introducirla tendría efectos indeseables.
“El 4 de marzo, en la Sección de Atención Primaria de Panamá Oeste le ocurrió a una de las mujeres que represento. Tuve que ir al lugar y la actitud del funcionario cambió totalmente con mi presencia”.
La abogada Joyce Araujo también denunció una situación similar que ocurrió a finales del mes de mayo en la Sección de Atención Primaria en el Distrito de San Miguelito, en la región capital.
“Yo atendí a una señora que le dijeron que no le podían tomar la denuncia porque eso no era violencia doméstica, yo insistí (por teléfono), al final le tomaron la denuncia y le expidieron su medida de protección. La víctima tiene el derecho de llegar y que se le escuche, sin ningún tipo de cuestionamiento y lamentablemente a veces el cuestionamiento se da y la víctima se retira”.
La fiscal Meléndez destacó que se realizan capacitaciones al personal del Ministerio Público encargado de las denuncias de violencia contra la mujer. En caso de que alguna de las víctimas no reciba una adecuada atención, expresó que Panamá cuenta con el Centro de Atención Ciudadana 311, que recibe quejas, denuncias e incluso sugerencias. Asimismo, informó que dentro del Ministerio Público existe una Secretaría de Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia.

Llamados a considerar la equidad de género

Con el inicio de las medidas de confinamiento, la Defensoría del Pueblo de Panamá instó al Estado a fortalecer la prevención, atención y sanción sobre los hechos vinculados en la violencia contra la mujer. También hubo un llamado de atención de diversas organizaciones a favor de la igualdad de género, en el mes de abril.
“En las estrategias que se marcaron desde el principio, en ningún momento se hablaba de la violencia contra la mujer, ni de la violencia doméstica ni de la violencia sexual. Lo que se logró fue a petición del movimiento de mujeres, de las personas que defienden los derechos humanos, quienes ayudaron un poco a hacer presión para que las autoridades abrieran también información acerca de dónde acudir y qué hacer. Fue una de las últimas cosas que se pensó, porque no se consideró la equidad de género en el combate del COVID-19”, resaltó la jurista Joyce Araujo.
Según la fiscal Katya Meléndez, el trabajo desde el Ministerio Público nunca paralizó actividades y la recepción de denuncias fue permanente, 24 horas, todos los días, durante la cuarentena.
“Lo que hicimos fue facilitarle a la víctima, a través de nuestras redes sociales, nuestras líneas telefónicas para que pudieran comunicarse con nosotros”, adicionalmente se creó el correo electrónico (violenciadomestica@procuraduria.gob.papara información y recepción de denuncias. Lastimosamente, las personas utilizaban ese correo para consultar otras cosas que no tenían relación con nuestra labor”, explicó.
La directora general encargada del Inamu, Adorinda Ortega, dijo que en esa entidad se estableció un plan de contingencia ante la pandemia. La acción incluyó la incorporación de una línea de atención las 24 horas del día con un equipo multidisciplinario dedicado a la atención de las víctimas. Según el Inamu, los planes se divulgaron a través de medios de comunicación y redes sociales.
La realidad es que existen campañas para promover las denuncias por violencia contra la mujer con mayor difusión en las redes sociales. Sin embargo, las ONG destacan la importancia de pensar en aquellos sectores de la población que carecen de acceso al servicio de internet.
 “La gente cree que todas las mujeres tienen acceso a las redes. Puede ser que muchas tengan celular, pero a veces la mujer no está conectada a internet. Esas limitaciones de acceso a la tecnología agravan más esta situación”, expresó la investigadora Miller Ramírez.
Según un reporte de la firma Tendencias Digitales, Panamá es el segundo país de la región con mayor penetración de internet. En 2019, 70 % de la población tenía acceso al servicio.
Cabe destacar que durante el confinamiento el Ministerio de Salud (Minsa) puso a disposición de los ciudadanos, en general, un sistema de comunicación (a través de un número de WhatsApp y una línea telefónica) para asistencias y consultas de personas que tuvieran algún grado de afectación psicológica como consecuencia de la emergencia por la COVID-19.
Adicionalmente, hubo un esfuerzo interinstitucional para divulgar a través de mensajes de texto, en los teléfonos celulares, los canales de comunicación de diversas instituciones del Estado para la recepción de denuncias de violencia. La campaña “no estás sola” envío mensajes a 1.5 millones de usuarios de las operadoras telefónicas, en todo el país.

Salud mental también debe ser prioridad

La salud mental es uno de los aspectos más afectados cuando una mujer comienza a ser víctima de la violencia y puede incrementarse cuando decide dar el paso de la denuncia. La trabajadora social Siria Martínez considera que en algunas situaciones los propios familiares cuestionan que una mujer acuda a la justicia y minimizan el riesgo de violencia.
Edgar Aguilar, quien durante 14 años trabajó como psicólogo en el programa de violencia doméstica del Minsa, considera fundamental atender la salud mental en ese proceso de cuarentena actual. Cree que debería ser una atención constante y no solo para los informes que requiere el Ministerio Público.
“A muy pocas mujeres les mandan a hacer esa evaluación psicológica y muchas veces a las que se las manda no van por miedo o por compromisos de trabajo, o por el cuidado de los hijos”, apuntó.
El mayor esfuerzo de orientación psicológica por parte del Estado se concentra en las personas acusadas de ejercer violencia sobre las mujeres y a pesar de eso con algunas deficiencias, señaló el especialista. Durante su tiempo de trabajo en el Minsa, Aguilar cubría, junto a otro especialista, una región con una población cercana al medio millón de habitantes. Su programa estaba dirigido a rehabilitar personas en un periodo de seis meses, que considera insuficiente.

Orientación y cuidado

Dentro del plan de contingencia por la emergencia decretada ante la pandemia, el Inamu redujo el horario de atención para quienes acudían a los Centros de Atención Integral (Cinamu). El país cuenta con 14 de estos espacios que brindan apoyo y asesoría en el aspecto legal, de trabajo social y psicológico a las víctimas. Los Cinamu reprogramaron la asistencia a víctimas registradas en sus sedes y continuaron con la atención de nuevos casos en forma presencial, pero solo medio día.
En cuanto a los dos albergues que existen en Panamá, y que también están bajo la coordinación del Inamu, mantuvieron las operaciones durante el confinamiento. Estos lugares de corta estancia recibieron mujeres, aunque en menor cantidad que periodos anteriores. Por ejemplo, el ingreso de personas en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo fue de 17, 11, 6, 1 y 1 respectivamente.
En el último censo que realizó Panamá en el año 2010, la población femenina representaba 49.7%. Además, del aspecto demográfico, hay un desbalance de tipo social en el istmo que por consecuencia afecta a las mujeres. Se trata de una desigualdad que no se acostumbra a expresar en clases sociales, sino como un país dividido en cinco partes: el moderno, el de barrios, el de clase media, el rural y el de las comarcas. Es la realidad social que acentúa aún más las diferencias dentro del país y en detrimento de la equidad de género y que en cuarentena se intensificó.


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