Chile: Violencia machista, una debilidad de la justicia chilena más allá del COVID-19
La batalla de Santiago, así denominó el gobierno chileno la lucha contra el coronavirus, pero la guerra sin cuartel se libra en los hogares, donde las mujeres viven confinadas con sus agresores, con pocas o nulas vías de escape, en medio de la pandemia. En 256% aumentaron los llamados al fono de emergencia del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en mayo de 2020, respecto al mismo mes del año anterior
Texto: Marjuli Matheus/Paola Palacios Macario
Ilustración: Pierre Daboin | Antonio Ramírez
Infografía: Grecia Nexans | Denisse Martínez
Eliana Urra Colicoy,
madre de tres hijos, había denunciado
a su expareja y conseguido medidas de alejamiento, pero esto no impidió que,
el 14 de junio, Marcelo Sepúlveda Chávez (46) violara la restricción judicial
y asesinara a puñaladas a la mujer de 48 años, en su residencia ubicada en la
comuna del Cunco en La Araucanía, región central de Chile.
El caso es uno de los
femicidios perpetrados en el mes de
junio mientras el país se encuentra en cuarentena debido a la pandemia por
coronavirus. La justicia actuó con diversas medidas previas contra el agresor,
pero fue insuficiente para evitar una muerte más a causa de la violencia
machista.
Viviana Estrada fue
torturada y apuñalada por su expareja. Tenía 38 años de edad y acudió
a la residencia que una vez compartió con Julio
Vásquez (64)
para llevarse sus pertenencias. El hecho ocurrió en la comuna de Colina en
la Región Metropolitana de Santiago, el 22 de abril, durante la cuarentena total dictada por las autoridades
chilenas en la capital, para contener la expansión de contagios por
COVID-19.
Viviana es una de las
cuatro mujeres asesinadas en el mes de abril, en Chile, mientras cursaban
cuarentenas en diversas comunas del país. Ella se había separado del agresor un año antes, ya tenía otra pareja y, al
momento del femicidio, estaba embarazada, según informó su hija de acuerdo
con datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. El femicida se dio a la fuga y,
posteriormente, se suicidó.
Casos como estos se
repiten en Chile, pese a los esfuerzos de
las autoridades y organizaciones sociales por combatir la violencia hacia
las mujeres y evitar la máxima expresión de esta, que es el femicidio.
El gobierno chileno, a través de
sus diferentes instancias, emprendió campañas dirigidas a brindar apoyo a las
mujeres víctimas de violencia durante la pandemia. “Mascarilla 19” fue una de las más notorias. Con ella, se
instruyó al personal de las farmacias en todo el país a brindar apoyo a las
mujeres que pidieran con este código ayuda en esos establecimientos.
Además de las vías regulares de
ayuda, como el fono de emergencia 1455 del Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género o el número 133 y 149 de Carabineros, también se implementaron formas
de contacto con las autoridades que facilitaran los pedidos de ayuda en un
contexto en el que las mujeres pueden estar más vigiladas. Así, dispusieron un chat
online y el número de WhatsApp +56 9
9700 7000 para que pudieran escribir sus denuncias de forma privada y
silenciosa sin ser escuchadas por sus agresores.
Igualmente, diversas organizaciones
sociales se agruparon en la campaña #EntreRedNosCuidamos
para ofrecer distintas formas de apoyo y divulgar información contra la
violencia hacia las mujeres.
El país carece aún de
una ley que proteja específicamente a las mujeres de la violencia machista,
como en otros países de América Latina, pero diversas iniciativas jurídicas
han buscado brindarles ese marco legal de protección.
Desde el año 2005 existe
la Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF) que “tiene por objeto prevenir,
sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las
víctimas de la misma” y obliga al Estado a adoptar medidas para
garantizar la vida e integridad de todas las personas que conviven en un hogar,
donde cerca del 80 % de las
víctimas de violencia en los hogares son mujeres, según cifras de la Fiscalía chilena.
Dentro de la ley VIF se
le asigna al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género la tarea de
proponer al Ejecutivo políticas públicas “orientadas a prevenir la violencia
intrafamiliar, en especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños, y
a prestar asistencia a las víctimas”.
Yulisa Belén Cerda Aguilera estaba en su vivienda el lunes 27 de abril, en La Serena, ciudad
de la costa central chilena, confinada por la
cuarentena como el resto de la Región de
Coquimbo. Ese día, Ignacio Andrés Castillo Montenegro (24), su expololo,
decidió acabar con la vida de la joven de 22 años de edad. Luego de
dispararle con un arma de fuego, huyó. El femicida ya tenía denuncias por
violencia intrafamiliar.
Numerosas modificaciones
se han propuesto en la legislación chilena para ampliar causales y dar
mayor protección a las mujeres, así como garantizar justicia y que los
agresores sean castigados.
Uno de los grandes vacíos
que existía era la tipificación del femicidio que, hasta marzo de 2020, solo se
consideraba como aquel “asesinato de una mujer realizado por quien es o ha
sido su esposo o conviviente”. Esto dejaba por fuera a los pololos -como se les dice a los novios en Chile- y expololos.
En 2018, con el
asesinato de la adolescente Gabriela Alcaíno (17), a manos de su expololo,
se impulsó la “Ley Gabriela” con la que se buscaba incluir como
femicidios los asesinatos cometidos durante las relaciones de noviazgo o
exnovios de las víctimas.
De no ser por la
promulgación de la Ley Gabriela, un mes antes del asesinato de Yulisa, el
crimen no habría sido contado por las autoridades como un femicidio.
Violencia machista y pandemia
El 18 de marzo fue
decretado por el presidente Sebastián Piñera el “Estado de Catástrofe” por
90 días en el país, debido a la proliferación de casos de COVID-19 en el
territorio; para esa fecha, en Chile ya se habían perpetrado nueve
femicidios. El 15 de junio el gobierno extendió por 90 días más el
decreto, ya se contaban 21 femicidios en el país.
Entre el 1 de enero y el
10 de junio de 2020, la
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres contó 20 femicidios de los
cuales 10 que ocurrieron durante la pandemia. En ese mismo período, el
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género reportó 17
femicidios consumados y 48 femicidios frustrados.
La razón de la discrepancia
en las cifras radica en que el ministerio no contabiliza tres casos en
los que el victimario no tenía, o no se pudo comprobar, una relación
sentimental con la víctima.
Por su parte, la Fiscalía General de Chile
entregó cifras en una solicitud de información pública para esta investigación.
El total, de enero a mayo 2020, asciende a 87
femicidios, consumados o frustrados, de los cuales 58 se perpetraron
durante los primeros meses de la pandemia, entre marzo y mayo. Solo en
marzo, se registraron 257% más femicidios que en el mismo mes del año 2019.
Uno de los casos listado
por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que el ministerio
excluyó, ocurrió durante la cuarentena en la Región del Bío Bío, en la zona
central del país. Fue el asesinato de Carmen Toro Durán, de 68 años de edad,
quien sufrió traumatismo craneoencefálico luego de ser violada y golpeada por
hombres no identificados.
El confinamiento
obligatorio en el contexto de la pandemia por coronavirus, exacerba
problemas preexistentes. La pobreza, la desigualdad y la violencia son
algunos de ellos, coinciden los expertos consultados.
Las tensiones en el
hogar pueden aumentar por el encierro, el desempleo y la incertidumbre. En
el caso de la violencia machista, si a estas tensiones le sumamos que los
agresores tienen el control total de sus víctimas, el panorama es
preocupante.
Si bien la violencia
machista en la pandemia se trata de un fenómeno en desarrollo,
organizaciones sociales y activistas piden extremar las medidas de protección a
las mujeres, pues luce obvio que están más expuestas a sus agresores
durante el confinamiento y con menos puentes de ayuda y oportunidades de
denuncia.
Loreto Franco, jefa nacional
del Servicio Nacional para la Mujer y la Equidad de
Género (Sernameg), llamó a evaluar con cautela las
cifras. “La violencia es un fenómeno que no tiene estacionalidad y
se puede comportar de distintas formas (…) aventurarnos a decir que, si han bajado
las denuncias, no hay violencia, es muy riesgoso, tenemos que ir viendo de a
poco por qué se produce este fenómeno, sin embargo, la tranquilidad que
queremos tener es que nosotros hicimos todo lo posible para buscar todos
los canales de ayuda y de disposición a nuestras mujeres en Chile (…) los
estudios vendrán una vez que podamos analizar los datos y estos vayan
madurando(…)”, explicó.
Al inicio de la pandemia,
en marzo, la ONU
exhortó a los gobiernos a
“no abandonar a las mujeres” en medio de la emergencia por el COVID-19.
Alertaron que la crisis sanitaria afecta de forma diferenciada a las mujeres
y las medidas restrictivas para contener los contagios por coronavirus, aumentan
el riesgo de ser víctimas de violencia machista.
Alejandra Espinoza,
abogada especialista en Violencia de Género y Magíster en Violencia, indicó que
su despacho ha recibido un sinfín de consultas de mujeres que están siendo
hostigadas por sus exparejas quienes, en el contexto de la cuarentena, las
amenazan con quitarles a los hijos que tienen en común. Alerta sobre esta
forma de violencia psicológica que muchas mujeres están viviendo en
medio de la pandemia.
Espinoza destacó que están
operativos y funcionando los sistemas de protección para mujeres víctimas
de violencia. Tal es el caso de las casas de acogida que sirven de
refugio par la mujeres que necesitan salir de los entornos de violencia.
El SernamEG informó en su
sitio web que estos refugios están “100% operativos” en el contexto de la
pandemia y que se han implementado protocolos sanitarios para garantizar su
operatividad segura ante el riesgo de contagios.
Aumentan llamados bajan denuncias
A medida que se fueron
prolongando las cuarentenas debido a la pandemia por COVID-19 la cantidad de llamados
al 1455, fono de emergencia del Ministerio de la Mujer y EG, aumentaron
de manera exponencial.
Durante el mes de mayo de
2020, las llamadas registraron un alarmante incremento de 256% con relación
al mismo mes del año anterior. En abril, el alza fue de 206% y en marzo 73%, según cifras entregadas por el ministerio en una petición de
información pública para esta investigación.
Mientras los llamados
aumentan, las denuncias disminuyen. Esto se explica porque las víctimas
están confinadas con sus agresores, los tribunales están trabajando en
horarios restringidos y, en general, las mujeres tienen menos
oportunidades de formalizar este tipo denuncias.
De acuerdo con cifras
públicas de la Fiscalía chilena, el número de denuncias por violencia
intrafamiliar en marzo de 2020, cuando comenzó la cuarentena en el país,
disminuyó alrededor de 20%, los datos de los meses posteriores no habían
sido divulgados al cierre de esta investigación, salvo un adelanto de
cifras que mencionó el fiscal general, Jorge Abbott, en rendición de cuentas el
23 de abril, cuando informó que las denuncias por violencia intrafamiliar han mostrado
una fuerte baja, que se profundizó en la primera quincena de abril, con una
caída del 40%.
A inicios de mayo, la
entonces ministra de la Mujer y EG, Macarena Santelices, se reunió con
autoridades de Carabineros para analizar las medidas a tomar frente al
aumento de las llamadas al fono de denuncias de VIF. Una de las medidas fue
visitar y prestar mayor atención a la Región de O’Higgins, donde se registró
la mayor incidencia de VIF durante el primer trimestre del año, según las
autoridades.
“No importa si sus
comunas están en cuarentena o es horario de toque de queda, si tienen que
salir a pedir ayuda personal de carabineros las apoyará. Obviamente, no se
levantarán acciones por quebrantar el toque de queda o la cuarentena, siempre
y cuando sea una situación en la que están pidiendo auxilio”, dijo la
generala de Carabineros, Berta Robles, jefa de Zona de Prevención y Protección
de la Familia.
La información la dieron
en un punto de prensa el 11 de mayo y señalaron que, en muchos casos, cuando
llega el personal de carabineros al lugar por una llamada al fono de
emergencia, las mujeres se retractan. Como se sabe que esto ocurre casi
siempre por el temor al agresor, los funcionarios de Carabineros están
presentando la denuncia de todas maneras al Ministerio Público para que
quede el antecedente.
Espinoza enfatizó que es importante
hacer las denuncias, indicó que los tribunales siguen trabajando con
algunas restricciones, pero señaló que los casos de violencia intrafamiliar,
contra la mujer y contra los niños, siguen teniendo prioridad en medio de la
pandemia. “No se van a quedar sin protección porque los tribunales de
familia hacen estas audiencias, los tribunales de garantías hacen controles
de detención, los fiscales siguen trabajando”, aseguró.
En medio del
confinamiento, las autoridades chilenas tienen diferentes vías para que
las víctimas o testigos de violencia machista puedan hacer las denuncias.
Por ello, la abogada enfatiza la importancia de que la ciudadanía esté
informada sobre estos mecanismos. “Los canales están, pueden llamar al
tribunal de familia, a la Fiscalía, a Carabineros. Se han dispuesto formas
de hacer denuncias en línea. Incluso el Poder Judicial ha establecido una forma
de videollamadas para poder tener contacto directo con un funcionario del
tribunal cuando la mujer necesita orientación. Entonces, los mecanismos
están, por eso recomiendo buscar información”.
Coincide en la
recomendación la jefa nacional del SernamEG. “La denuncia permite la
protección judicial, otorgarle una representación judicial a la mujer es
muy importante, así como otorgarle medidas cautelares que le permitan
estar en resguardo, y si no es así, le otorgamos también un botón de
emergencia a las mujeres donde se pueden contactar con nosotros y hacerles
el enlace directamente con carabineros”.
El miedo de la víctima
siempre estará presente, pero el mensaje que las expertas consultadas quieren
hacerles llegar es que hay medios de protección. “Nosotros hacemos
acompañamiento psicosocial que permite a la mujer generar tranquilidad,
concientizar y acompañarla respetando sus tiempos para cuando ella
quiera denunciar”, comentó Franco, del SernamEG.
Por su parte, la organización Acción
Mujer y Madre reportó que, en la campaña de prevención que emprendieron
en el contexto de la pandemia, solo 20% de las que usaron las vías de contacto
estuvieron dispuestas a hacer las denuncias. “60% de las mujeres que
llamaron eran de la Región Metropolitana de Santiago”, afirmó Virginia Palma
Erpel, presidenta de la ONG y asesora jurídica de la Municipalidad de Santiago.
Más allá de la capital
Hasta el 31 de mayo de
2020, en la Región de Los Lagos, al sur de Chile, el Juzgado de Garantía registró
un ingreso de 78 causas por violencia intrafamiliar, 15 más que en igual
periodo del año anterior, lo que implica un incremento de un 24%.
En el caso de Los Lagos,
región montañosa al sur de Chile, el
juez del tribunal, Alejandro Riveros, aseguró que están en coordinación
con Carabineros, Ministerio Público y Defensoría Penal para agilizar los
procedimientos de denuncias. Además, como medida complementaria, el
tribunal decidió poner en conocimiento al SernamEG, cada vez que se inicie
una causa en esta materia, para que cuente con los antecedentes y pueda
tomar contacto con las víctimas.
Por su parte, en la
Región de Coquimbo, al norte del país, entre el 18 de marzo y el 29 de mayo, el
Juzgado de Garantía también registró un incremento considerable en los casos
de violencia intrafamiliar en el contexto de la pandemia. Diego Rubí,
presidente de esa instancia, informó el 11 de junio que el aumento fue de 21%,
respecto al mismo período del año anterior.
Contexto de una pandemia de larga data
Entre el 6 y 8 de marzo
del 2019, la encuestadora Cadem realizó el estudio Nº 269 denominado “Encuesta Plaza Pública” en el que incorporaba a su cuestionario preguntas referentes al
movimiento feminista en Chile y las movilizaciones en contra de la
desigualdad de género en el país. Con una tasa de logro de 707 casos,
los resultados arrojaron que un 73% de la población consideraba a Chile como un país machista y tan solo un
23% creía que en la nación existía igualdad de género.
Este muestreo, en el que
el 90 % de los encuestados formaba parte de la población urbana y el 10 % de la
población rural, también vislumbró que solo un 13% creía que su país
había realizado cambios para avanzar en la igualdad de género. 85%
declaró que Chile necesitaba continuar con los cambios necesarios, para así
alcanzar dicha igualdad.
Durante ese mismo mes, más
del 75% de las mujeres consultadas en la encuesta de la Corporación
para la Regionalización del Bío Bío (Corbiobío) sobre “Percepciones Políticas y
Contingencia”, calificaba a
Chile como un país machista.
Este muestreo, con fecha
del 29 de marzo, realizado trimestralmente en las Regiones de Bío Bío y Ñuble,
arrojó que 38 % de las mujeres consultadas se había sentido alguna vez
discriminada o violentada solo por el hecho de ser mujer.
A este panorama se le
suman las cifras arrojadas por la Dirección del Trabajo del Gobierno
de Chile, en donde tan solo un 36.2 % de la población femenina integra el
mercado laboral de la nación. El estudio describe su inserción como “relativamente
tardía y una de las más bajas de América Latina”, y especifica que las
mujeres realizan actividades laborales sin abandonar los “roles
tradicionalmente asignados”, como el cuidado de sus hijos y el
mantenimiento del hogar, lo que las inclina a aceptar empleos de media jornada
que, por lo general, no están sujetos a ningún tipo de regulación y en
los que, además, generan menor cantidad de ingresos.
“La división sexual
del trabajo aún se expresa en el tipo de ocupaciones que desarrollan
las mujeres; servicios, comercio y en menor medida industria, reciben una
remuneración inferior que los hombres por la misma labor (70%), se
desempeñan en condiciones precarias y últimamente protagonizan los cambios que
ha introducido la globalización en materia de precarización; trabajo
contratado, a domicilio, no regulado”, especifica en su portal web el ente
gubernamental.
Esta brecha de género no
solo se evidencia con la cifra de un 46% de mujeres que se desempeñan en
servicios comunales, sociales y personales, en el que está incluido casi
100 % del servicio doméstico, ya que, a nivel gubernamental del total de
parlamentarios en la historia republicana del país, 4.049 específicamente, solo
2.6% han sido mujeres (109) en 209 años de historia del Congreso Nacional.
De estas escasas 109
representantes, solo cuatro han ocupado la presidencia de la Cámara de
Diputados y una, la presidencia del Senado.
En el actual gobierno de
Sebastián Piñera, la representación de las mujeres en el Congreso, sumando
Cámara de Diputados y Senado, es menos al 25%; de un total de 198 diputados
y senadores electos, solo 45 son mujeres y 153 hombres. En 200 años de
historia chilena, solo una mujer ha ocupado el sillón presidencial, Michelle
Bachelet.
Perfiles detrás de los femicidios
La Red Chilena contra la
Violencia hacia las Mujeres ha registrado los datos de femicidios consumados
desde hace una década, perfilando la relación que existían entre las
víctimas y los victimarios, así como sus edades y antecedentes.
De los femicidios
registrados por la organización entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2020,
se desprende que 42% de los femicidios perpetrados ocurrió en una
relación de convivientes entre la víctima y el agresor, un 16% en una
relación de cónyuges y la misma cifra se manifiesta en relación a los
expololos (exnovios).
Mientras que 26% de
la víctimas cumple con un rango de edad entre los 16 y los 25 años,
otro 26% está entre los 46 y los 55 años y un 21 % tenía edades de 26 a 45
años.
Los femicidas, por
otro lado, ocupan 26 % en un rango de edad de 36 a 45 años y un 21 % entre
los 16 y los 25 años. 32 % de ellos tiene o ha tenido antecedentes de
violencia contra la mujer y 42 % ha intentado suicidarse o lo ha
concretado. Un 53% de los agresores ha sido detenido o formalizado.
“En Chile, hoy día, las
cifras hablan de más de un 70% de mujeres que están sufriendo situaciones
de violencia. Sin lugar a dudas, han disminuido las denuncias en
Carabineros de Chile y en la Policía de Investigaciones (PDI), porque muchas
están viviendo con el agresor y en esta pandemia el proceso judicial es
mucho más lento, por eso la mujer puede correr mucho más peligro al denunciar
que al no hacerlo”, explicó Gonzalo Salgado Bello, psicólogo y encargado del
Programa Regional Mujer y participación política del SernamEG para la Región
del Bío Bío.
Salgado Bello también
asegura que la violencia es transversal y “la pueden sufrir tanto
personas analfabetas como personas con doctorados o magíster (…) lo viven
mujeres con una situación precaria y también mujeres un estatus socioeconómico
alto, quizás la violencia es distinta pero es violencia igual (…) Está comprobado
que 80% de las mujeres en un momento de su historia vital vivieron una
situación de abuso, bien sea psicológico, sexual, físico, o de otro tipo”.
Para el psicólogo, la construcción
social en torno al género masculino y femenino es el detonante para la
violencia. “Al menos en Chile, y en algunos estratos, a la mujer se le
trata como una pertenencia, como es
tuya, tú haces y deshaces con ella”.
También explica que algunos
de los mitos que giran en torno a la violencia hacia las mujeres están
estigmatizados a la creencia de que estas la sufren porque “son ‘tontas’, o les gusta la situación
o están acostumbradas”, cuando la verdad detrás de esto es que la persona
que sufre violencia es anulada e invisibilizada por su agresor.
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