Enfoque de género en las políticas públicas

La pandemia de COVID-19 encendió las alarmas de organismos internacionales de derechos humanos ante una crisis de salud cuya principal medida de prevención, el confinamiento, suponía un riesgo para la vida de las mujeres que sufren violencia machista, situación que los Estados olvidaron durante la emergencia sanitaria.



Texto: Maryórit Guevara

Ilustraciones: Grecia Nexans


El incorporar a las mujeres y el enfoque de igualdad en el centro del abordaje de la pandemia es la recomendación que organismos de derechos humanos hacen a los estados del mundo frente a una crisis sanitaria que dejó al descubierto la cruda realidad de la violencia machista y las desigualdades sociales.
A través de diversos llamados, instituciones internacionales coinciden en que la “respuesta efectiva requiere reflejar las dinámicas de género” tanto por el impacto y las implicaciones que supone la crisis sanitaria para las mujeres y niñas, como para garantizar el derecho a “vivir libres de discriminación y violencia, y de acceder a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva”.
“Las autoridades nacionales y locales deben tener en cuenta que, durante las crisis de salud, humanitarias o de otra índole, aumentan las brechas de género en la medida en que no se tengan en cuenta lo que estas crisis significan para las mujeres y la protección a sus derechos”, recalcó Amnistía Internacional que también hizo hincapié en las obligaciones de los Estados de atender “las violencias basadas en género que sufren miles de mujeres y niñas, incluyendo mujeres transgénero y personas intersex en la región, y, por el contrario, exige que se tomen medidas más estrictas”.
En medio del contexto, sobresale de manera negativa el incremento de la violencia machista en América Latina, según expone esta investigación que abarca 20 países de la región y España, donde se decretaron necesarias medidas de prevención frente al SARS-CoV-2, sin tomar en cuenta sus alcances en la vida de las mujeres y frente a la ausencia de planes de contingencia para su resguardo.

Violencia, tortura y malos tratos por razón de género

El aislamiento social orientado por los Estados como principal medida de prevención ante la curva de crecimiento de la pandemia resignificó el hogar como un sitio seguro que reducía el riesgo de contagio de COVID-19, pero que para miles de mujeres y niñas incrementó el riesgo de sufrir violencia sexual, física, psicológica, económica y patrimonial al quedar aisladas con sus agresores.
“Esta situación es aún más alarmante en el caso de niñas, siendo América Latina la única región en el mundo en la que los partos en esta población aumentan. Esto es resultado de elevados índices de violencia sexual –principalmente por parte de miembros de la familia de las niñas o de su círculo cercano– y de la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo, que se restringen aún más con medidas como toques de queda o debido a la saturación de los establecimientos de salud”, indica lGuía para proteger los derechos de mujeres y niñas durante la pandemia de COVID-19 desarrollada por Womens Link WorldwideAmnistía Internacional y la International Planned Parenthood Federation.
El documento demanda a los Estados a “atender los riesgos y peligros de violencia que enfrentan mujeres y niñas frente a las medidas de aislamiento, estados de excepción, restricciones de movilidad”, reguladas por cuerpos policiales y militares que, en lugar de proteger la vida de las mujeres, las dejaron más expuestas a abusos, incluyendo la tortura por razón de género y otros malos tratos físicos, psicológicos y sexuales.
ONU Mujeres es categórica al afirmar que en situaciones de emergencias aumentan los riesgos de violencia hacia las mujeres y niñas convirtiéndose en la “más extendida violación de los derechos humanos en el mundo”, y un problema de salud pública de proporciones epidémicas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Muchas de estas mujeres están ahora atrapadas en casa con sus maltratadores y corren un mayor riesgo de sufrir otras formas de violencia, debido a que los sistemas de asistencia sanitaria están sobrecargados y los servicios de justicia interrumpidos tienen problemas para responder”, denuncia ONU Mujeres en su sitio web.
La Comisión Interamericana de Género también ha dado relevancia a la ausencia de un protocolo en los servicios de atención y protección a la violencia contra las mujeres para responder ante la situación derivada de la emergencia COVID-19, que provocó una asistencia deficiente ante el incremento de la violencia en confinamiento y las medidas de prevención adoptadas, que incluyeron cierre de instituciones judiciales y la suspensión del transporte público colectivo.
Y pone el dedo sobre las brechas entre el número, disponibilidad y capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad entre lo urbano y rural, haciendo énfasis en el vacío que significa para el Estado de derecho en las “comunidades rurales, remotas o marginadas” que, históricamente, y en Latinoamérica, enfrentan menor acceso a todo tipo de servicio público.
“Los servicios deben contar con rutas de acción para asegurar la seguridad de las mujeres en riesgo durante la emergencia, adaptando los protocolos de actuación para reforzar su eficacia durante el periodo de crisis. Una medida relevante en este periodo especial es la extensión automática de medidas judiciales de protección y de medidas cautelares a mujeres víctimas de violencia, que ya han adelantado muchos de los gobiernos de la región”, recalcó en su informe COVID-19 en la vida de las mujeres: razones para reconocer el impacto diferenciado.

Acceso a salud sexual y reproductiva

En mayo, el Fondo para la Población de la Naciones Unidas (UNFPA) por sus siglas en inglés, advirtió de lo que significa la pandemia del coronavirus con respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, asegurando que las mujeres de 114 países con bajos y medianos ingresos estaban expuestas a quedar embarazadas sin planearlo.
El UNFPA estimaba que, en los tres primeros meses de confinamiento, si los efectos eran leves, 13 millones de mujeres no tendrían acceso a los anticonceptivos por lo que habría unos 325.000 embarazos no planeados. Y en el peor de los escenarios, de extenderse a seis meses, traería como consecuencia siete millones de embarazos no deseados.
¿La razón? El nulo o poco acceso a servicios de atención relacionados a la planificación familiar y a la cadena de suministros de anticonceptivos, así como medicamentos contra el VIH y otras medicinas e insumos necesarios para garantizar la salud sexual y reproductiva.
“En la región, las personas evitan acudir a los establecimientos sanitarios por miedo de contagio de COVID-19. Asimismo, las restricciones de circulación y la falta de recursos económicos para pagar algunos servicios de salud constituyen un obstáculo para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva”, denunció la Articulación Regional Feminista (ARF) en el documento: “Los derechos de las mujeres de la región en épocas de COVID-19. Estado”.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Mujeres se muestra preocupada por la falta de atención y recursos críticos de los servicios de salud sexual y reproductiva, al afectar directamente a las mujeres, las adolescentes y las niñas, cuya “ausencia de estos servicios podría incrementar la mortalidad y morbilidad materna, aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y otras infecciones de transmisión sexual”.
Y en este mismo contexto, el UNFPA también ha mostrado preocupación por el riesgo que corren 13 millones de niñas de ser forzadas a contraer matrimonio entre 2020 y 2030, socavando los esfuerzos para erradicar el matrimonio infantil que durante años vienen realizando diversas organizaciones a nivel mundial.

Cadena global de cuidados

Tanto en la primera línea de respuesta a la pandemia como en los hogares, las mujeres se encuentran al frente de la crisis sanitaria dejando en evidencia un modelo económico que se sostiene del cuidado precario, remunerado, gratuito y por amor que ejercen las mujeres alrededor del mundo.
El documento Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis de COVID-19 de ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), refleja que en América Latina y el Caribe entre 115 y 186 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93 % son mujeres. “El trabajo doméstico supone en promedio entre el 10.5 % y 14.3 % del empleo de las mujeres en la región, lo que significa que una parte importante de la población activa, especialmente de las mujeres, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a la protección social”.
“Sin embargo, y a pesar de la enorme contribución que su trabajo significa en la vida de muchas personas, también son uno de los principales colectivos afectados por la crisis. Esto se debe, entre otras razones, a la situación de precariedad en el empleo que presenta este sector, caracterizado por bajos salarios y falta de prestaciones sociales para su supervivencia y el sostenimiento de sus familias ante situaciones de despidos o frente a la reducción de sus ingresos”, resume el documento.
En medio de la pandemia esta precariedad supuso, en la mayoría de los casos, asumir la responsabilidad tanto de los cuidados personales como del lugar de trabajo, atender a las personas en situación de riesgo, discapacidad y de dependencia con relación a niños y niñas en los hogares ante suspensión de clases, así como la obligatoriedad de pernoctar en sus lugares de trabajo, y la permanencia en el mismo que suponía realizar gestiones domésticas que las expuso al contagio.

El enfoque de género en políticas públicas

En general, los organismos internacionales han coincidido en que “las estrategias que se adopten para enfrentar la crisis deben implementarse fortaleciendo el trabajo coordinado con los mecanismos para el adelanto de las mujeres, y contando con la participación de las organizaciones y los movimientos de mujeres y feministas, de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y de las comunidades de base, a fin de que contribuyan al diseño de estas estrategias adaptándolas a sus realidades”.

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