Costa Rica: Forzadas a ceder a la violencia, para evitar quedarse en la calle

En Costa Rica se contabilizan seis feminicidios confirmados hasta el 17 de junio de 2020, según cifras de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Feminicidio, de un total de 24 muertes de mujeres ocurridas en esa fecha
Texto: Alejandra Araya
Ilustraciones: Frank Bready Trejo
Infografía: Yordán Somarriba


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En medio de la crisis sanitaria más fuerte de los últimos 100 años, que llevó a las familias a permanecer en casa para proteger su salud, sigue aumentando el riesgo a la integridad física, psicológica, sexual y de la propia vida de las mujeres en Costa Rica, por las medidas de aislamiento que las mantiene con parejas y familiares que han convertido sus vidas en un infierno.
Así lo revela la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), máxima institución rectora en salud pública del país que, entre enero y abril de 2020, recibió 2.700 manifestaciones de violencia en sus clínicas, hospitales y Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais). De ellas, 80% correspondieron a mujeres.
Las estadísticas de la CCSS confirman que el grupo más vulnerable fue el de mujeres entre 10 y 19 años de edad, seguido de las mayores a 60 años.
El confinamiento en Costa Rica inició el 18 de marzo, tan solo en ese mes se atendieron 685 casos a nivel médico, y para abril, la cifra disminuyó a 391, cuando muchos hospitales estaban cerrados.
La mayoría de esas manifestaciones de violencia ocurrieron en la Región Central Sur, seguida de la Central Norte y en tercer lugar Huetar Norte. Aquí es importante mencionar que las regiones Central Sur y Central Norte tienen mayor densidad poblacional y presentan un número más alto en la cantidad de registros.
Mariela Víquez Ramírez, administradora de la ONG Casa de la Mujer, ubicada en Pérez Zeledón, zona sur de Costa Rica, reconoce que el tipo de violencia más frecuente en cuarentena fueron las agresiones físicas y luego las psicológicas.
Los reportes diarios de abusos sexuales dentro de las parejas, muy frecuentes en Costa Rica, también fueron una tendencia en confinamiento, de acuerdo con Wendy Solís, psicóloga clínica de la Casa de la Mujer.
“Las pacientes indican que, aunque dijeron que ‘no’, han tenido que cumplir en materia sexual, porque el hombre ‘está estresado, está molesto’. Así, forzadas a tener relaciones, muchas tienen miedo a denunciar porque cuando se realiza un proceso legal, se notifica al agresor. Las víctimas prefieren quedarse calladas buscando una solución, asesorándose por otros medios que desconozca su pareja. Sus agresores les hacen creer que ellas son las culpables”, expresó la especialista, quien diariamente atiende casos de agresión en la zona sur de Costa Rica.
Con el teletrabajo o la ausencia de empleo, debido a los despidos que han realizado las empresas impactadas por la pandemia, muchas víctimas callan las agresiones. Los casos atendidos por Solís incluyen a mujeres que, por miedo, evitaron denunciar.

Muertes pendientes

La actualización de datos estadísticos en el Poder Judicial sobre la cantidad de mujeres asesinada es mínima. Tampoco existe información que se tome con la debida importancia, ya que durante el confinamiento se evidenció la ausencia de medidas especiales para atender los casos, más allá de seguir con el protocolo establecido. 
De un total de 24 muertes de mujeres ocurridas hasta el 13 de mayo, la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio de Costa Rica, solo había confirmado cinco feminicidios.
De las 19 muertes restantes, una fue excluida por la Fiscalía Adjunta de Género como feminicidio y 18 aún tampoco han recibido clasificación, pues están a la espera de los informes policiales o periciales correspondientes.
Al 17 de junio, se habían registrado ya seis feminicidios confirmados por la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Feminicidio en Costa Rica, de un total de 32 muertes de mujeres ocurridas a esa fecha.
Darcy Araya, psicóloga del área de violencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu),  cuestiona estas cifras, debido a que la situación sanitaria en Costa Rica ha limitado la posibilidad de que las víctimas puedan pedir auxilio en caso de que estén viviendo alguna situación de violencia. El periodo de confinamiento cerró la oportunidad de realizar llamadas telefónicas o recurrir personalmente a algún servicio de ayuda para alertar, refirió.

Despojadas de su hogar

Pese a que cada vez más mujeres cuentan con independencia económica, ninguna está exentas de ser víctimas de violencia económica. De hecho, los reportes de Casa de la Mujer indican que mujeres profesionalmente activas quedaron en la calle porque sus propias parejas las corrieron del hogar.
Solís destaca que, en esta coyuntura, se incrementaron las presiones para que las mujeres compartieran sus claves y tarjetas bancarias con los violentadores.
“Si hay un de acuerdo o se niegan, se desata la violencia física y las echan de casa. Esta situación es recurrente en mujeres mayores a 30 años o en adultas mayores, quienes ─en el mejor de los casos─ buscan refugio con sus familiares o amigos, pero que también llegan a los albergues y casas de refugio”.

Realidad debajo de las cifras

El servicio de emergencia 911 reportó que, de marzo hasta el 5 de mayo, la cantidad de llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar fue de 1.000 registros menos respecto al año pasado, es decir, pasó de 27.572 a 26.531 llamadas.
No obstante, la disminución de llamadas con respecto a otros años está lejos de ser un indicativo de la reducción de la violencia en Costa Rica, más aún cuando las ONG reportan un incremento en las atenciones diarias.
La psicóloga Darcy Araya destaca que en este tiempo muchos agresores estuvieron dentro de sus casas con sus víctimas, lo que cohibió las denuncias por temor a represalias.
Raúl Morales, coordinador del área de violencia de género de la Fuerza Pública, habla de dos momentos en el tema de denuncias: primero, en un escenario normal, donde las mujeres callan por temor y también por estar inmersas en el ciclo de violencia, y segundo, con el confinamiento, cuando es más complicado hacerlo porque tiene al agresor en casa.
Es necesario analizar también el contexto de estrés y la ansiedad derivada del COVID-19, dijo Solís, “porque el confinamiento dentro de los hogares desequilibró un rol normal de vivencia en algunos hogares”. Pero, además, “limitó la posibilidad de denunciar”, agregó Araya.
Tan solo en la Casa de la Mujer, en la zona sur de Costa Rica, recibieron en ese periodo entre 10 y 15 llamadas al día. ONG advierten que podría existir un subregistro. 
“Todo ha ido en incremento, hay muchas llamadas que se han reportado y se han tratado por medio de las redes de apoyo y los medios de protección”, expresó Solís.
Esta posición la comparte Mariela Víquez Ramírez, presidenta de Casa de la Mujer y administradora educativa con 22 años de experiencia en el tema, quien asegura que solo de marzo a mayo atendieron directamente 50 nuevos casos, mientras que a los juzgados llegaron casi 600.
Víquez Ramírez resalta que, aunque la vulnerabilidad de las mujeres se elevó durante la cuarentena, “la agresión se vive con o sin pandemia. Muchas están dentro de sus hogares haciendo teletrabajo, a esto se le suma la atención de los niños y en muchos casos el espacio donde viven es muy reducido. También, las dificultades económicas que enfrenta el país que eleva aún más el estrés y, con ello, las expresiones de violencia”, aseguró.

ONG asumen labores del Estado

En el caso de Costa Rica, el trabajo que realizan las instituciones estatales para atender el problema de la violencia en contra de las mujeres se ejecuta en red; por lo que la mayoría de los casos son coordinados por la policía, los juzgados, las instituciones estatales de ayuda y las organizaciones de la sociedad civil.
De este modo, brindan apoyo psicológico ante situaciones de emergencia, para luego pasar a la parte legal. Sin embargo, y a pesar de que hay algunos albergues estatales para mujeres en riesgo, la mayoría de ellos son atendidos por la sociedad civil con recursos propios.
Conjuntamente, se trabaja en monitorear las redes de apoyo, en empoderar a las mujeres y en fortalecer su independencia económica. Por ello, incluso pagan un trimestre de alquiler cuando ellas han decido salir de su casa.
Sin embargo, es insuficiente con interponer la denuncia ante las autoridades judiciales o la Fuerza Pública, el acompañamiento debe ir más allá. El sistema carece de una ayuda inmediata a nivel psicológico  y, entonces, solo se les anima a interponer la denuncia penal, pero ni siquiera se les brinda un seguimiento. En su mayoría, las víctimas son referidas a organizaciones sociales.
Esa es la razón por la que las mujeres a menudo son referidas por la Corte hacia la Casa de la Mujer en Pérez Zeledón, una de las 20 comunidades de Costa Rica con mayor registro de agresiones en contra de la mujer.

El impacto de la falta de denuncias

Del total de llamadas que ingresaron al 911 entre marzo y hasta el 29 de mayo de este año, la Fuerza Pública realizó 10.093 intervenciones policiales en el sitio; mientras que, en 2019, estas sumaron 10.323.
Hay otras medidas que, más allá de la denuncia, también preocupan a las organizaciones de mujeres porque desamparan a la víctima. Por ejemplo, según el informe del 911, solo de enero a marzo 2020 hubo 1.576 incumplimientos de medidas de protección de las 14.513 ya establecidas en el país, así lo dio a conocer Raúl Morales, coordinador del área de violencia de género de la Fuerza Pública.
Sucede muchas veces que, cuando la Policía llega a la vivienda, ya pasó el episodio agudo de la violencia. Entonces, algunas víctimas que están inmersas en el ciclo se quedan sin denunciar.  Esto hace difícil el cumplimiento de medidas de protección. Falta informar a las mujeres que, al enfrentar una situación de este tipo, también deben de presentar el caso ante el Ministerio Público.

Cifras contradictorias

Mientras el informe del 911 muestra menos denuncias durante el periodo de contingencia que en el mismo lapso de 2019, la investigación de la Fuerza Pública muestra lo contrario.
Entre marzo y abril, se contabilizaron 5.570 medidas de protección, 1.185 desalojos por violencia doméstica. En este caso, la víctima perdonó al agresor y él volvió a casa; además, 279 hombres desobedecieron la orden de no acercarse a la víctima y 224 víctimas incluso tuvieron que cambiar de domicilio.
En la actualidad, hay una falta de control para saber si estos casos son reincidentes, es decir, si corresponden a diferentes periodos donde la misma víctima lo perdona y regresa al ciclo de violencia.
Por otra parte, el informe de la Fuerza Pública indica que se han decomisado 31 armas de fuego y 18 armas blancas en el lugar de la intervención. ¿Qué hubiera sucedido si los oficiales no hubieran acudido al sitio? Posiblemente, la cantidad de víctimas sería mayor y aún más preocupante, las mujeres, además de ser intimidadas con golpes, también los son con pistolas y cuchillos que ponen en riesgo su vida e inhiben la denuncia, advierten ONG.

A la espera de justicia

El Poder Judicial emitió una directriz para el caso de pensiones alimentarias y violencia doméstica intrafamiliar, de manera  que continuará el protocolo con el que se venía trabajado.
La Fuerza Pública, por su parte, canalizó 1.154 denuncias al Poder Judicial, al INAMU y a otras instancias para dar seguimiento a un hecho que podría ser de mayor cuidado.
Es llamativo el hecho de que cuando inició el registro de los datos a partir del primer trimestre de 2020 el Poder Judicial tuvo 45.960 casos activos. Al finalizar ese mismo periodo o trimestre contabilizaba 46.650, por lo que marzo terminó con más cantidad de casos, que los registrados a inicios de enero 2020. Actualmente, se desconoce cuántos han sido llevados a juicio.
Durante el periodo de confinamiento, marzo-mayo, se desconoce cuántos casos más ingresaron, lo que engrosaría la lista de espera; más aún cuando los juzgados estuvieron cerrados, aunque se realizó teletrabajo, hay un dato ciego que impide conocer si realmente se procesaron las denuncias, cuáles se hicieron y cuántas pasaron a formar parte de una lista de espera ya existente. Además, se desconoce si realmente el Poder Judicial tiene la suficiente cantidad de trabajadores para analizar los casos, o si, por el contrario, se labora con sobrecargo. 
El Observatorio de Género del Poder Judicial muestra estadísticas de periodos muy distantes que vale la pena también resaltar. Por ejemplo, en un análisis realizado de 2007 a 2017, muestra que 45% de los atacantes en casos de feminicidio fueron esposos y 79%, conviviente, nombre que la institución asigna a la pareja en unión libre.
Este dato confirma que el agresor está dentro de las casas y las víctimas conviven a diario con él. “La mayoría de los agresores han tenido un aprendizaje anterior, ya que ellos crecieron viendo a sus padres, a sus abuelos (…) es la repetición de un patrón”, aseveró Rízquez.

Tomados por sorpresa

La pandemia de COVID-19 tomó por sorpresa al mundo y a las 22 instancias que conforman el sistema de atención, prevención y promoción de las mujeres víctimas de violencia de género en Costa Rica, entre las que se encuentran universidades, organizaciones y conformaciones de redes locales. Raúl Morales reconoció que a algunas instituciones les faltó claridad en la atención de género durante el periodo de confinamiento.
Solís considera necesario reforzar la atención en las zonas rurales y áreas vulnerables. Aunque al centro del país hay una mayor cantidad de denuncias penales según datos del Poder Judicial, es a las zonas ubicadas en la periferia de la Gran Área Metropolitana donde menos llega la ayuda. La especialista propone definir líneas de atención mediante plataformas digitales, donde se pueda brindar asesoría especializada a las víctimas.


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