Guatemala: La "paz" que Ema no ha conocido

Ema nació mujer, indígena y en una familia. Sufrió violencia física, psicológica y sexual de quienes se suponía debían cuidarla. En su hogar los mandatos sociales del silencio y la sumisión fueron más fuertes que la posibilidad de acceder a la justicia.

Texto: Silvia Trujillo

Ilustración: Johnny Lain | Antonio Ramírez

Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Hernández

Más de Guatemala:

Diagnóstico

Recomendaciones

Tres mujeres entran al Ministerio Público de Chimaltenango, la cabecera del departamento que lleva el mismo nombre a escasos 30 kilómetros de la ciudad capital, Ciudad de Guatemala. Ema va en el medio, flanqueada por dos mujeres de su comunidad quienes la acompañaron a poner su denuncia. Es temprano aún, pero las tres se levantaron antes del amanecer para llegar a tiempo a la oficina pública y poder regresar a su comunidad antes del inicio del toque de queda.

A partir del 17 de marzo, en el marco de las medidas excepcionales por la pandemia de COVID-19 asumidas por el gobierno de Guatemala, se suspendió el transporte público urbano y suburbano y cinco días después inició el toque de queda de 12 horas: desde las 4:00 pm a las 4:00 am del día siguiente, para luego ser modificado unos días más tarde desde las 6:00 pm a 6:00 am.  Así que, sin transporte público, si no hubiera sido por el apoyo de la organización de mujeres de su comunidad, ella hubiera tenido que caminar, pedir jalón o endeudarse para poder llegar a la ciudad y, seguramente, no le hubiera alcanzado el tiempo para regresar.

Lograron encontrar a alguien que les ofreció transporte y llegaron. Durante el trayecto montañoso volvió a repasar todas las dificultades y violencias que ha enfrentado para llegar hasta allí. El viaje para Ema no fue de 40 minutos sino de 24 años de un continuum de violencia que aún no puede contar en su totalidad.

Ema nació en una aldea de un municipio ubicado en una de las regiones más castigadas por el terrorismo de Estado, donde el cuerpo de las mujeres se convirtió en el campo de batalla por el que se pretendió eliminar a los pueblos mayas durante el conflicto armado interno que duró 36 años (1960 -1996) De hecho, en 1996, cuando Ema nació, se firmaron los Acuerdos de Paz, pero ella no ha sabido de paz. La guerra ha seguido perpetuándose en su cuerpo.

Es la menor de seis hermanos y hermanas: tres hombres y dos mujeres más. Su familia, como la mayoría en esa región, ha vivido en la pobreza. Sus ingresos provenían de la venta de los productos que toda la familia cultivaba, pero solo el padre recibía el dinero porque era él quien los vendía en el mercado del municipio. Nunca compartía lo que ganaba con el resto, pero así eran las cosas y nadie lo cuestionaba. La casa era pequeña, con paredes de adobe (bloques elaborados de tierra) y piso de tierra; en un espacio se cocinaban los alimentos y en el otro dormía toda la familia.

Durante su infancia tuvo que apoyar a su madre y hermanas en las tareas de la casa y servir a su papá y hermanos. No quedaba mucho tiempo para jugar entre hacer tortillas, lavar ropa, ayudar a cocinar y hacer la limpieza. Entre tantas actividades y por la situación precaria, Ema no fue a la escuela, nunca aprendió a leer ni a escribir, tampoco a hablar castellano, según su papá “no iba a necesitarlo” porque en su municipio 97% de la población es maya kaqchikel. En Guatemala conviven 22 comunidades lingüísticas mayas quienes, de acuerdo con el último Censo Nacional de Población (2018), conforman 41.7% de quienes habitan el país. De ese total, un poco más de un millón de personas son de la comunidad maya kaqchikel (17%) y habitan en la región del altiplano central conformado por lo menos por cuatro departamentos: Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala.

La misma situación de pobreza, la inexistencia de servicios públicos de salud cercanos y el hecho de ser niña en un país que las violenta, pudieron ser la explicación para que nadie advirtiera que Ema padecía una enfermedad crónica del sistema nervioso y debía ser atendida. En la actualidad, cuando ella se pone muy nerviosa o está muy cansada, aún padece la crisis que, incluso, la hace perder el conocimiento, sin embargo, cuando le preguntan, comenta que nunca ha sido tratada porque esos ataques “se pasan solo así, como vienen se van”.

Las mujeres de la familia aprendieron a convivir con los golpes y los malos tratos, tanto su mamá como ella y sus hermanas los vivieron permanentemente, no solo de parte del padre sino también de los hermanos que crecieron y emularon la violencia paterna. Y cuando las niñas transitaron a la adolescencia, la situación se agravó. Las hermanas mayores comenzaron a vivir abuso y violencia sexual por parte del padre, unos meses antes de su primera menstruación. Ocurría por las noches cuando los demás dormían. Y, un tiempo después, siguiendo la costumbre familiar, los hermanos comenzaron a abusar de ellas también.

Ema no sabe si su mamá se dio cuenta alguna vez de lo que sucedía, ella era muy chica aun, pero sí recuerda que cuando su hermana Cristina, la mayor, resultó embarazada la mamá la golpeó. Después, todo siguió como si nada hubiera pasado y, por miedo, la madre calló y lo normalizó. El silencio se impuso, nadie intervino y el hijo de Cristina nació en la casa con la asistencia de una comadrona, como sucedía en aquel momento con 73% de los partos de la región.  Cuando pudo, tomó al niño y se fue de la casa a trabajar a un municipio cercano. Allí viven aún hoy.

Las violaciones sistemáticas continuaron hacia la otra hermana, la del medio, y hacia Ema, quien al no encontrar otra salida se comunicó con Cristina para que la ayudara a escapar de esa tortura. Y, repitiendo la historia, en cuanto pudo, huyó.

A pesar de la ruptura con su entorno cotidiano, Ema consiguió trabajo en una tienda donde le ofrecieron, además, un lugar para vivir y donde se adaptó rápidamente a su nueva rutina. Trabajaba muchas horas, pero pudo experimentar eso que todo el mundo llama paz, excepto por el dueño de la tienda que era un poco gritón. Nadie la molestaba ni le pegaba y, además, conoció a Sara, una mujer de la comunidad con quien trabajaba, que se transformó en su amiga y cómplice. Con ella, Ema conoció la sororidad o Ru ch’itul (apoyo) que, aunque no signifique estrictamente lo mismo porque no existe una palabra en su lengua para decirlo, para ella significó vivir la hermandad de una manera que antes no había conocido. 

Tampoco supo qué palabra usar para nombrar la violación sexual que sufrió después en su nuevo hogar, y lugar de trabajo, porque tampoco existe una para definirla en el idioma kaqchikel.  Se nombra como k'ayew tal jun ixoq man rajota ni k'oje kin jun achín, es decir “cuando una mujer no quiere estar con un hombre”, pero su lengua carece de un término que pueda traducirlo literalmente.

La “paz” de Ema se esfumó. En el marco del confinamiento y sin posibilidades de pedir apoyo por el aislamiento social, fue violada en su trabajo. Fueron noches en las que regresaron todos los recuerdos, todo el asco y el terror vivido en su casa. Para cuando Sara se enteró ya había transcurrido más de una semana del hecho, entonces, la puso en contacto con una organización de mujeres mayas donde Ema encontró el espacio y la confianza para narrar lo ocurrido. Recibió allí orientación legal, apoyo terapéutico y, más tarde, el acompañamiento de una intérprete.  Sin embargo, insistió en que la denuncia solo se haría por las violaciones acontecidas en su trabajo. Del pasado no hablaría, está sellado.

No existen fiscalía ni oficina de atención para poder presentar denuncias por estos delitos en el municipio donde vive Ema. Cuando lograron llegar al Ministerio Público en la cabecera del departamento, ya habían pasado tres semanas y de todo lo establecido en el Protocolo de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, vigente en Guatemala, casi nada se cumplió. Aunque dicho protocolo establece que el Estado debe proveer los servicios de una persona interprete, eso no sucedió en el caso de Ema; por eso, la representante de la organización que la apoya, la acompañó y ayudó a traducir la denuncia ese día. Lo hicieron además junto a una psicóloga, quien debió reconfortarla ante el estrés que manifestaba cada vez que recordaba con dolor lo sucedido en su nuevo trabajo.

Aquel día no la remitieron al servicio de atención médica, pero sí fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) donde le practicaron un examen de reconocimiento médico por violencia sexual, del cual aún está esperando resultados. No le brindaron atención en el hospital nacional, donde se suelen atender estos casos, porque la prioridad fue el COVID-19. En su defecto, la atendieron en el Centro de Atención Permanente de su comunidad donde le tomaron las muestras para los exámenes de laboratorios, los cuales le confirmaron que no está embarazada. Ni el kit profiláctico de emergencia, ni las medicinas que contempla el protocolo le fueron entregadas y hubo que adquirirlas por medio del apoyo de una persona que colaboró para su compra.

El proceso legal recién está iniciando. La audiencia de primera declaración por la violación sexual del presente aún no ha sucedido y el calvario de Ema no ha terminado. Por las del pasado no hubo ni habrá orden de captura en contra del padre ni de los hermanos, ni siquiera fue necesario que ellos tuvieran que huir, porque ni Ema ni sus hermanas quieren recordar y la sociedad aún no está preparada para escuchar sobre su dolor o reconocer como válido su sufrimiento. Sucedió con las mujeres que lo vivieron durante el conflicto armado y se perpetúa en la actualidad; por eso, muchas de ellas siguen viviendo las experiencias de violación sexual como si la “vergüenza” fuera suya y se ven obligadas a guardar silencio. Ellos, los del pasado y los del presente, siguen impunes.

Ella ha tenido que regresar a su habitación en la tienda, vulnerable frente al perpetrador, porque no tiene otro lugar adonde ir. La asociación de mujeres que la apoya no cuenta con albergues para recibirla y los del Estado no están cerca, y los que existen no brindan atención a nuevos casos por la emergencia del COVID-19.

Mientras tanto en Guatemala y en América Latina grupos de mujeres han puesto su grito en la calle para decir “No me cuida el Estado, me cuidan mis amigas” y así ha sido para ella, aunque no sepa de la existencia de este movimiento. La organización que la ha acompañado, aun cuando no ha podido resolver en lo inmediato la situación, está trabajando para sanar su memoria corporal y brindarle la atención que le permita a ella, a su hermana y a otras mujeres romper el silencio y crear las condiciones para que no tengan que volver a vivir nunca más una situación como las que les ha tocado enfrentar.