Chile: Amenazadas en todos los frentes


Las mujeres han seguido sufriendo violencia obstétrica con consecuencias mortales en Chile ante la ausencia de protocolos de seguridad. Otras también quedaron indefensas, tras recibir maltratos de sus parejas en el hogar.

Texto: Marjuli Matheus/Paola Palacios Macario
Ilustración: Pierre Daboin | Antonio Ramírez
Infografía: Grecia Nexans | Denisse Martínez


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Parir sin protocolos de salud 

El 15 de mayo, en un hospital público de Rancagua, Región de O’Higgins, falleció una mujer chilena de 35 años de edad. El resultado de su prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa, conocida por sus siglas en inglés como PCR, arrojó positivo al COVID-19.

Treinta y tres días antes había dado a luz a una niña, y el 10 de mayo fue ingresada de emergencia al hospital de la ciudad, debido a su grave estado de salud. Su realidad se sumó a la lista de noticias del día. Daniela Zavando, secretaria regional del Ministerio de Salud (SEREMI) de la zona, definió el fallecimiento ante los medios como “una triste noticia” y señaló que la causa principal de la muerte había sido una endometriosis que se complicó en el parto.

Sin embargo, la denuncia hecha por la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, y por el personal hospitalario a cargo de este caso advirtió sobre la ausencia, dentro las instituciones públicas de salud, de un protocolo de protección y atención específico para mujeres embarazadas y en postparto, a pesar de que para la fecha en Chile transcurrían dos meses de la declaración del estado de emergencia por COVID-19. “El Ministerio de Salud tiene a las mujeres abandonadas a su suerte”, aseguró Román a la prensa, ese 15 de mayo.

Tras perder a su madre, la recién nacida quedó en custodia de sus familiares.

Una de las formas menos reconocidas de violencia contra las mujeres es la obstétrica, aquella situación en que la mujer sufre cualquier tipo de violencia durante el embarazo, el proceso de parto y postparto.

En Chile existe un proyecto de ley que busca garantizar y proteger los derechos de las mujeres en su proceso de gestación, en el trabajo de parto y postparto, además de establecer sanciones para las personas u organismos que incurran en violencia ginecobstétrica.

La propuesta legislativa reposa en el Congreso chileno desde el año 2015, cuando fue presentada por las diputadas Marcela Hernando y Loreto Carvajal.

Entre las organizaciones sociales que promueven la lucha contra este tipo de violencia está el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO Chile) que “nace con la necesidad de visibilizar, denunciar y acompañar a las mujeres y sus recién nacidos; parejas, familias y profesionales de la salud que han sido víctimas de violencia obstétrica en las instituciones de salud pública y privadas de nuestro país”,  tal y como lo establecen en su sitio web.

Ante la situación crítica derivada de la pandemia por coronavirus, OVO Chile emitió un comunicado dirigido a las autoridades del Ministerio de Salud para llamar la atención sobre el escenario que viven las mujeres que deben atravesar su embarazo, parto y postparto en medio de la crisis sanitaria del país.

Solicitamos respuestas efectivas para garantizar derechos básicos de las mujeres y recién nacidos durante la gestación, parto y puerperio a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19”, expresó la carta abierta publicada el 1 de junio.

El principal motivo de esta comunicación, recoge una preocupación que se ha convertido en un problema de atención sanitaria. Hasta la fecha de este reportaje, Chile carece de un protocolo para la atención de embarazadas y partos en contexto de la pandemia. Sea que las mujeres en estado tengan COVID-19 o que acudan a un centro asistencial donde haya otros pacientes contagiados con el coronavirus.

Por ello, exigen a la autoridad sanitaria establecer en el corto plazo: “Guías Clínicas y/o protocolos de atención de gestación, parto y puerperio en situación de emergencia sanitaria COVID-19”, al tiempo que demandan la “satisfacción de necesidades básicas y respeto de los derechos humanos de las mujeres y sus bebés durante el trabajo de parto y puerperio (incluida cesárea)”.

El OVO Chile asegura que durante la pandemia aumentó de manera preocupante los casos de violencia obstétrica en el país. Para hacer seguimiento a este problema, en abril comenzaron a levantar un informe (catastro) en 101 establecimientos de salud chilenos.

El resultado lo califican como nada alentador, ya que evidenciaron retroceso en esta materia. La incidencia de violencia obstétrica se incrementó significativamente en los centros de salud públicos. Una de las situaciones más comunes fue impedir a las mujeres el acompañamiento de alguien que las apoyara durante el proceso parto y postparto, por lo que debieron dar a luz solas. Según los registros de la ONG, esta situación se registró en un 46% de los hospitales públicos del país.egistros de la ONG, esta situación se registró en un 46% de los hospitales públicos del país.

Estas medidas aplicadas por el gobierno para evitar la propagación del nuevo COVID-19 son injustificadas para el OVO, que destaca la actuación de los centros de salud, donde sí se implementaron protocolos para garantizar el acompañamiento en el parto y postparto y en los que no se reportaron un incremento en los casos de contagio, al permitir que las mujeres estuvieran asistidas por alguien.

Impedir el contacto inmediato al momento de nacer, separar a las madres y sus hijos tras el alumbramiento, es otra situación que vulnera los derechos de las mujeres y sus recién nacidos. Ésta es una realidad que también se ha presentado durante la cuarentena, “incluso en casos que ni siquiera son sospechosos de COVID-19, sin ninguna justificación clara y contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (…) y a los compromisos del Subsistema Chile Crece Contigo”, alertó la organización.

Todas estas situaciones en confinamiento llevaron al Observatorio a exigir a las autoridades sanitarias que garanticen la seguridad del personal de salud que atiende a embarazadas y partos, como las matronas, ya que han registrado reportes de hospitales y Centros de Salud Familiar (Cesfam) en los que el personal carece de implementos básicos para la protección ante el COVID-19.

Asimismo, solicitaron que se garantice la adecuada atención a mujeres embarazadas y recién nacidos en las residencias sanitarias, lugares donde deben pasar la cuarentena personas de escasos recursos.

“Hacemos un llamado enfático a que el Ministerio de Salud y las autoridades competentes respondan a estas cuestiones para garantizar la atención de gestación, parto y puerperio basada en derechos que tanto dicho Ministerio como el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo promueven hace más de una década”, expresó el OVO Chile en el comunicado.

A esta realidad de violencia gineco obstétrica en el país se le suman otras violencias sufridas por las mujeres en Chile que se manifestaron, de manera física, psicológica y económica, gravemente en el marco de la pandemia. Estas son sus historias.



Angustia en la distancia

El último mensaje que Claudia pudo enviarle a su hermana fue una foto de su labio hinchado luego de que su novio la golpeara. A pesar de vivir en Santiago de Chile, la capital del país, Claudia recurrió a su familia en Venezuela para pedir ayuda. Esto ocurrió durante el mes de abril.

En un cité ubicado en Santiago Centro, como se le conoce en el país a las viviendas colectivas, Claudia convive con su pareja. Un hombre, también venezolano, de 24 años de edad. Ella tiene 21 y la realidad de una relación conflictiva, marcada por el abuso, solo se agravó más en cuarentena.

Las fuertes discusiones desencadenaron una actitud cada vez más agresiva por parte de su pareja. “Me quita el teléfono por horas, si no se pueden comunicar más conmigo es porque estoy viviendo esto”, fueron las palabras que acompañaron la imagen de la agresión y las que hicieron que la hermana de Claudia buscara ayuda en la organización Acción Mujer y Madre, al día siguiente, cuando ya no supo más de ella.  

Con las pruebas, los representantes de la ONG gestionaron una red de alerta y contactaron a Carabineros de Chile, quienes se dirigieron a la vivienda en donde, a pesar de insistir, no les abrieron la puerta. Tampoco recibieron ayuda de los vecinos. Sin una orden judicial, los policías no pueden ingresar a una casa, aunque se denuncie violencia hacia una mujer. Una realidad que por ley se convierte en la norma para Chile, incluso en cuarentena donde la mujer fue más vulnerable al quedar en manos de su agresor.

Actualmente, Claudia sigue en compañía de su pareja. No quiso continuar acciones legales, ni concretar una denuncia contra él. Mientras su familia lidia con la incertidumbre de saber si ella está o no bien.

El caso de Claudia es muy similar al de Rosa, una mujer peruana de 27 años de edad, quien durante la misma fecha, justo un año antes, también acudió a su hermana en búsqueda de ayuda. Desde la población de Parinacota, ubicada en el sector de Quilicura, en la Región Metropolitana de Santiago, llamó a Perú, tras lograr escapar por unas horas de su agresor, un hombre chileno de 31 años con el que tuvo un hijo de 4 años. En la breve llamada que hizo a su hermana, solo alcanzó a comentarle que tanto ella como su pequeño estaban viviendo fuertes maltratos por parte de su pareja.

Rosa llevaba más de cinco años de relación, siendo víctima de violencia por parte de este hombre, dedicado al trabajo de obras públicas y a quien se le conoció por ser  de buen trato y tranquilo.

Con ayuda de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres como Acción Mujer y Madre, Rosa tomó acciones legales ante tribunales. Logró empacar sus cosas y quedarse con la custodia de su hijo. Durante algunos meses vivió en una casa de acogida en la comuna de San Bernardo. Tras un acuerdo con el padre del niño en el que debió retirar ciertas denuncias hechas en su contra, se le autorizó finalmente la salida del país. Ahora Rosa reside en su natal Perú junto a su hijo.

Heridas que no se ven

Para las víctimas de violencia, los días en confinamiento intensificaron las ofensas, el acoso, el hostigamiento y las amenazas. Incluso sin contacto físico. Paradójicamente, también la humillación de ser ignoradas, al punto de sentirse anuladas por completo.

La situación es la misma en todos los estratos sociales y nacionalidades. Mucho peor si la mujer depende económicamente de su agresor. Michelle lo sabe muy bien.

Desde antes de la cuarenta ya vivía en aislamiento social. Ella es chilena y actualmente sigue conviviendo con su agresor, quien se ha encargado de limitar su contacto con el mundo exterior desde antes que las palabras “pandemia” y “coronavirus” fueran parte de vocabulario colectivo.

Su situación es de absoluta dependencia tanto económica como emocional, y con su familia ubicada en otra región del país, Michelle solo pudo contactar por teléfono a un centro de ayuda, pues comprar un pasaje para volver a su ciudad y escapar de la violencia aún no está entre sus opciones. Su caso actualmente lo lleva la Corporación La Morada.

La manipulación y violencia psicológica durante el confinamiento también ha sido experimentada por mujeres que actualmente no comparten vida de pareja, ni un hogar con los agresores, es decir, exparejas.

Según Alejandra Espinoza, abogada especialista en Violencia de Género y Magíster en Violencia, la mayoría de casos que ha asesorado durante la pandemia son los de mujeres que han sido víctimas de violencia y tienen un vínculo en común que no pueden romper con el agresor: sus hijos.

“Tratan de intimidarlas, muchas veces por la fuerza, con el ‘te voy a quitar a los niños’. Entonces, tengo a mujeres muy asustadas con el tema de la pandemia y que los niños vayan a estar fuera de su resguardo. De esto tengo un sinfín de consultas diarias. Es una forma de seguirlas agrediendo, aunque no comparten la casa, es una forma de violencia psicológica. Las mujeres que me consultan por estas amenazas están aterradas, y eso implica que los agresores siguen teniendo el control sobre ellas. Vale decir que son agresores que salieron de esos hogares por hechos de violencia precisamente”, afirmó Espinoza.

La especialista reitera la importancia de que las víctimas insistan en las denuncias. “Un gran número de mujeres que entrevisté me dice ‘¿para qué voy a ir si el carabinero no me quiere tomar la denuncia?’ Yo le digo a esas mujeres que denuncien de todas maneras, porque el carabinero no es el juez, él no está ahí para juzgar si la denuncia tiene o no futuro. Insista, porque es su derecho denunciar para poner término a la violencia y sí se puede. Sí es posible también conseguir justicia”.


*Para el resguardo de la identidad de las víctimas, los nombres utilizados en los siguientes testimonios son ficticios.


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