Honduras: Contraste entre el aumento de violencia y la reducción de penas

En medio de una controversia por la promulgación de un nuevo Código Penal para Honduras que reduce penas para delitos contra mujeres, el Servicio Nacional de Emergencias registró, cada cuatro minutos, una denuncia de violencia durante la pandemia de COVID-19

Texto: Omaira Urgelle/Maryórit Guevara/Zurya Escamilla
Ilustración: Pierre Daboin/ Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba/ Denisse Martínez


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Pasadas las 4:00 am del 11 de marzo de 2020, Honduras enfrentaba con estupefacción la llegada del coronavirus. El gobierno nacional confirmaba oficialmente la presencia de dos casos positivos de COVID-19 y cuatro días más tarde se decretaría una cuarentena que se extremó con la aplicación de un toque de queda, el 22 de marzo.
La llegada de la pandemia trajo consigo el colapso del sistema sanitario, desempleo, precariedad y también violencia en los hogares de un país donde, según el Banco Mundial, 48.3% de los más de 9.2 millones de hondureños vive bajo el umbral de la pobreza y el 22.9% en pobreza extrema.
En Honduras, las mujeres representan 54% de la población, la mayoría de ellas fungen como jefas de hogar, sobre todo ante el aumento de la migración. Por ello, el país pierde cuando una de ellas muere y también lo hacen las familias en su amplia diversidad “porque son las mujeres quienes garantizan su estabilidad”, consideró Helen Ocampo, investigadora del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM).
El permanecer en casa, medida por excelencia recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la curva de contagios, hizo evidente una deuda histórica del Estado hondureño, agrega la investigadora; razón por la que difícilmente esperan que las medidas de la “normalidad” funcionen durante la contingencia. 
Para el CDM, una de las violencias más recurrentes en contra de mujeres y de la población en general es la inseguridad alimentaria, debido a que una gran parte de los hondureños viven del comercio informal que está suspendido por las medidas sanitarias.
El papel que juegan las mujeres ante esta precariedad económica y alimentaria se ha reflejado en que 18% de la población enferma de COVID-19 esté conformado por amas de casa, y, en menor número, por enfermeras. “Este papel de las cuidadoras de otros ha expuesto mucho más a las mujeres a hacer víctimas al virus”, dijo la investigadora.

El país centroamericano con más femicidios

En Honduras, la situación de violencia contra la mujer ya era grave antes de la pandemia: 2019 cerró con 390 femicidios, según organizaciones de mujeres, y con 24 más para enero de 2020.
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), asegura que este es el país centroamericano con mayor incidencia de femicidios, 60% de los cuales son atribuidos al cónyuge.
De acuerdo con Ayestas, “la pandemia solo está perpetuando la violencia contra la mujer, pues las medidas de confinamiento las obligan a permanecer en sus hogares con el agresor”. 
La organización señala que, hasta 11 de junio, se registraron 123 muertes violentas de mujeres, de las cuales 58 se dieron solo durante la emergencia mundial. Tegucigalpa, la capital del país, concentra el mayor número de casos (24), seguido por los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro.
Por otra parte, la organización gubernamental Ciudad Mujer indica que, hasta el 30 de abril, brindaron atención a 818.575 requerimientos en sus cinco centros. Además, hubo un incremento en las denuncias al 911 del Sistema Nacional de Emergencias, que durante el mes de marzo atendió 12 denuncias cada hora, cifra que se incrementó a 13 en abril y 14 en mayo.
Entre marzo y hasta el 25 de mayo, la línea de emergencia del 911 contabilizó 24.746 denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar, 249 por violencia de género, 172 de acoso sexual y 122 tentativas de violación. Cabe destacar que esta instancia no clasifica por sexo los datos, por lo que se desconoce con precisión cuántas mujeres fueron efectivamente afectadas por estos hechos.
Hay que agregar que el registro de llamadas también permite observar las fallas registradas en la respuesta de la policía: 16% de las llamadas se duplicaron porque hubo una atención tardía o nunca llegó y la víctima o los vecinos denunciaron más de una vez, según datos preliminares de CDM.

Expuestas a la violencia sexual

En lo que respecta a los delitos de violación, el monitoreo de medios que realiza CDM indica que hubo siete casos en abril y seis en mayo, cifras que representan 30% (aproximadamente) de los casos reales. Desde marzo y hasta el 25 de mayo, el 911 registró 120 denuncias por este delito.
Pero también hay otras formas de vulnerabilidad sexual. De acuerdo con una encuesta aplicada por CDM a 11 oficinas departamentales del país, dos de ellas sufren la falta de métodos anticonceptivos para proveer. Asimismo, ninguna tiene anticonceptivos orales ni implantes, tres manifestaron carecer de preservativos y otras seis solo tienen capacidad para abastecer por un mes.
Esta situación también preocupa a la organización que representa Helen Ocampo, porque Honduras es un país donde está prohibido el anticonceptivo de emergencia y el aborto está penado en todas sus causales. Por ello, la ONG cree que habrá un incremento en los abortos inseguros, embarazos no deseados y transmisión de enfermedades por contacto sexual durante la pandemia.
En el contexto digital, la violencia también se ha mantenido, especialmente el acoso sexual a mujeres a través de redes sociales, o bien manifestado en ofertas de explotación sexual a menores de edad.

Impunidad y penas

En ninguno de los casos de violencia hay garantía de un proceso judicial, pues a pesar de que la ley prohíbe la conciliación en temas de violencia contra mujeres, datos de las ONG defensoras de los derechos de las mujeres en Honduras han detectado que funcionarios, en al menos dos puestos de policía en Tegucigalpa y en un grupo de Oficinas Municipales de las Mujeres en el interior del país, están promoviendo estos acuerdos entre las víctimas y sus agresores.
“Ya romper el miedo de la violencia y hablar es un reto. Por eso, llegar a una instancia gubernamental que responde de esta manera no sólo aumenta el miedo, sino que garantiza que no va a haber justicia y que las mujeres y niñas van a seguir sufriendo violencia”, cuestionó Ocampo.
Además, basta con que la víctima manifieste temor y evite denunciar para que se suspenda la intervención policiaca, un hecho criticado por las ONG en Honduras.
“Lo que debería suceder, si queremos proteger a las víctimas, es que deberían juzgarse los sucesos de violencia cada vez que se presenten, porque se atendería en flagrancia para sentar un precedente”, añadió.
Para Ayestas, por su parte, es preocupante que solo 3.2%  de los casos se atiendan por la vía judicial en un país donde el ONV indica que cada 23 horas hay un femicidio, una cifra que “se mantiene” aun en la pandemia.
Pese a este escenario, las recientes reformas al Código Penal para reducir las penas de algunos delitos como el femicidio y violencia doméstica mantienen encendido el debate en la opinión pública. La situación alarma a las organizaciones que ven con preocupación que muchas veces las penas se limitan a “semanas de trabajo comunitario”.
“No queremos estar encarcelando gente porque asesinen a mujeres, queremos mujeres vivas. Eso sí implicaría justicia social, que el número de femicidios por año disminuya”, comentó la investigadora de CDM.
Por ello, la sociedad civil se manifestó y logró que hasta el 25 de junio se suspendiera la entrada en vigor de la reforma, pero esto no pudo aplazarse más y la sociedad civil insiste en que este nuevo Código Penal significa un retroceso en materia de derechos humanos y de lucha contra la violencia machista, que se ha recrudecido con la pandemia del coronavirus.
Helena Ocampo reconoce que desde 1997 hay una Ley contra la Violencia Doméstica que desde el año 2003 tipificó el femicidio como delito. Honduras cuenta también con una Ley contra la trata de personas que reconoce como delito los embarazos forzosos; sin embargo, destaca que, si no hay voluntad de las instituciones, todo queda en papel.

Un sistema que se niega a apoyar a las víctimas

La abogada María Ester Escalante, quien funge como educadora en el CDM, explica que la realidad legal en Honduras es un enorme desafío frente a la violencia contra las mujeres, ante un sistema que retarda las medidas de protección de la víctima hasta la primera audiencia, desprotección que ya ha costado algunas vidas.
A menudo, tampoco resulta efectiva la formalización de medidas cuando un juez las ratifica, con el fin de lograr tanto la reeducación del agresor como el fortalecimiento de la víctima en su autoestima. En el primer caso, hay agresores que pagan a los servidores de las Consejerías de Salud para que les extiendan una constancia y dejen de acudir a las sesiones; mientras que algunas iglesias asumen la tarea de trabajar con la víctima en comunidades retiradas y su abordaje tiende a normalizar la violencia.
Asimismo, fallan las medidas cautelares que buscan asegurar los alimentos para los hijos e hijas y garantizar tanto su seguridad como la de su madre porque “no hay un mecanismo efectivo que pueda dar seguimiento”.
Hay muchos casos donde el agresor incumple porque la ley no es punitiva y se queda solamente en una sanción social, “pero la responsabilidad de poner en conocimiento que el hombre incumplió con las medidas de seguridad recae sobre la mujer. Esos son grandes desafíos que están ahí, que no hemos podido encontrar la forma en que se vayan solventando”, explicó Escalante.
En este caso, la abogada destaca que la irresponsabilidad paterna en Honduras es muy grave y se manifiesta desde casos en los que algunos hombres se niegan a reconocer a los hijos hasta situaciones de abuso sexual.
La abogada relata que durante la cuarentena las mujeres han seguido sometidas a la violencia y obligadas por la situación de emergencia nacional a convivir con sus agresores, teniendo casi nula posibilidad de llamar al 911 en demanda de auxilio.
Y, “cuando logran la comunicación con la autoridad pertinente, la respuesta es muy limitada. Simplemente se queda en una llamada, sin seguimiento de la Policía nacional. Nos encontramos con que solo 3% de las denuncias llegan a los juzgados. El 911 recibe la denuncia y la canaliza, pero la policía no llega”, reclamó ante lo que califica como “negligencia policial”.
En plena pandemia, la situación se agravó con la medida estatal de “suspensión de actividades” en los Juzgados de Paz de 298 municipios, a pesar de ser una de las entidades encargadas de recibir denuncias y establecer medidas de protección en favor de las víctimas.
Este hecho movió al CDM, al Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Women’s Link Worldwide a dirigirle una carta a la Corte Suprema de Justicia para demandar la apertura de los Juzgados de Paz y brindar protección a los derechos de las mujeres y las niñas.
Las ONG señalan que hubo una repuesta positiva, sin embargo, aseguran que fue poca la voluntad estatal para hacerle frente a la violencia en el tiempo de confinamiento.
“Se habilitaron los tribunales, pero nos encontramos con diferentes situaciones que algunos operadores de justicia manifestaron que tenían impedimentos para hacer su trabajo por el coronavirus y su capacidad para dar respuesta a las denuncias, pues alegaban: ‘nos exponemos’; ‘no hay transporte para movilizarnos’; ‘hay toque de queda y no puedo circular’. Entonces vemos cómo siguen aumentado la cantidad de obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a la justicia, que es una responsabilidad estatal”, reclamó Escalante.
Ante esta deuda latente, las organizaciones de la sociedad civil han tenido que suplir el papel del Estado en frentes como el resguardo de mujeres que deben salir de su hogar para huir de su victimario, acompañadas de hijas e hijos. En este caso, la solidaridad comunitaria ha sido fundamental para hacer acopio de alimentos y enseres que requieren los refugios.
Sobre ello, la abogada Escalante refiere que el Estado envía un mensaje negativo para la sociedad con sus acciones y omisiones, ya que hacer ver “que la violencia contra las mujeres no es importante, o bien que está en vías de desaparecer”.
En particular, considera que se pierde en el tema de respeto a los derechos humanos, puesto que la tolerancia y penas leves que se continúan promoviéndose desde las esferas del poder, apuntó, abre la puerta para que la violencia machista siga matando a las mujeres en todas las formas de violencia posible que ejerce el agresor en Honduras.

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