Ecuador: Refugios colapsaron ante solicitudes de auxilio

La disminución en las cifras oficiales sobre violencia de género en contra de mujeres en Ecuador, han sido muestra del grado de indefensión en el que se encuentran las mujeres durante el aislamiento, como lo reconocen las mismas autoridades. Aun así, 18 mujeres fueron víctimas de feminicidio en los primero 76 días de confinamiento

Texto: Zurya Escamilla |Yasmina Yeril Hera |
Con colaboración con Jefferson Díaz
Ilustración e infografía: Grecia Nexans


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Hacia la primera quincena de abril, Ecuador entraba en una grave crisis sanitaria derivada del nuevo coronavirus debido a las 6.700 muertes registradas en esos primeros días del mes, tan solo en la provincia de Guayas que regularmente registra un promedio de casi 1.000 decesos en un periodo similar, según cifras de defunciones de la Dirección General del Registro Civil.
Las muertes, en su mayoría asociadas a la COVID-19opacaron los 18 feminicidios ocurridos desde que se decretó el estado de excepción, del 16 de marzo y hasta el 31 de mayo, refiere Nadya Donosa, gestora de comunicación del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) en Guayaquil. La mayor parte de ellos ocurrieron justamente en Guayas.
Tan solo en 60 días de confinamiento, se contabilizaron 11 de esos feminicidios. Mientras que entre marzo y hasta el 5 de mayo de 2019, la cifra fue de 29 feminicidios, según la organización ALDEA que también indica que 86% de ellos fue cometido por alguien en el entorno de la víctima: familiares, pareja, expareja o pretendiente.
Con un 60.6% de mujeres ecuatorianas que refieren haber sido víctimas de violencia en algún momento de su vida, el estado de excepción decretado para evitar la propagación de la COVID-19 colocó en riesgo a mujeres, niñas y niños que sufren violencia en sus hogares, de acuerdo con la abogada Jessica Jaramillo, presidenta de la fundación que lleva su nombre.
Con el aislamiento, los obstáculos para pedir ayuda y denunciar pueden generar una idea de que la violencia contra mujeres ha disminuido porque el número de delitos es menor a años o meses anteriores, cifras que no muestran a las víctimas de maltrato psicológico, sexual y físico que junto a sus hijos e hijas están en un riesgo latente dentro de sus hogares.
En esta contingencia se han hecho evidentes las limitaciones en los sistemas de emergencia para atender “la otra pandemia” como la ha llamado la Organización de Naciones Unidas (ONU), las cuales se han agravado con las adecuaciones presupuestarias que el gobierno de Ecuador ha realizado para hacer frente a la coyuntura política, económica y social producto de la pandemia.
Así lo pudieron observar organizaciones como Fundación de Atención y Protección de los Derechos Humanos “Surkuna” y “Vivas nos queremos” en la saturación de la línea ECU 911 y en la falta de diligencia de la policía, refirió su vocera y representante, Mayra Tirira.
Sin embargo, rechaza que esto implique una disminución real de la violencia, “lo que significa es que las víctimas no pueden denunciar, tienen cerca a su agresor, tienen miedo a contagiarse. Intervienen una serie de factores como que no existe movilidad debido las medidas sanitarias implementadas por el gobierno”.
Los refugios colapsados son testigos de este problema. Con solo seis casas de acogida llevadas por el gobierno en todo el país, en lugares como Lago Agrio, por ejemplo, tuvieron que habilitar nuevos espacios para recibir a mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual.

Desconcierto por registros a la baja

La Secretaría de Derechos Humanos reportó una disminución de 88% en violencia de género y de 80 % en delitos sexuales, pero también rechaza que esto implique una disminución real.
En tanto que la información de la línea de emergencia integrada ECU 911 contabiliza 8.196 llamadas en marzo, 7.022 llamadas de abril y 10 036 en mayo. Esto significa que, en promedio, las solicitudes de ayuda fueron de 274 llamadas diarias que no alcanzan el promedio diario en la cotidianidad de 345.
Específicamente durante el confinamiento, del 12 de marzo y hasta el 31 de mayo, ECU 911 sumó 21.731 atenciones de emergencia, mientras que para el mismo periodo del año previo fueron 28.367, es decir, en 2020 hubo un 23% menos, según Juan Zapata, director de esa línea de emergencia.
El funcionario destacó que han atendido 3.781 casos de violencia física, 17.911 de tipo psicológico y 39 más por delitos sexuales, cada uno de los cuales son atendidos por profesionales y turnados a las instituciones del gobierno que correspondan.
Las víctimas utilizan mayormente el teléfono celular para comunicarse con la central de emergencias, informó, porque 87.69% de alertas se recibieron a través de este medio de comunicación.
En tanto, los datos de la Fiscalía General del Estado dan cuenta de una disminución de 89% en delitos contra mujeres por razones de género, cifra que aterra a la misma Fiscalía, la cual ve con preocupación los impedimentos que tienen las víctimas para denunciar su caso, en especial niñas y adolescentes, bajo la vigilancia de los agresores: de 664 denuncias por violencia de género recibidas a la semana, antes del confinamiento, hoy se cuentan 76. Con los delitos sexuales ocurre igual, el promedio de casos semanales ha pasado de 357 a 62.
A juicio de la abogada Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, esa imprevista disminución en los casos los llevó a crear un formulario digital para denuncias que puede ser llenado tanto por la víctima como por terceros.
Con este conocimiento, también se han promovido los 203 centros de atención primaria de salud para los casos de víctimas de violencia en el país, según Francisco Solórzano, viceministro de gobernanza del Ministerio de la Salud. Además, Solanda Goyes, representante del Consejo de la Judicatura, indica que hay 250 puntos de atención para los casos de flagrancia a nivel nacional.

Violencia contra menores

La situación de niñas, niños y adolescentes es preocupante para el Consejo de Protección de Derechos de Quito, pues estima que cuatro de cada 10 menores sufren maltrato extremo y que cerca de 1.415.000 enfrentan problemas de alimentación que regularmente atienden las escuelas, indica Sybel Martínez, vicepresidenta de este organismo.
Históricamente, Ecuador ha tenido que lidiar con la violencia sexual contra menores que afecta a siete niñas por cada 10 casos y acumula un registro de 40 niñas menores de 14 años que dan a luz cada semana resultado de un incesto, lo que implica un foco rojo en los hogares.
En este periodo, las organizaciones de la sociedad civil registran 21 casos de abuso sexual infantil, además de siete muertes violentas de niñas, niños y adolescentes a manos de las personas allegadas a ellos, y 10 suicidios. En total, suman 41 casos de niñas y adolescentes mujeres que han sido brutalmente asesinadas en los primeros cinco meses de 2020, según el registro del CEPAM.

Números que ocultan la verdad

Las cifras oficiales del gobierno ecuatoriano dan cuenta de una disminución en la violencia doméstica en este periodo de confinamiento, pero tanto las autoridades como las organizaciones no gubernamentales reconocen que detrás de esos datos hay un problema desolador que se vive en los hogares.
Para este caso, uno de los grupos más vulnerados son las niñas y adolescentes que padecieron golpes, abusos sexuales, hambre e incluso perdieron la vida a manos de quienes debían amarlas y protegerlas.
Ecuador cuenta con un marco jurídico que garantiza los derechos de las mujeres, además de promover la no discriminación por razones de género. Así lo reconocen las organizaciones defensoras de los derechos humanos. No obstante, advierten que esto ha sido insuficiente para responder a un problema que se mantiene en la intimidad del hogar y que difícilmente puede ser atendido si no hay denuncia.
Sobre esto, Nepomuceno Nardi, oficial asociado de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), detalla que se han mantenido las líneas abiertas para atender a las víctimas, a las que se han incorporado un gran número de profesionales, con el objetivo de asistir las solicitudes de apoyo, en casos de violencia, y también para quienes requieran suplir necesidades básicas que, en tiempos de confinamiento mundial, ambas se siguen incrementando.

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