Chile: Amenazadas en todos los frentes
Las mujeres han seguido sufriendo
violencia obstétrica con consecuencias mortales en Chile ante la ausencia de
protocolos de seguridad. Otras también quedaron indefensas, tras recibir
maltratos de sus parejas en el hogar.
Texto: Marjuli Matheus/Paola Palacios Macario
Ilustración: Pierre Daboin | Antonio Ramírez
Infografía: Grecia Nexans | Denisse Martínez
El 15 de mayo, en un hospital público de Rancagua, Región de O’Higgins, falleció una mujer chilena de 35 años de edad. El resultado de su prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa, conocida por sus siglas en inglés como PCR, arrojó positivo al COVID-19.
Treinta y tres días antes había dado a luz
a una niña, y
el 10 de mayo fue ingresada de emergencia al hospital de la ciudad,
debido a su grave estado de salud. Su realidad se sumó a la lista de noticias
del día. Daniela Zavando, secretaria regional del Ministerio de Salud (SEREMI)
de la zona, definió el fallecimiento ante los medios como “una triste
noticia” y señaló que la causa principal de la muerte había sido una
endometriosis que se complicó en el parto.
Sin embargo, la denuncia hecha por la
presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, y por
el personal hospitalario a cargo de este caso advirtió sobre la ausencia,
dentro las instituciones públicas de salud, de un protocolo de protección y
atención específico para mujeres embarazadas y en postparto, a pesar de que
para la fecha en Chile transcurrían dos meses de la declaración del estado
de emergencia por COVID-19. “El Ministerio de Salud tiene a las mujeres
abandonadas a su suerte”, aseguró Román a la prensa, ese 15 de mayo.
Tras perder a su madre, la recién nacida
quedó en custodia de sus familiares.
Una de las formas menos reconocidas de
violencia contra las mujeres es la obstétrica, aquella
situación en que la mujer sufre cualquier tipo de violencia durante el embarazo, el proceso de parto y postparto.
En Chile existe un proyecto de ley que
busca garantizar y proteger los derechos de las mujeres en su proceso de
gestación, en el trabajo de parto y postparto, además de establecer
sanciones para las personas u organismos que incurran en violencia
ginecobstétrica.
La propuesta legislativa reposa en el
Congreso chileno desde el año 2015, cuando fue presentada por las diputadas
Marcela Hernando y Loreto Carvajal.
Entre las organizaciones sociales que
promueven la lucha contra este tipo de violencia está el Observatorio de
Violencia Obstétrica (OVO Chile) que “nace con la necesidad de visibilizar,
denunciar y acompañar a las mujeres y sus recién nacidos; parejas, familias y
profesionales de la salud que han sido víctimas de violencia obstétrica
en las instituciones de salud pública y privadas de nuestro país”, tal y como lo establecen en su sitio web.
Ante la situación crítica derivada de la
pandemia por coronavirus, OVO Chile emitió un comunicado dirigido a las
autoridades del Ministerio de Salud para llamar la atención sobre el
escenario que viven las mujeres que deben atravesar su embarazo, parto y postparto
en medio de la crisis sanitaria del país.
“Solicitamos respuestas efectivas para
garantizar derechos básicos de las mujeres y recién nacidos durante la
gestación, parto y puerperio a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19”,
expresó la carta abierta publicada el 1 de junio.
El principal motivo de esta comunicación, recoge
una preocupación que se ha convertido en un problema de atención sanitaria.
Hasta la fecha de este reportaje, Chile carece de un protocolo para la
atención de embarazadas y partos en contexto de la pandemia. Sea que las
mujeres en estado tengan COVID-19 o que acudan a un centro asistencial donde
haya otros pacientes contagiados con el coronavirus.
Por ello, exigen a la autoridad
sanitaria establecer en el corto plazo: “Guías Clínicas y/o protocolos de
atención de gestación, parto y puerperio en situación de emergencia sanitaria
COVID-19”, al tiempo que demandan la “satisfacción de necesidades básicas y
respeto de los derechos humanos de las mujeres y sus bebés durante el
trabajo de parto y puerperio (incluida cesárea)”.
El OVO Chile asegura que durante la
pandemia aumentó de manera preocupante los casos de violencia obstétrica en el
país. Para hacer seguimiento a este problema, en abril comenzaron a
levantar un informe (catastro) en 101 establecimientos de salud chilenos.
El resultado lo califican como nada alentador, ya que evidenciaron retroceso en esta materia. La incidencia de violencia obstétrica se incrementó significativamente en los centros de salud públicos. Una de las situaciones más comunes fue impedir a las mujeres el acompañamiento de alguien que las apoyara durante el proceso parto y postparto, por lo que debieron dar a luz solas. Según los registros de la ONG, esta situación se registró en un 46% de los hospitales públicos del país.egistros
de la ONG, esta situación se registró en un 46% de los hospitales públicos del
país.
Estas medidas aplicadas por el gobierno
para evitar la propagación del nuevo COVID-19 son injustificadas para el OVO, que destaca la actuación de los centros de salud, donde sí se
implementaron protocolos para garantizar el acompañamiento en el parto y
postparto y en los que no se reportaron un incremento en los casos de
contagio, al permitir que las mujeres estuvieran asistidas por alguien.
Impedir el contacto inmediato al momento de nacer, separar a las madres y sus hijos tras el alumbramiento, es otra situación que vulnera los
derechos de las mujeres y sus recién nacidos. Ésta es una realidad que también se ha presentado
durante la cuarentena, “incluso en casos que ni siquiera son sospechosos
de COVID-19, sin ninguna justificación clara y contrario a las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (…) y a los compromisos del
Subsistema Chile Crece Contigo”, alertó la organización.
Todas estas situaciones en confinamiento
llevaron al Observatorio a exigir a las autoridades sanitarias que garanticen
la seguridad del personal de salud que atiende a embarazadas y partos, como
las matronas, ya que han registrado reportes de hospitales y Centros de Salud
Familiar (Cesfam) en los que el personal carece de implementos básicos para
la protección ante el COVID-19.
Asimismo, solicitaron que se garantice la adecuada atención a mujeres embarazadas y recién nacidos en las residencias sanitarias, lugares donde deben pasar la cuarentena personas de escasos recursos.
“Hacemos un llamado enfático a que el
Ministerio de Salud y las autoridades competentes respondan a estas
cuestiones para garantizar la atención de gestación, parto y puerperio
basada en derechos que tanto dicho Ministerio como el Subsistema de
Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo promueven hace más de
una década”, expresó el OVO Chile en el comunicado.
A esta realidad de violencia gineco
obstétrica en el país se le suman otras violencias sufridas por las mujeres
en Chile que se manifestaron, de manera física, psicológica y económica,
gravemente en el marco de la pandemia. Estas son sus historias.
Angustia en la distancia
El último mensaje que Claudia pudo
enviarle a su hermana fue una foto de su labio hinchado luego de que su
novio la golpeara. A pesar de vivir en Santiago de Chile, la capital del país, Claudia
recurrió a su familia en Venezuela para pedir ayuda. Esto ocurrió durante
el mes de abril.
En un cité ubicado en Santiago Centro, como
se le conoce en el país a las viviendas colectivas, Claudia convive con su
pareja. Un hombre, también venezolano, de 24 años de edad. Ella tiene 21 y la
realidad de una relación conflictiva, marcada por el abuso, solo se
agravó más en cuarentena.
Las fuertes discusiones desencadenaron una
actitud cada vez más agresiva por parte de su pareja. “Me quita el teléfono
por horas, si no se pueden comunicar más conmigo es porque estoy viviendo
esto”, fueron las palabras que acompañaron la imagen de la agresión y
las que hicieron que la hermana de Claudia buscara ayuda en la organización
Acción Mujer y Madre, al día siguiente, cuando ya no supo más de ella.
Con las pruebas, los representantes de
la ONG gestionaron una red de alerta y contactaron a Carabineros de Chile,
quienes se dirigieron a la vivienda en donde, a pesar de insistir, no les
abrieron la puerta. Tampoco recibieron ayuda de los vecinos. Sin una
orden judicial, los policías no pueden ingresar a una casa, aunque se
denuncie violencia hacia una mujer. Una realidad que por ley se convierte
en la norma para Chile, incluso en cuarentena donde la mujer fue más
vulnerable al quedar en manos de su agresor.
Actualmente, Claudia sigue en compañía de
su pareja. No quiso continuar acciones legales, ni concretar una denuncia
contra él. Mientras su familia lidia con la incertidumbre de saber si ella
está o no bien.
El caso de Claudia es muy similar al de
Rosa, una mujer peruana de 27 años de edad, quien durante la misma fecha,
justo un año antes, también acudió a su hermana en búsqueda de ayuda. Desde la
población de Parinacota, ubicada en el sector de Quilicura, en la Región
Metropolitana de Santiago, llamó a Perú, tras lograr escapar por unas horas
de su agresor, un hombre chileno de 31 años con el que tuvo un hijo de 4 años.
En la breve llamada que hizo a su hermana, solo alcanzó a comentarle que tanto
ella como su pequeño estaban viviendo fuertes maltratos por parte de su
pareja.
Rosa llevaba más de cinco años de
relación, siendo víctima de violencia por parte de este hombre,
dedicado al trabajo de obras públicas y a quien se le conoció por ser de buen trato y tranquilo.
Con ayuda de organizaciones defensoras de
los derechos de las mujeres como Acción Mujer y Madre, Rosa tomó acciones
legales ante tribunales. Logró empacar sus cosas y quedarse con la custodia
de su hijo. Durante algunos meses vivió en una casa de acogida en la comuna de
San Bernardo. Tras un acuerdo con el padre del niño en el que debió retirar
ciertas denuncias hechas en su contra, se le autorizó finalmente la salida
del país. Ahora Rosa reside en su natal Perú junto a su hijo.
Heridas que no se ven
Para las víctimas de violencia, los días
en confinamiento intensificaron las ofensas, el acoso, el hostigamiento
y las amenazas. Incluso sin contacto físico. Paradójicamente, también la humillación de ser ignoradas, al punto de sentirse anuladas por
completo.
La situación es la misma en todos los
estratos sociales y nacionalidades. Mucho peor si la mujer depende
económicamente de su agresor. Michelle lo sabe muy bien.
Desde antes de la cuarenta ya vivía en
aislamiento social. Ella es chilena y actualmente sigue conviviendo con su
agresor, quien se ha encargado de limitar su contacto con el mundo exterior desde
antes que las palabras “pandemia” y “coronavirus” fueran parte de vocabulario
colectivo.
Su situación es de absoluta dependencia
tanto económica como emocional, y con su familia ubicada en otra región del
país, Michelle solo pudo contactar por teléfono a un centro de ayuda,
pues comprar un pasaje para volver a su ciudad y escapar de la violencia aún no
está entre sus opciones. Su caso actualmente lo lleva la Corporación La
Morada.
La manipulación y violencia psicológica durante el confinamiento
también ha sido experimentada por mujeres que actualmente no comparten vida
de pareja, ni un hogar con los agresores, es decir, exparejas.
Según Alejandra Espinoza, abogada
especialista en Violencia de Género y Magíster en Violencia, la mayoría de
casos que ha asesorado durante la pandemia son los de mujeres que han sido
víctimas de violencia y tienen un vínculo en común que no pueden romper con
el agresor: sus hijos.
“Tratan de intimidarlas, muchas veces por
la fuerza, con el ‘te voy a quitar a los niños’. Entonces, tengo a mujeres muy
asustadas con el tema de la pandemia y que los niños vayan a estar fuera de su
resguardo. De esto tengo un sinfín de consultas diarias. Es una forma de
seguirlas agrediendo, aunque no comparten la casa, es una forma de
violencia psicológica. Las mujeres que me consultan por estas amenazas
están aterradas, y eso implica que los agresores siguen teniendo el control
sobre ellas. Vale decir que son agresores que salieron de esos hogares por
hechos de violencia precisamente”, afirmó Espinoza.
La especialista reitera la importancia de
que las víctimas insistan en las denuncias. “Un gran número de mujeres que
entrevisté me dice ‘¿para qué voy a ir si el carabinero no me quiere tomar la
denuncia?’ Yo le digo a esas mujeres que denuncien de todas maneras,
porque el carabinero no es el juez, él no está ahí para juzgar si la denuncia
tiene o no futuro. Insista, porque es su derecho denunciar para poner
término a la violencia y sí se puede. Sí es posible también conseguir
justicia”.
*Para el resguardo de la identidad de las
víctimas, los nombres utilizados en los siguientes testimonios son ficticios.
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