Guatemala: Niñas y mujeres indígenas entre las más desantendidas durante el confinamiento

En Guatemala, el Ministerio Público recibe cerca de 150 denuncias al día por delitos de violencia contra las mujeres; juzgados atienden por turnos o en horarios reducidos, mientras albergues para la atención de víctimas prestan servicios en su mínima capacidad

Texto: Silvia Trujillo
Ilustración: Johnny Lain | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Hernández


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Las distintas expresiones de violencia contra las mujeres en Guatemala constituyen los delitos más denunciados en el Ministerio Público del país, y aunque se carece de un dato unificado que procese los registros de este tipo de violencia en las distintas entidades del sistema de seguridad y justicia, las estadísticas del organismo son las que permiten un acercamiento bastante certero.
Entre 2014 y 2019 se recibieron 402.941 denuncias por algunas de las formas de violencia contempladas en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (física, psicológica, sexual y económica). En los mismos años, el Observatorio del Grupo Guatemalteco de Mujeres registró, con base en los datos que arroja el reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), 4.206 muertes violentas de mujeres. 

Crímenes en confinamiento

La violencia contra las mujeres sigue arrojando datos desalentadores en Guatemala. La información del Ministerio Público evidencia que desde el 1 de enero al 18 de mayo se produjeron 165 homicidios (dar muerte a una persona por cualquier medio) y 53 asesinatos (homicidio agravado o calificado) contra mujeres, así como 75 femicidios, de los cuales 29 se cometieron en el contexto de la emergencia por el COVID-19. Sumados a otros delitos cometidos contra ellas (lesiones, agresiones, secuestros y atentados) se contabilizan 3906 actos violentos en su contra.
Con respecto a las muertes violentas, el Observatorio Regional de la Violencia de Diálogos, una organización de la sociedad civil que analiza los datos diarios del INACIF, determinó que hasta finales de abril, cumplidos los primeros cien días del gobierno actual, la violencia homicida (sin desagregar el dato por sexo), había disminuido 43%.
Sin embargo, esta reducción fue insuficiente para detener el horror sobre las víctimas de violencia, en especial niñas y adolescentes. Antes y durante del confinamiento, Guatemala fue un claro ejemplo de cómo este problema ataca desde la infancia. 
Datos del Observatorio de la Niñez de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez –CIPRODENI─ evidencian que, entre enero y junio de 2020, fueron asesinadas en el país 54 niñas. Entre ellas 24 por arma de fuego, 18 ahorcadas, seis asesinadas por arma blanca; tres niñas decapitadas y otras tres estranguladas. La cifra deja en evidencia, de forma irrefutable, de qué manera la violencia contra las mujeres que atraviesa todo su ciclo de vida.
Por su frecuencia y cotidianidad, estos delitos están ausentes en la prioridad de la agenda mediática del país, sin embargo, el domingo 12 de abril volvió a ser noticia cuando el presidente de la República, Alejandro Giammattei, llamó la atención en una de las intervenciones que periódicamente realiza en cadena nacional, sobre el problema de “la violencia intrafamiliar”.
Giammattei enfatizó en su discurso que las mujeres contaban con el número de teléfono 1572 para denunciar, y las animó a hacerlo para que se les pudiera brindar protección. En los cien días transcurridos desde el inicio de la cuarentena dicho número, según declaraciones públicas de la Secretaria de la Mujer del Ministerio Público, Lucrecia de Cáceres, recibió más de 50 mil llamadas, aunque, cabe aclarar, que no todas fueron para reportar denuncias de violencia. Una vez atendida la denuncia, es la Policía Nacional Civil la que llega en auxilio de la mujer y sus hijos e hijas.

Servicios dejan por fuera a comunidades indígenas

El servicio 1572 resulta, sin embargo, precario si se toma en cuenta la información aportada a inicios de mayo por la Procuraduría de los Derechos Humanos. El organismo informó que “la Defensoría de la Mujer, el 5 y 6 de mayo realizó más de 16 llamadas a dicho número y en ninguna ocasión se logró atención, situación que lleva a inferir que no hay suficiente personal atendiendo las llamadas de las víctimas o que el 1572 no está funcionando correctamente”.
La línea tiene otra debilidad. Presta servicios solo en algunos de los idiomas mayas que se hablan en el país, lo que deja sin posibilidad de comunicarse y denunciar a quienes hablan en los restantes, lo cual es preocupante si se toma en cuenta que en Guatemala se hablan 22 idiomas mayas, más el xinca, el garífuna (otras comunidades lingüísticas) y el español.
Esta parte de la población tampoco fue tomada en cuenta en la aplicación digital de botón de pánico, otro de los servicios a disposición de las mujeres para denunciar violencia. La aplicación fue descargada por doscientas usuarias en aproximadamente dos meses, pero, de acuerdo con las apreciaciones de Paula Barrios, abogada y directora de la organización Mujeres Transformando el Mundo, sigue sin atender a las mujeres que se les imposibiliita leer o escribir, debido a que la aplicación solicita que se aporte cierta información.
Por lo que, sin instrucción o sin los conocimientos para manejar herramientas digitales, el camino es más cuesta arriba para las víctimas provenientes de comunidades rurales o indígenas, pues les dificultan el acceso a la justicia y a servicios esenciales de atención. Esta medida tampoco responde a las necesidades de mujeres empobrecidas que carecen de un aparato telefónico o viven en lugares alejados sin acceso a energía eléctrica e internet.
Las denuncias pueden hacerse llegar al número telefónico 110 de la Policía Nacional Civil, aunque este no es exclusivo para este tipo de delitos y la institución tampoco tiene servicios especializados para atender este problema.
Más allá de este panorama y de una campaña de comunicación a través de redes sociales para concientizar a la población sobre el problema de la violencia contra la mujer, se evidencia la falta de otras estrategias y acciones para resolver los impactos específicos de la pandemia en las niñas, adolescentes y mujeres, apuntó la abogado Paula Barrios.

Aumento de denuncias  

En las declaraciones públicas realizadas por Lucrecia de Cáceres, dos días después que el presidente Giammattei hiciera referencia a la violencia, el martes 14 de abril, explicó que el mandatario tuvo que hacer visible el problema debido a que en las fiscalías específicas de atención a mujeres víctimas de violencia se había alertado sobre el descenso en el número de denuncias. Desde el 15 al 31 de marzo, de 155 diarias que solían recibirse la cantidad se redujo a un poco ms de 30. 
De acuerdo con De Cáceres, esta reducción para nada refleja la disminución de la violencia en Guatemala. Por el contrario, es una muestra del aumento del terror que viven las mujeres y que en el aislamiento obligatorio sumó otros problemas para las víctimas: la falta de transporte público y el toque de queda.
Luego de haber detectado la brecha, se impulsó una campaña para incentivar la denuncia por medio de un número telefónico, cuyo efecto inmediato fue el aumento de las denuncias a un promedio de 114 diarias en abril y 147 en la primera quincena de mayo.
La mayoría fueron por violencia psicológica, seguida de la física, sexual y económica. Resulta importante enfatizar que, entre el 1 de marzo y el 18 de mayo, meses de cuarentena, se produjeron 885 casos de violación, un promedio de 11 casos diarios, lo cual vuelve a poner en evidencia que el espacio privado es el menos seguro para las mujeres.
Otro dato que permite evidenciar la gravedad del problema la aportó el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), que determinó que entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró 1.962 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de edad que, de acuerdo con lo que establece el marco legal del país, son considerados como fruto de una violación.

COVID-19 fue la prioridad

Las víctimas de violencia machista debieron enfrentar otros obtáculos. En confinamiento, el Estado priorizó la atención de la COVID-19 por encima de otros problemas urgentes para la población. Esto invisibilizó la atención hacia la otra pandemia: la que sigue matando a las mujeres.
Entre las medidas, se anticipó el fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS─ con una partida adicional de fondos que permitió organizar cinco hospitales temporales en distintos departamentos del país (Parque de la Industria en la ciudad capital, Quetzaltenango, Petén, Zacapa y Escuintla) y la habilitación de uno más en Villa Nueva, municipio del departamento de Guatemala, que recientemente se había creado como hospital de especialidades y, a raíz de la emergenciase reorientó para la atención de personas contagiadas de COVID-19. 
Transcurridos dos meses de su creación, dicho Ministerio solo había utilizado 0.81% de la partida presupuestaria asignada poniendo en evidencia la escasa capacidad de ejecución en un momento tan acuciante. 
Esta situación provocó diversas denuncias del personal médico por la ausencia de equipamiento, insumos necesarios y hasta la falta de cobro de sus salarios. Tanto, que el ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Hugo Monroy, fue destituido el 19 de junio.
También, prevalecieron medidas orientadas a conculcar derechos ciudadanos. El 21 de marzo se aplicó el toque de queda para personas y vehículos desde las 16:00 a 4:00 horas. Además, se cerraron las fronteras, se suspendieron clases y actividades laborales en algunas áreas productivas. Se impidió la apertura de locales comerciales y se restringió el transporte público, así como la movilidad dentro y fuera de los departamentos, medida que posteriormente se flexibilizó, aunque se mantuvo entre algunos sectores.
Para la directora de la organización Mujeres Transformando el Mundo, las medidas asumidas para atender el tema de la violencia, además de ser escasas, complicaron aún más la posibilidad de denunciar los casos ante la falta servicio de transporte público para movilizarse y sin otra forma de denuncia más que números telefónicos.
Así, las mujeres que carecían de un teléfono y se encontraban con los potenciales agresores en casa las 24 horas, padecieron un aumento del asedio y control que les impidió la búsqueda de ayuda, según observaron organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres durante el confinamiento.
Sandra Morán, diputada de la octava legislatura (2016-2020) explicó que otro de los puntos que tampoco se contempló en las medidas asumidas por el gobierno es que, con el toque de queda de 16:00 a 4:00 am, las mujeres se quedan aún más a expensas de sus agresores sin poder salir de sus domicilios.

Planes excluyen al sector informal

Para tratar de paliar las dificultades económicas que atraviesan las personas en el contexto de emergencia, el Ejecutivo aprobó una serie de medidas de apoyo a la economía familiar como el subsidio a la energía eléctrica, bonos de apoyo familiar y a personas trabajadoras que hayan sido despedidas en el marco de la pandemia, así como diferimiento de pagos por créditos bancarios y a entidades educativas, entre otras.
Sin embargo, ninguno de estos planes tomó en cuenta las condiciones específicas de las mujeres, por ejemplo, solo 41% de la población femenina tiene un empleo y entre quienes trabajan, solo tres de cada diez tienen un contrato laboral, es decir que la mayoría se emplean en condiciones de informalidad y precariedad, por lo tanto, nunca podrán acceder al fondo de protección del empleo porque este se creó para las personas que están empleadas en el sector formal y fueron despedidas.
Las medidas que dejaron por fuera a esta parte de la población y fueron llevadas a cabo por las entidades de gobierno, con respecto a los impactos diferenciados por género, contravienen lo recomendado por diversos mecanismos internacionales, ONU Mujeres, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo Regional para la Convención de Belém do Pará (MESECVI), que establecen, entre otras cuestiones, que los Estados deben atender los múltiples factores de discriminación que exacerban la vulnerabilidad de mujeres en este contexto.

Audiencias quedaron para 2021

La situación de violencia contra la mujer en Guatemala se complejiza aún más porque las fiscalías departamentales de la mujer del Ministerio Público atienden a puertas cerradas y por turnos mientras que los Juzgados están saturados.
La Corte Suprema de Justicia suspendió el 17 de marzo todas las labores que consideró poco urgentes y la mayoría desarrolla sus labores, de forma parcial, debido a las medidas de distanciamiento y prevención determinadas por los protocolos sanitarios.
El abogado penalista en derechos humanos de las mujeres, Esteban Celada Flores, explicó que “los juzgados de Turno nunca dejaron de funcionar y pocos días después que empezara el estado de calamidad el Organismo Judicial activó a todos los Juzgados de Primera Instancia Penal para que conocieran cuestiones constitucionales u otras urgentes. Sin embargo, trabajan por turnos y horarios especiales, lo cual sumado a las suspensiones de audiencias porque las partes no llegan ha aumentado la mora judicial, pues en efecto cuando suspenden dejan la próxima audiencia para el 2021 o, en el peor de los casos, para más adelante”, explicó.
De la misma manera, los albergues que el Estado gestiona para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia, han limitado la atención siguiendo las recomendaciones sanitarias. 
Tampoco se conoce a cabalidad, a la fecha, cuántas de las tres Alertas Isabel Claudina que se activan diariamente por desaparición de mujeres están vinculadas con casos donde ellas deciden huir de la violencia en sus hogares, o cuántos de los 17 suicidios de mujeres sucedidos desde marzo a inicios de junio fueron decisiones desesperadas de mujeres que se quedaron sin salidas a dicho flagelo. 

Estrategias se quedan cortas

Transcurridos más de tres meses de iniciada la emergencia nacional, se evidencia la falta de medidas específicas para resolver estos problemas. Entre numerosas falencias, las fuentes consultadas coinciden en señalar que falta el enfoque de género y la pertinencia étnica para decidir acciones, pues el personal en la administración pública es escaso; la investigación de los casos es demasiado lenta, tomando en cuenta la gravedad de la situación y la cantidad de casos que se acumulan en el Organismo Judicial ralentiza, aún más, el acceso a la justicia.
Paula Barrios considera que las mujeres están ante “una situación muy complicada y un retroceso en los derechos de las mujeres”. Atribuye el problema a la visión política conservadora del gobierno actual “que ni siquiera reconoce el problema y nos hace desandar camino terriblemente porque invisibiliza y minimiza la violencia contra las mujeres”. Argumenta que el Ejecutivo solo habla de violencia intrafamiliar, excluyendo la violencia en contra de las mujeres, pero tampoco permite que las instituciones específicas les asesoren.
Con su posición coincide Sandra Morán, quien enfatizó que “el andamiaje que se había logrado construir en el Estado se está desmantelando, se están debilitando tanto la institucionalidad de las mujeres como la de la paz y eso pone en peor situación unas instituciones que ya eran débiles y con la pandemia se están debilitando más aún”.
Signo de dicho debilitamiento, según las fuentes citadas y numerosas organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado, fue la decisión del presidente de la República, hecha pública el 29 de mayo, de cerrar de forma permanente la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem).
La institución fue creada hace 20 años y es la que se ha encargado, hasta la fecha, del avance de los derechos humanos de las mujeres. Además de planificar y promover la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, el Plan de equidad de Oportunidades y el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI).
El argumento es que la misma es inconstitucional porque fue creada por un acuerdo gubernativo y no legislativo como, según el mandatario, está establecido en la Constitución Política de la República.
Las mujeres organizadas han tratado de cambiar dicha decisión y han demostrado que la posición del Ejecutivo es errónea, pero no han sido escuchadas. En las últimas declaraciones del presidente sobre este tema, explicó que al cierre de la secretaría se creará una Comisión Presidencial de la Mujer, pero aún se desconoce qué mandato tendrá y cuándo comenzará a funcionar.
Diversas abogadas y activistas de derechos de las mujeres manifestaron mediante una carta abierta dirigida al mandatario, el 11 de junio, que la creación de dicha comisión constituye una “grave violación a los instrumentos nacionales e internacionales (…) la ley le obliga a fortalecer la SEPREM y no a suprimirla, tomando en cuenta que ningún derecho es regresivo”, reza el documento.

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