El Salvador: Un Estado que no dimensiona la violencia contra las mujeres

Cuando el COVID-19 llegó al país centroamericano existían “deficiencias estructurales”, de acuerdo con expertos y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer. A tal punto es la situación, que el femicidio representó más riesgo para la vida de las mujeres que la misma pandemia por coronavirus.


Texto: Clanci Rosa
Ilustración: Pierre Daboin | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Fátima Cruz


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El Salvador cerró el 2019 con 230 feminicidios, una disminución en comparación con 2018, fecha en la que 383 mujeres fueron asesinadas víctimas de violencia machista. Sin embargo, el número de desaparecidas aumentó y la violencia siguió manifestándose en las vidas de las mujeres, niñas y adolescentes en el país, de todas las formas posibles, incluso desde antes de la emergencia mundial.
La Policía Nacional Civil (PNC) registró 676 denuncias de mujeres desaparecidasun aumento de 116 casos en comparación con el año 2018, de acuerdo con un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Por su parte, el Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), consideró alarmante que 75% de los abusos se cometió en niñas y adolescentes menores de 17 años de edad, incluyendo 848 casos de niñas menores de 11 años. Según las investigaciones, los agresores de estas niñas son personas conocidas, familiares cercanos, vecinos y otros que viven próximos o dentro de la misma casa.
Mientras que la Procuraduría General de la República registró 1.172 denuncias por violencia intrafamiliar y de pareja.
Las cifras anteriores demuestran que el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres, niñas y adolescentes, pues la mayoría de los agresores conviven bajo el mismo techo, revelan los datos de las organizaciones.
En este escenario llegó el COVID-19 y la implementación del confinamiento como medida, sin tomar en cuenta las consecuencias diferenciadas para las mujeres, quienes representan 52.9% de la población salvadoreña.

Llegada del COVID-19

En el primer trimestre de este año se cometieron 21 feminicidios de acuerdo con ORMUSA. La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, registró desde el 1 de enero al 15 de marzo, 307 hechos de violencia intrafamiliar y 1.436 denuncias de violencia sexual.
La cuarentena por la pandemia inició en El Salvador el 11 de marzo. Ese día, miles de mujeres tuvieron que encerrarse con sus agresores. Ninguna campaña por medios masivos se destinó a prevenir la violencia de género durante el confinamiento, pues la atención se centralizó sobre el tema del COVID-19.
De acuerdo con información de las organizaciones, el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) tardó tres semanas en habilitar y difundir un teléfono en el que se pudieran procesar las denuncias y asistencia para las mujeres, víctimas de violencia en confinamiento.
ORMUSA fue una de las primeras ONG en visibilizar el aumento de la violencia contra las mujeres, a través de las denuncias recibidas en su Centro Legal: del 17 al 31 de marzo de 2020 contabilizaba, al menos, 100 denuncias, especialmente de violencia intrafamiliar de tipo verbal, física, sexual y económica. Un incremento significativo en comparación con 2019, donde se recibieron alrededor de 40 denuncias en el mismo mes (marzo), es decir, un aumento del 100%.
Aunque la alerta sobre la violencia contra las mujeres empezó a circular en medios alternativos y masivos, el tema no ocupaba agenda en las cadenas nacionales del Ejecutivo.
El 1 de abril se reportó el primer feminicidio durante la cuarentena. Medios nacionales dieron a conocer el asesinato de Yesenia Menjivar, de 25 años. Siete días después, dos mujeres más fueron asesinadas en menos de 24 horas. Pese a las denuncias en redes sociales, el hecho no tuvo mención en la agenda gubernamental.
Este hecho fue repudiado por las organizaciones feministas, a través de una protesta en Twitter con la etiqueta #FeminicidioEsPandemia. No obstante, el silencio oficial permaneció.
En total, del 11 de marzo al 20 de mayo de 2020, se reportaron 26 feminicidios, de acuerdo con datos de las organizaciones de mujeres, sin embargo, la Fiscalía General de la República solo registra diez. La razón radica en la diferencia para clasificar las muertes en el país.
Las organizaciones califican como feminicidio “todas las muertes violentas de mujeres, que ocurren en contextos de discriminación y violencia generalizada porque son muertes que se pudieron prevenir”, explicó Silvia Juárez, abogada de ORMUSA.
Mientras que, para la justicia salvadoreña, los feminicidios se reconocen solo bajo los parámetros la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV).
El artículo 45 de la ley tipifica como feminicidio la muerte a una mujer mediando motivos de odio, o menosprecio por su condición de mujer. A su vez, establece una pena de prisión de veinte a treinta y cinco años. También tipifica el feminicidio agravado en el artículo 46 y establece pena de 30 a 50 años de prisión:
  1. Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad pública o agente de autoridad.
  2. Si fuere realizado por dos o más personas.
  3. Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima.
  4. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, adulta mayor o sufriere discapacidad física o mental.
  5. Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de confianza, amistad, doméstica, educativa o de trabajo.
Esto excluye a las muertes de mujeres que perdieron la vida en otros contextos violentos como la violencia que se ejerce en los grupos criminales.
Las organizaciones de mujeres creen que las instituciones deben ampliar el concepto de feminicidio para reconocer a todas las mujeres asesinadas, porque la LEIV no legisla únicamente los crímenes privados. Consideran que tanto FGR y PNC carecen de enfoque de género a la hora de tipificar las muertes como feminicidio.

Más muertes por feminicidio que por COVID-19

El 29 de abril, Edwin Alexander López, de 38 años, asesinó a su pareja, Susan Daly Regalado, mientras ella dormía. El feminicida fue descubierto por su hija adolescente que se encontraba en la misma casa. De acuerdo con las investigaciones de FGR, Susan tenía años sufriendo violencia de género, pero nunca denunció.
La cantidad de mujeres que han muerto víctimas del COVID-19 es menor a las víctimas registradas por feminicidio. Aún con las cifras oficiales ONU mujeres El Salvador registró desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril 10 muertes de mujeres por coronavirus. La cifra contrasta con las 13 víctimas de feminicidio que se produjeron en el país hasta esa fecha. 
Mientras que del 11 de marzo al 20 de mayo (es decir, 74 días), la Fiscalía registró 2.318 agresiones contra las mujeres, lo que se traduce en alrededor de 33 hechos de violencia diarios contra las mujeres durante ese periodo. Los números, sin embargo, ni siquiera incluyen el total de violencias que han ocurrido, pues son pocas las mujeres que se atreven a denunciar a su agresor. Esto, a su vez, sigue generando un subregistro del problema, alertan las ONG.
Sobre las agresiones, la Fiscalía contabiliza 481 casos de violencia sexual en total. Estos se distribuyen en 60 denuncias por violación sexual en caso de mujeres mayores de edad; 68 violaciones a menores de edad y 66 agresiones sexuales, también a menores de edad. Además, 66 casos de estupro, 39 de otras agresiones sexuales; 75 casos de acoso sexual, 16 casos de violación agravada y siete casos de agresión sexual agravada continuada a un menor de edad.
Entre las medidas que el gobierno decretó en la cuarenta está la suspensión del transporte público. El Decreto Ejecutivo que contenía la medida fue publicado el 6 de mayo en la cuenta de Twitter del presidente y se ejecutaba a partir del 7 de mayo.
Al día siguiente se desató el caos. Muchas personas desconocían la medida y tuvieron que caminar hasta sus trabajos, porque tampoco hubo servicio de Uber o de taxi. Esta medida trajo consigo consecuencias para las mujeres.
El 13 de mayo, el fiscal general de la República, Raúl Melara, informó mediante Twitter la captura de Ronald Eduardo Durán por violación agravada y privación de libertad en contra de dos gestoras de tráfico quienes, al quedarse sin transporte de regreso a sus hogares, decidieron alquilar una habitación donde el detenido abusó de una de ellas, el pasado 10 de mayo.

La pandemia que siempre está presente

Para Silvia Juárez, abogada de ORMUSA, es importante comprender que la violencia contra las mujeres es una condición preexistente a la emergencia por el COVID-19. Desde mucho tiempo las mujeres venían sufriendo violencia en el hogar.
“Recordemos que dicha violencia es la pandemia más histórica que enfrenta la humanidad”, expresó Juárez. Opina que la falta de protección ante una situación de confinamiento mundial, como ha sucedido durante la pandemia, intensificó sus vulnerabilidades.
“Debemos reconocer que la violencia de la que estamos hablando y que ha provocado alrededor de 28 feminicidios es aquella ejercida contra las mujeres por razones de sexo, es el terrorismo íntimo el que se ha exacerbado,” detalló.
A juicio de la especialista, la ausencia de políticas públicas orientadas al resguardo de las mujeres contribuye al aumento de las vulnerabilidades que ya enfrentaban antes de la pandemia. En consecuencia, incrementó para ellas la incapacidad de acceder a la justicia y al sistema de protección.
“La emergencia nos encontró con debilidades institucionales (…) Ahora que las mujeres no pueden salir de casa a interponer la denuncia, el sistema pone en evidencia que es incapaz de actuar por sí solo en detectar y prevenir esa violencia, pues no buscó otras estrategias que les permitieran a las víctimas denunciar”.
De acuerdo con Laura Morán, miembro de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, a inicios del confinamiento ni la policía ni la Fiscalía estaban preparadas para atender las denuncias de violencia en dicho contexto.
“Nosotras llamamos a la policía y no nos contestaban, también llamamos a Unimujer, pero nos decían que no tenían patrullas y que la mayoría estaba atendiendo la emergencia por COVID-19”.
Las UNIMUJER-ODAC son unidades de atención especializada para la atención de mujeres en situación de violencia. Estas se encuentran en las sedes de la Policía Nacional Civil y cuentan con un personal totalmente capacitado en tema de los derechos de las mujeres, desde que fueron creadas bajo el nuevo modelo de trabajo policial comunitario.
Para la representante de Ormusa existe una “negligencia sistemática” por parte de las instituciones del Estado cuando el sistema advierte casos de violencia contra las mujeres, pero no es capaz de intervenir para prevenirla.
“Tenemos casos de mujeres asesinadas, donde había hechos de violencia previos en los que la comunidad lo advierte. Sin embargo, son incapaces de interrumpir esas muertes, incluso las mismas instituciones fueron y lo sabían y tampoco fueron capaces de interrumpirlas”, manifestó.

Papel del gobierno y el ISDEMU

En junio de 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador. Su plan de gobierno retomó las principales demandas de las organizaciones de mujeres, entre ellas se comprometió a generar mejores condiciones para resguardarlas y mejorar su calidad de vida. No obstante, a un año de su mandato la realidad muestra un panorama en peores condiciones.
Una de las primeras decisiones fue recortar el presupuesto a los programas y políticas destinadas para las mujeres, para el año 2020. Ejemplo de ello es el programa Ciudad Mujer, referente en otros países de la región, a quien le recortó más de 2 millones de dólares.
De igual forma, redujo $1.912.072. del presupuesto nacional destinado para el cumplimiento de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres (LIE) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), que designan al ISDEMU como organismo rector.
La situación contrasta con lo dicho en la cadena nacional del 4 de junio de 2020. Ese día, el presidente dijo que las mujeres en El Salvador están más seguras en su gobierno, tomando como base la reducción de feminicidios de estos meses en comparación con el año pasado. En lo más parecido a una rendición de cuentas, el informe del ministerio de Seguridad aseveró una reducción de 61 % de los feminicidios en el país.
Esta fue la primera vez en la cuarentena que el presidente se refería a la violencia en contra las mujeres en el país, donde ya existen 26 feminicidios y otras cifras alarmantes.
En una situación similar a la de otros países, las organizaciones feministas reaccionaron en rechazo por medio de las redes sociales con la etiqueta #NosotrasTenemosOtrosdatosSv, que fue tendencia nacional.
En el comunicado emitido por las organizaciones en respuesta, estas expresaron que la violencia de género “no puede analizarse partiendo únicamente de un número. Las vidas de las mujeres no son estadísticas, tienen familias, hijos e hijas a quienes dejan en la orfandad”.
En el documento, las ONG mostraron preocupación por la posición del Ejecutivo que, en su opinión, lleva al Estado a ignorar “la responsabilidad” sobre la muerte de “mujeres por razón de género” y de que ninguna familia quede fracturada por un feminicidio o muerte violenta de una mujer”, expresaron. 
En 2019 hubo 230 feminicidios. Un año antes, en 2018, se cometieron 383 feminicidios, mientras que en 2017 se registraron 471.
Aunque “hay una tendencia a la baja desde 2018 (…) el problema persiste, tenemos 56 familias que lloran la muerte de sus hijas”, apuntó Juárez.
Lo cierto es que, en 72 días de cuarentena, la FGR registró 2.318 hechos de violencia contra las mujeres.

Deficiente papel del ISDEMU

Las organizaciones critican también el papel del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) durante la emergencia del coronavirus. Argumentan que el Estado debió proveer un plan de emergencia activado por el organismo, más con el historial de violencia que registra en El Salvador, sobre todo contra las mujeres.
Gilda Parducci, quien fue directora del ISDEMU durante algunos meses en la administración de Bukele, piensa que el accionar del ISDEMU ha sido “bastante deficiente” en el tiempo de la cuarentena al no tomar en cuenta las desigualdades estructurales que ya afectan a las mujeres.
“En la atención al problema siento que el gobierno lo está tomando como si las mujeres no corrieran peligro al quedarse en casa, cuando la cifras demuestran el peligro. ¿La pregunta que nos seguimos haciendo es qué medidas especiales se ha planteado o se van a proponer desde el Ejecutivo para disminuir o prevenir esta violencia ante un escenario como el confinamiento?”, cuestionó.
Parducci llama la atención sobre la importancia de los lineamientos que las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) ha instado a los gobiernos a cumplir para brindar medidas específicas que salvaguarden a las mujeres en momentos de confinamiento.
Entre ellas se encuentran asegurar que las líneas directas y los servicios dedicados a las víctimas de violencia doméstica sean tomando en cuenta como servicios esenciales. Ello implica que se mantengan abiertos y que los organismos de seguridad estén concienciados en la necesidad de responder a tiempo a las víctimas.
Para Parducci, El Salvador no estableció la necesidad ni la urgencia de incluir las líneas de ayuda a la mujer como servicios esenciales.
Asimismo, piensa que no se garantizaron todas las medidas de bioseguridad para que el personal que trabaja en primera línea evite contagiarse, tal como también lo aconseja ONU Mujeres.
“Como mínimo, significa asegurar que productos de higiene menstrual como compresas y tampones se encuentren disponibles para las proveedoras de cuidados y personal de primera intervención. Estos deben formar parte del equipo de protección personal”, resaltó.
Tanto las organizaciones defensoras de las mujeres como activistas en el país piden con urgencia al gobierno implementar campañas masivas para entender la violencia contra las mujeres, de la misma manera que se valora el riesgo a perder la vida por el COVID-19, tal como lo demuestran en la actualidad las cifras de feminicidio que revelan la muerte de al menos 57 víctimas de violencia machista, asesinadas en lo que ha transcurrido el 2020.
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