Honduras: Confinamiento bajo amenaza

En el continuum de la violencia machista las mujeres viven bajo amenaza de muerte de parte de sus agresores que en la mayoría de los casos son su pareja, vecinos y hasta exparejas de otras mujeres

Texto: Omaira Urgelle/Maryórit Guevara/Zurya Escamilla
Ilustración: Pierre Daboin/ Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba/ Denisse Martínez



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En la ruta de los Ayotes

Aquel domingo del mes de abril la vecina de Daniela [*] regresaba de la huerta, tras cortar unos ayotes (calabaza pipiana), cuando los gritos despavoridos de tres niños le hicieron virar la mirada hacia la carretera.

“Un hombre macheteó a mi mamá”, gritaban desesperados, luego de haber corrido por la carretera, ubicada en una comunidad alejada del casco urbano del municipio del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán, en Tegucigalpa, capital del país. Eran las 3:45 de la tarde.

Los niños de ocho, seis, cinco y tres años de edad, aproximadamente, eran seguidos por el llanto de su hermana y los gritos de su madre, quien con la bebé en brazos también corría y pedía auxilio. Ambas se desangraban por las heridas que habían recibido minutos antes a manos de la expareja de una sobrina de Daniela.

A ella le desagradaban los maltratos que el hombre le daba a su sobrina. Y a él, su intervención en la relación de estos. Además, al hombre se le conocía por sus vínculos con el narcotráfico en la zona, lo que había provocado discusiones entre ambos. Cuando su sobrina terminó con él, culpó a Daniela y tomó venganza.

Ese domingo llegó a su casa situada en una zona bastante aislada y montañosa. Aprovechó que Daniela vivía sola y se lanzó con furia contra ella. Brazos y manos resultaron heridos gravemente por el filo del machete. En medio de la desesperación, Daniela, de 28 años y madre de cinco hijos, tomó a su bebé de 11 meses con la esperanza de que el hombre desistiera, pero ni eso fue suficiente. Continúo lanzando el machete y  provocó una herida en forma de L en el rostro de la pequeña entre el pómulo y su ojo izquierdo, también dejó otras heridas en su pequeño cuerpo, así como en el de su madre.

“Gracias a los niños, ella pudo salvar su vida y la de la bebé”, aseguró uno de los vecinos que las socorrió cuando encontró a Daniela y a la niña heridas. La comunidad se conmocionó con el suceso y se organizó para llevarlas al hospital más cercano, pero el vehículo que un vecino prestó para trasladarlas se quedó sin gasolina a medio camino.

Durante el confinamiento ciudadanos en Honduras resultaron afectados por las limitaciones impuestas al acceso de combustible, pues entre las medidas aplicadas por el Gobierno ante la propagación del coronavirus, estuvieron la restricción de la circulación automotriz  en todo el país para reducir las importaciones de gasolina y diésel.

Pasada las 4:00 pm llegaron hasta la estación policial más cercana y fue hasta las 8:00 de la noche que los policías lograron dejarlas en el hospital para que ambas fueran atendidas. Según la Fiscalía, los oficiales habían tardado porque “estaban haciendo el levantamiento” de otro caso.

La agresión que sufrieron Daniela y su hija fue investigada por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, de Tegucigalpa, situada en Francisco Morazán, quien llevó a prisión al agresor por el delito de homicidio en grado de tentativa. En consecuencia, la ley del país no las acoge como víctimas de violencia de género. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en Honduras consideran que lo ocurrido fue una tentativa de femicidio, debido a la relación cercana que había entre el agresor y la familia de ella. Además, creen que si la agresión se hubiera dado entre hombres, es poco probable que la violencia habría tenido un ataque de esa magnitud.

Pese al peligro que representa vivir en el mismo lugar donde fue agredida, Daniela está resignada a quedarse en su casa, junto a sus hijos, pues no tiene posibilidades de emigrar a un sitio más seguro. Por eso prefirió no denunciar, por miedo a que el hombre cumpliera su última advertencia: Si denunciaba mataría a sus hijos. Hoy, la familia recibe terapia emocional por parte de organizaciones, mientras buscan recuperarse de lo vivido.



Cegada por el filo de la espada 

Un mes después de lo sucedido con Daniela y sus hijos, en otro departamento del país, la familia de Susana[*] fue sorprendida con la noticia de su inesperada muerte ocurrida en mayo durante la cuarentena, pero mucho más los impactó la forma en que falleció.  En un tono frío, su esposo de 55 años y dedicado a la agricultura, llamó a todos para comunicarles que Susana se había suicidado.

La prisa por enterrarla causó sospechas desde el principio en sus dolientes y había una razón muy clara: Susana, de 37 años, padeció violencia por parte de su esposo desde hacía varios años. Tanto así que en febrero de 2020 se atrevió a hacer una primera denuncia contra él ante el juzgado de Paz de la comunidad, recordó su hermano.

Las restricciones que impuso la cuarentena y las distancias en las localidades obligaron  a la familia a designar a una persona para que se encargará de los preparativos del entierro, pero sobre todo de indagar sobre la forma en que murió esta madre de tres hijos, de los cuales uno vive en EE.UU y los otros dos son menores de 17 y 13 años, respectivamente.

Uno de sus hermanos, quien vive en el departamento de Intibucá, viajó hasta su casa con la intención de trasladar el cuerpo de su hermana hacia la comunidad donde reside  la madre de ambos. “Cuidado la entierran sin que yo llegue primero, quiero verla”, le dijo al esposo, luego de notar su premura para sepultarla. El esposo de Susana tampoco quería que la vieran los familiares que pudieran estar en el sepelio.

Al llegar al lugar, su hermano quedó impresionado cuando la vio. Susana tenía varias heridas de machete en el cuerpo. Lo curioso es que el esposo nunca llamó a ningún hospital. No obstante, aseguró que la había auxiliado cuando cayó de una pendiente y que pudo bajarla de la montaña con ayuda de un pastor de la comunidad, luego de que ella misma se provocó la herida con el machete en el cuello.

Pero esa es una de las versiones que dio su esposo sobre el presunto suicidio de Susana. En otra, afirmó que los hijos de ambos andaban en la zona y que fueron ellos quienes la auxiliaron cuando se tropezó con el machete que la degolló y le ocasionó diversas heridas.

El presunto suicidio está lleno de otras irregularidades, entre ellas la falta de un dictamen médico que certifique la forma en que murió. Además de carecer de un permiso de la Corporación Municipal y de otras licencias que autorizan sepultarla en la localidad.

“Él nunca pidió auxilio. Simplemente dijo `la encontré y la voy a meter en una caja´. Si algo así le pasa a cualquiera, tú vas de emergencia ante las autoridades sin dudar”, expresó uno de los parientes de la víctima, quien prefirió mantenerse en anonimato.

La incertidumbre de la familia y las diferentes versiones del hecho, según su esposo, hizo que acudiera ante la justicia para pedir que se investigue la muerte de Susana. Ellos no olvidan que él siempre la maltrataba y que había logrado alejarla de ellos, desde que tenía 17 años, cuando comenzó la relación. Desde entonces, había sido ama de casa y ayudaba a su esposo en las labores del campo.

Organizaciones y abogados que los acompañan enviaron nota formal a los fiscales para reforzar la petición en el caso que se encuentra en averiguaciones, en especial porque de acuerdo con testimonios de los familiares, el esposo la había amenazado de muerte en el pasado.

La Fiscalía también notó las inconsistencia en la muerte de Susana, sin embargo, el caso se han visto afectado por la emergencia del Coronavirus, lo que ha llevado a las autoridades a darle prioridad a otros temas, mientras la familia espera justicia. Por los momentos, su muerte es tratada como “sospecha de femicidio por sus familiares” en la Fiscalía del Departamento de La Esperanza.

¿Servir y proteger es solo un slogan?

Unas semanas antes de la muerte de Susana, Luisa[*], de 23 años, intentaba recomponerse del último trago amargo que su expareja le había hecho pasar en la cuarentena. Habían pasado seis meses desde que lo dejó por las innumerables violencias que vivió con él durante los tres años de relación que tuvieron.

Sin embargo, esto no detuvo al padre de la hija de ambos, de un año edad, quien continuamente le enviaba mensajes de textos amenazándola.  “Me las vas a pagar”, le advertía.

A finales del mes de abril y en medio de la pandemia, la comunidad donde vive Luisa, ubicada en las colinas hondureñas, cerró el paso de vehículos y personas ajenas como medida de protección ante la expansión del Coronavirus. Ella se encontraba como voluntaria apoyando en los turnos del retén que controlaba el paso cuando a lo lejos reconoció a su expareja. Sin mediar palabra, el hombre de 36 años, se le vino encima y la golpeó en el rostro enfrente de todos. Nadie intervino. En defensa, ella  tomó una piedra y se defendió. “Suerte tuviste de que apareció alguien porque sino ni te salvas”, le dijo el agresor.

Con la evidencia del maltrato, Luisa acudió a la estación policial más cercana para poner la denuncia. Pero además de los nervios por el episodio que acababa de vivir, quedó sin palabras tras las respuestas de los oficiales. “No podemos atenderla porque usted de todas formas va a volver con su pareja”.

Sintió como la si golpearan de nuevo, pero esta vez quienes tienen como eslogan “Servir y Proteger”. Sintió que la misma autoridad la responsabilizaba de la agresión que le había dado minutos antes su expareja.

Con las contusiones y los dolores sin cesar, se traslado hasta la cabecera departamental para hacer la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). “Acá tomamos su denuncia, pero hay que ver si los fiscales tienen tiempo porque están muy ocupados”, le respondió un policía.

En su peregrinaje por buscar ayuda, angustiada, llegó hasta una ONG y logró que Medicina Forense certificara su condición. Cuando su abogada planteó lo ocurrido ante la Fiscalía especial de la mujer, el funcionario encargado le informó que durante el seguimiento del caso con el fiscal de la zona este le indicó que su agresor alegaba que ella también lo había golpeado. Y aunque lo hizo en defensa propia, “la ley indica que en este caso se debe investigar a los dos, porque el hombre estaba herido”, argumentó la Fiscalía.

El caso fue tratado en la Fiscalía de la ciudad de Danlí, municipio y ciudad del departamento de El Paraíso, en un principio, como un delito de violencia intrafamiliar, en especial ante las pruebas de las amenazas sistemáticas que Luisa había conservado, pero al momento de comparecer en la audiencia el juez le ofreció una medida de conciliación que se incluye en el Código Penal hondureño. Un argumento que sumó apoyos por parte de la defensa pública que representó al agresor, quien la persuadió para que negociara porque si seguía el proceso “lo iba a perjudicar a él y con antecedentes penales no iba a tener trabajo, ¿Cómo podría darle de comer a su hija si lo metían preso?”, le dijeron.

Pero el miedo fue quien mejor influyó en la decisión y, finalmente, aceptó una conciliación que para el agresor implica quedar en libertad con algunas medidas. Es una contradicción legal que a diario enfrentan las víctimas que cuentan con la Ley contra la Violencia Doméstica en Honduras. El instrumento jurídico no permite conciliación alguna en materia de violencia, a diferencia del Código Penal que sí permite un acuerdo entre agresores y víctimas.

Luisa logró mudarse de su anterior residencia. Ahora recibe atención psicológica de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en el país, quienes la ayudan a reconstruir su vida.

*Los nombres utilizados en los testimonios son seudónimos que se usaron para resguardar la identidad de la víctima


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