Nicaragua: Feminicidios incrementan en medio de cuarentena

Nicaragua es el único país de América Latina que se negó a decretar cuarentena frente a la pandemia del COVID-19, y en cambio se propiciaron aglomeraciones masivas en medio de una crisis sociopolítica que, aunado a la emergencia sanitaria, provocó un incremento de la violencia contra las mujeres. Mayo, según las organizaciones defensoras, registró un repunte de femicidios incluso mayor a los registrados en 2019, durante el mismo periodo. Hasta el 30 de junio de 2020, 35 mujeres han muerto por la violencia machista en la nación. 

Texto: Cinthya García/Maryórit Guevara
Ilustración: Grecia Nexans
Infografía: Yordán Somarriba/Fátima Cruz
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El 18 de marzo de 2020 se oficializó en Nicaragua el primer caso de coronavirus, cuatro días después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenara a trabajadores del Estado y convocara a su militancia a salir a las calles de la capital, Managua, para marchar por el “Amor en tiempos de COVID-19".
El hecho fue condenado por el gremio médico que lo calificó de “imprudente”, frente a un mundo que se confinaba para frenar los contagios del nuevo coronavirus. Esta fue la primera de una serie de acciones en la que el Estado de Nicaragua actuó de forma “negligente” frente a la pandemia, según la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), quien ha denunciado un “genocidio viral” por la crisis sanitaria y la forma en la que se ha tratado la emergencia mundial del coronavirus en la nación centroamericana.
Tres meses y medio después de confirmado el primer infectado, Nicaragua registra 3.147 casos confirmados y 99 muertes relacionadas al COVID-19, según el Ministerio de Salud (Minsa). Las cifras han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos que señalan un “maquillar las estadísticas” y “ocultar información”. El manejo no es nuevo, las organizaciones de mujeres también lo han señalado con respecto a los datos relacionados con la violencia machista.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir, la única ONG en Nicaragua que durante más de 10 años mantiene un monitoreo sobre violencia machista, contabilizó hasta junio de 2020 un total de 35 femicidios. Dos más que en 2019, lo que convierte a mayo en el mes con más casos, once en total, de mujeres víctimas de violencia machista registrados en Nicaragua.
Martha Flores, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, considera que las mujeres en Nicaragua están sobreviviendo a más de una pandemia: “la violencia machista, el COVID-19 y la crisis sociopolítica, y todo ante un Estado machista, que viola derechos y que es absolutamente responsable de los asesinatos de mujeres que todavía siguen impunes”, dijo.
Pese a que en Nicaragua las autoridades nunca decretaron cuarentena, la sociedad civil convocó a un autoconfinamiento para evitar el contagio que se propagó en el mundo, pero paradójicamente el sitio que las protege de la pandemia colocó en riesgo sus vidas ante sus agresores.
“Las mujeres están en sus casas, que se ha convertido en el lugar más inseguro, incluyendo a muchas niñas y adolescentes que quedaron bajo el control de potenciales agresores”, afirmó una activista de la Red de Mujeres contra la violencia que evita ofrecer su identidad ante la persecución de la que son víctimas defensoras de derechos humanos en el país centroamericano, frente a la crítica que han dado a las políticas de Ortega y Murillo en materia de derechos humanos. En especial, desde 2018, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo señaló de cometer crímenes de “lesa humanidad” en contra de la población. Y en su caso, por las denuncias hechas sobre el estado de indefensión que viven las mujeres en el país.
Otra de sus compañeras, quien también ofrece estas declaraciones de forma anónima, agregó que en medio de la pandemia “las mujeres están padeciendo violencia de diferentes formas. Una de ellas es la económica, ya que, en varios casos, los hombres se valen de la emergencia y les dicen que no pueden pagar la pensión alimenticia”.
La integrante de la red también explica, de manera anónima, que antes de la crisis se recibían al mes cerca de diez consultas de mujeres víctimas de violencia, a través de sus redes sociales, pero con la pandemia de COVID-19, los casos se han cuadruplicado y ahora reciben hasta cuarenta. “Un crecimiento que demuestra que las mujeres padecen su propia pandemia. Lo presencial era eficaz para atender a las mujeres, pero ahora es más difícil la atención”, reflexionó.
Las activistas insisten en que “no hay confianza en el Estado”, por ello la apertura de las Comisarías de la Mujer, primera instancia pública de atención a la denuncia de las mujeres víctimas de violencia, “no representan un impacto en la impunidad y los casos de femicidio en Nicaragua”
Las Comisarías de la Mujer se instalaron en 1993; en 2012 con la aprobación de la Ley 779 – Ley Integral Contras la Violencia a las Mujeres, se reconocieron, junto a los Juzgados de Violencia, bajo un modelo integral de atención con enfoque de género, pero en 2015 Ortega las desarticuló. Ahora, en 2020, ha anunciado la reapertura.
“En primera instancia, ni siquiera podríamos afirmar que es cierta la apertura de estas Comisarías porque lo que nos dicen las mujeres es que van a la Policía Sandinista y les dicen que no las pueden atender, que no hay personal lo que deja a las mujeres en total indefensión”, denunció María Teresa Blandón, integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, y una voz autorizada para hablar del tema en Nicaragua, tras años de lucha por reivindicar los derechos de las mujeres, y haber sido promotora de la Ley 779 – Ley Integral Contra la Violencia a las Mujeres en 2012.
“El tema es que no hay ninguna acción del Estado para proteger a esas mujeres, que antes, durante y después de la pandemia han estado conviviendo con sus agresores”, dijo Blandón, quien cuestiona la ausencia de una estrategia estatal preventiva de la violencia, “el discurso fundamentalista” que ubica a la familia por encima de la vida de las mujeres y el uso de la violencia estatal, la persecución y represión contra cualquier voz disidente en Nicaragua.

La impunidad como norma

La reciente liberación de más de 500 reos comunes condenados por los delitos de violencia sexual y femicidio, tras ser beneficiados con indultos de parte del Estado durante 2020, ha significado también un nuevo golpe para las víctimas y familiares en búsqueda de justicia. ONG defensoras de los derechos de la mujer en el país coinciden en que la decisión representa un retroceso en los derechos de las mujeres y la capacidad de obtener justicia. Recuerdan que el Ejecutivo ha sido denunciado, en reiteradas ocasiones, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) por violación a los derechos fundamentales-
“Es una situación de desprotección de las mujeres y de impunidad, porque muchos de los agresores están libres”, cuestionó Blandón. La impunidad en los casos de femicidio afecta de manera recurrente a las víctimas. En 2020, por ejemplo, de los 35 casos registrados por Católicas por el Derecho a Decidir, apenas 15 han sido judicializados, mientras los 20 restantes aún no tienen detenidos ni procesados.

La figura del femicidio

Las defensoras de derechos humanos también resaltan el decreto que el Estado emitió en 2014 con el que se “desnaturalizó” la Ley 779 – Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres al desconocer la violencia en el ámbito público y limitarla al privado, por lo que las cifras anuales de las organizaciones de mujeres varían notablemente con las documentadas por la Policía Sandinista.
En febrero de 2017, Vilma Trujillo, de 25 años, fue quemada en una hoguera con el objetivo de “sacarle los demonios”, según orientó el pastor evangélico Juan Rocha, quien purga una pena de 30 años de prisión, junto a un grupo de pobladores de la comunidad El Cortezal, en el Caribe Norte de Nicaragua, quienes presenciaron y colaboraron en el hecho.
El caso se tipificó, por el Ministerio Público, como asesinato atroz bajo reclamo y denuncia de las organizaciones de mujeres, quienes sostienen se trató de un femicidio producto de “la misoginia, de un Estado ausente, de la violencia machista y el fanatismo religioso”.
Desde 2014, las estadísticas de la Policía Sandinista registran un considerable descenso en la recurrencia del femicidio en Nicaragua, en contraste con los datos de las organizaciones de mujeres, en las que las cifras se triplican, pero, además, en las que contabilizan, durante la última década, 679 mujeres víctimas de este delito. Un promedio entre 50-70 anualmente.

Desprotegidas y sin justicia

El balance que hacen activistas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acerca de la situación de violencia en el país evidencia un panorama de absoluta impunidad para las víctimas de la violencia machista en Nicaragua, que en tiempos de confinamiento intensificó la falta de medidas para atender a quienes quedaron a merced de su agresor.
No contamos con Comisaría de las Mujeres, tampoco con juzgados que se adapten a las necesidades de las mujeres, particularmente, para quienes viven en las zonas rurales o comunidades indígenas. El Estado no ha dispuesto de albergues para mujeres que están en situación de alto riesgo. Tampoco contamos con políticas de prevención; ni de atención de emergencia a las mujeres; ni de reparación a las que son víctimas de violencia. No tenemos datos oficiales confiables y tampoco tenemos una política de atención a los hijos, hijas de las mujeres que han sido víctimas de femicidio”, resumió Blandón.
En 2007, cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo retornaron al poder, hace 13 años, asumieron en su discurso “una política de género y de restitución de derechos” que ha sido cuestionada ante los resultados que, en la práctica, se comprueba con las víctimas, pero que el Estado ha defendido con la incursión entre los 10 países mejores para ser mujer, según el Fondo Económico Mundial donde Nicaragua aparece en quinto lugar después de Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia.
“En Nicaragua no podríamos decir que hay avances, en realidad, tendríamos que decir que los relativos avances que se lograron antes de 2007 se han venido debilitando”, indicó Blandón.
Como integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, explicó que el modelo de atención integral a la violencia de género que se puso en marcha en los gobiernos anteriores a Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha “desarticulado de  manera total” hasta casi eliminarlo.
“Lo que hay en la actualidad es una enorme deuda del Estado de Nicaragua con las mujeres que son víctimas de esta pandemia por la violencia machista y, en especial, con los niños que han quedado en orfandad”, agregó la activista.

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