Ecuador: Madres violentadas en el confinamiento

Sin saber una de la otra, dos mujeres inmigrantes comparten la experiencia de vivir episodios de violencia, que se exacerbaron durante la cuarentena. Ser extranjeras las ha hecho más vulnerables ante los abusos de sus parejas y excónyuges, respectivamente

Texto: Zurya Escamilla |Yasmina Yeril Hera |
Con colaboración con Jefferson Díaz

Ilustración e infografía: Grecia Nexans

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La batalla por recuperar a su hijo

El pánico envolvió a Jessica [*]. Aunque la discusión con su pareja y la familia de él, una vez más, le había descompuesto el ánimo, lo que realmente la atemorizó fue la ausencia de su hijo, de dos meses de edad, a quien no encontró en la cuna. El pequeño había desaparecido apenas unos minutos después de que ella fuera a lavarse la cara, producto del altercado que había tenido con Arturo, el padre del niño y su pareja.

Corría la última semana de abril. Hacía más de un mes que el gobierno ecuatoriano había anunciado el primer decreto ejecutivo que daba inicio también al primer estado de excepción para prevenir la propagación del COVID-19. Ese viernes en la mañana, los conflictos que ya tenía con los familiares de su pareja, a quien llamaremos Arturo, se avivaron por teléfono con la madre de él.

“Ya teníamos muchas discusiones porque ellos no me aceptaban desde que quedé embarazada. Siempre me ofendían por ser venezolana, “veneca”, me decían, o que las venezolanas somos prostitutas o ladronas, y ante cualquier situación o problema que había en la familia querían involucrarme (..) ya estaba cansada de tantas humillaciones (...) ese día exploté y también la insulté cuando ella me ofendió (…) tampoco soy una boba”, relató.

La respuesta de Jessica ante los insultos de la madre de Arturo, entre los que se incluyeron en estos últimos ataques xenófobos, lo molestaron tanto a él que, en el reclamo, le lanzó platos y otros utensilios al piso, además de empujarla y halar sus cabellos. Solo se detuvo cuando ella empezó a defenderse y a regresarle los platos.

“Estaba obstinada, hasta la persona más cuerda llega a su límite. Él me gritaba que era una loca, pero yo estaba cansada de las humillaciones”, relató.

La discusión con él le causó sangrado por la nariz y un hormigueo en el cuerpo, tal como le había ocurrido en el pasado cuando se le subía la tensión en pleno embarazo, recordó.

Jessica, de 27 años de edad, quedó sufriendo de hipertensión, tras vivir un embarazo de alto riesgo, cuyos últimos meses de gestación pasó en un refugio, debido a que fue desalojada a la calle por no pagar la renta que Arturo había prometido cancelar en aquella oportunidad, antes de los continuos conflictos familiares los llevaron a separarse, hasta darse una oportunidad de nuevo.

Pero ese viernes en la mañana del mes de abril, Jessica se arrepintió de haber regresado con él.  La mujer fue a la ducha para tratar de calmarse por el pleito, pero al salir del baño se consiguió con la sorpresa de que su bebé, a quien había dejado en la cuna, ya no estaba. Tampoco su pareja ni sus documentos de identidad. Arturo se los había llevado junto a una pañalera.

Desesperada, caminó las 12 cuadras que la llevaron hasta la casa de la mamá de él para buscarlo y pedirle que le devolvieran a su hijo y sus documentos, pero al llegar, recibió ofensas y la negativa de la familia de entregarle el niño.

“Lloré desesperada en la puerta de esa casa, imploraba que me lo devolvieran, es mi hijo cómo me lo iban a quitar”, les decía. Pero solo se quedó con un portazo en la cara, sin nadie que la apoyara.

“Me gritaban que estaba loca, drogada, para que los vecinos escucharan y como no tengo papeles, amenazaban con llamar a migración”, contó entre lágrimas.

Cuando Jessica emigró a Ecuador, en 2018, tenía 25 años, y una de las primeras personas que conoció fue al actual padre de su hijo, de 36 años. Ambos trabajaban en el sector automotriz. Al poco tiempo se enamoraron y ella quedó embarazada. Aunque en un principio la aceptaron, cuando la familia supo que esperaba un bebé la relación se hizo tormentosa entre ellos, aseguró. A tal punto que a los cuatro meses de embarazo Arturo decidió dejarla, pese a la promesa de que a ella y al bebé no les faltaría nada.

Sin trabajo y sin dinero, terminó en un refugio que aloja a inmigrantes en condiciones de pobreza extrema y con ocho meses de embarazo, luego de que el dueño del arriendo donde vivía botó sus pertenencias a la calle por retrasos en el pago. Las tensiones que vivió desde el embarazo y los continuos conflictos le pasaron factura a la salud de ella y del bebé, quien nació en condiciones críticas.

El día que dio a luz, Arturo y su madre, quien en el pasado le había dicho que ese hijo no era de él y que se embarazó para obtener los papeles, le ofrecieron disculpas y le pidieron que se fuera a vivir con ellos. Cuando lo hizo, descubrió que la familia tenía fuertes antecedentes de violencia doméstica, en especial por parte del hijo mayor, y hermano de Arturo, quien de manera frecuente agrede físicamente a la madre. El hombre también tiene antecedentes de agredir a su expareja, a quien le había arrebatado a sus hijos en una situación similar como la que ahora vivía ella.

“Esa fue la peor decisión que pude haber tomado, nunca debí regresar con ellos”, se dijo a sí misma, ahora que recordaba el pasado frente a la casa, mientras gritaba y pateaba sin cesar el portón y exigía que le regresaran a su hijo.

 “No me importó siquiera que su hermano me pegara para quitarme del portón, yo no me iba ir de allí hasta que no me dieran a mi hijo”, agregó.

Jessica reconoce que entró en desesperación a medida que pasaban las horas. Vecinos de lugar intentaban calmarla y en apoyo le dijeron que llamarían a la policía para ayudarla.

Su sorpresa sería que la familia de su pareja también llamaría a oficiales de la zona, cuya policía tiene estrechas relaciones con ellos, asevera, porque  Arturo “es compadre del jefe de la policía y su hermana sale con un sargento”, denunció.

“Llegaron dos patrullas con cuatro policías y entraron a la casa. Luego al salir me dijeron: 'Señora, si usted no se calma vamos a llamar a migración y detenerla por hacer un escándalo en la vía pública, en pleno toque de queda' (…) yo les dije que llamaran a migración (…) lo único que quería era que me devolvieran mi hijo, ellos lo tienen y además me golpearon”, les dijo a los funcionarios en referencia a los puñetazos que recibió del hermano de su pareja, en la cara y en la mano, cuando pateaba el portón en reclamo por su hijo.

Jessica recuerda que uno de los agentes que “me vio llorando desesperada” logró conmoverse y con disimulo le dijo que le facilitaría el número de una ONG “que ayuda a los venezolanos” y de la DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes).

“Poco después llegó una funcionaria y los policías se fueron. Yo estaba tan alterada por la rabia que me desmayé (…) los vecinos llamaron a los bomberos, quienes me atendieron. Lo único que pudo tranquilizarme fue cuando caí en cuenta de que la funcionaria de la DINAPEN de verdad me iba a ayudar”.

“Señora, aquí nadie le va a quitar su hijo, así usted no tenga papeles ese es su hijo y nadie se lo va a quitar (…) y acá no se acepta la xenofobia”, le respondió la representante de DINAPEN a la madre de Arturo, que desde la casa la seguía insultando.

Y así fue, gracias a la mediación de la funcionaria, la madre de Arturo tuvo que reconocer, después de mucho negarlo, que el pequeño sí estaba en su casa y que incluso en este tiempo su madre no lo pudo amamantar. Habían pasado ocho horas, desde las 9:00 de la mañana, cuando se lo llevó Arturo, hasta las 3:00 de la tarde, cuando finalmente lo recuperó.

En consecuencia, su pareja fue detenida, por poco tiempo, bajo el delito de violencia intrafamiliar por los hechos ocurridos en una vivienda del barrio San Miguel, en el sector Calderón (Panamericana Norte), ubicado en la ciudad de Quito.

Después de resistirse, el hombre accedió a entregarle también sus documentos. De acuerdo con la boleta de auxilio y restricción emitida por el poder judicial, en el mes de mayo, Jessica recibió una medida administrativa de protección inmediata que ordenó la restricción de Arturo, tanto sobre ella como del niño,  y se le otorgó un dispositivo de alerta electrónico, más conocido como botón de pánico. La medida se dio tras la denuncia ventilada ante la Comisaría Nacional de la Policía, en la parroquia San Antonio de Pichincha, cantón Quito.

Lidiar con la xenofobia

Tras el episodio una ONG, que atiende a venezolanos en Ecuador, intentó conseguirle un albergue. Estaba previsto que se resguardara en la Casa de la Mujer, en Quito. No obstante, le exigieron verificar su condición de salud para asegurarse de que no tuviese coronavirus ante la emergencia sanitaria mundial, pero “no tenía los 180 dólares para hacerme una prueba, ni quién me los prestara”, como le exigían para recibirla. De no tener la prueba, debía buscar un certificado de salud en los hospitales públicos, pero esa tampoco era la mejor opción ante el colapso provocado por la propagación del COVID-19 en Ecuador.

Así que acudió a un centro de salud junto al representante de la ONG que le dio acompañamiento. Sin embargo, la médico de turno la increpó y le dijo que ella no recibía a venezolanos. Cuando finalmente la especialista se vio obligada a atenderla, tras la advertencia de la ONG, que le recordó que eso constituía xenofobia, la médica alegó que no podía otorgar el certificado porque no tenía autorización, así que no pudo entrar a la sede de la Casa de la Mujer, en Quito, como se había intentado prever, pues carecía del documento de salud.

Desde entonces, han sido meses duros para Jessica y su bebé. Ambos han pasado por tres albergues temporales antes de conseguir uno que tuviera las condiciones mínimas para poder estar tranquilos. Uno de ellos fue la Fundación Nuestro Jóvenes, una institución privada sin fines de lucro, que trabaja por y para los grupos de atención prioritaria.  Finalmente, llegó a un refugio donde permanece aún, mientras pasa la pandemia y puede reorganizar su vida alejada de Arturo, quien, días después de lo ocurrido, la seguía acosando por mensaje.

Cuando las palabras hieren

En el caso de Andrea [*], otra víctima de violencia durante la cuarentena, la puesta en marcha del decreto de estado de excepción del 16 de marzo, vino a ser un ingrediente más a un problema de violencia verbal y psicológica que ya venía arrastrando en silencio. Ella llegó proveniente de Venezuela a Ecuador, en 2016, junto a su esposo Jesús y sus dos hijos, hoy de 14 y siete años de edad. La familia se estableció en la ciudad San Miguel de Ibarra, capital de la Provincia de Imbabura, a 114 kilómetros de Quito.

Cuenta que eran frecuentes los insultos y humillaciones que él descargaba sobre ella. La situación se hizo tan insostenible, en diciembre de 2019, que le advirtió que acudiría a la Policía Nacional, con la intención de que el hombre abandonara la vivienda ante el maltrato que estaban percibiendo, pero él la amenazó. Le dijo que no se iría porque él pagaba el arriendo y los servicios.

Las tensiones en el hogar aumentaron. Esta vez las agresiones verbales apuntaban al hijo varón y mayor de Andrea, producto de su primera relación. Tanto así, que los continuos atropellos la llevaron a denunciarlo, finalmente, ante las autoridades.

Poco después, el hombre perdió su trabajo casi inmediatamente de la publicación del decreto de aislamiento obligatorio. Sin embargo, desde enero había dejado de pagar la renta de la casa, sin avisarle a Andrea, quien lo supo a los tres meses, lo que puso en riesgo la estancia de todos en el hogar.

También dejó de aportar dinero para la comida y los servicios. Lo único que hacía era amedrentar, gritar, acosar y lastimarla a ella y su hijo mayor. El nivel de agresión psicológica y verbal se hizo tan hostil y peligroso en la convivencia, que ella se vio obligada a volver a solicitar el apoyo de la policía, llamando al Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) para obligarlo a que, en esta ocasión, sí abandonara la vivienda.

Andrea recuerda el episodio con tristeza y pena porque su pareja mantuvo las ofensas y la actitud violenta incluso frente a la policía, quienes le advirtieron al hombre que si no se calmaba sería detenido. No obstante, el sentimiento que todavía la une a él preló en ese momento y decidió no denunciarlo formalmente.

“Señora, tiene todos los argumentos para denunciar a su esposo. Incluso con nosotros acá se atrevió a violentarla verbal y psicológicamente”, le advirtió el oficial de la policía.

Por su cabeza pasaba la idea de que en la cárcel Jesús sería maltratado. “No quiero tener cargo de conciencia con mi hija por haber metido a la cárcel a su padre”, comentó apenada. 

Jesús no volvió a la casa. La pareja se encuentra separada actualmente. Los une, además de su hija en común, la obligación de cumplir el contrato de arrendamiento, pero es ella ahora quien sostiene el hogar. Tuvo que asumir el compromiso de los pagos pendientes que dejó su pareja, para mantenerse en la vivienda. Y pese a la pandemia, ha tenido que salir a trabajar aseando viviendas o dedicarse a la venta en el comercio informal.

No obstante, el acoso y los insultos no han cesado. Jesús la llama constantemente con la excusa de hablar con la hija de ambos, pero antes de que le comunique a la niña, la insulta.

“Tú eres una mala madre, floja, y en cualquier momento te voy a quitar la custodia”. Es el mensaje que le sigue dejando, mientras intercala con insultos.