Brasil se niega a contar las violencias hacia sus mujeres

La violencia física fue la más frecuente durante la cuarentena. Expertas y organizaciones consultadas para esta investigación observaron una mayor letalidad en los ataques con “armas blancas”

Texto: Manuela Allegro Etchepare/Jesenia Freitez Guedez
Ilustración: Grecia Nexans | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Martínez

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La violencia de género en Brasil presenta un escenario de violencia alarmante para las mujeres que se intensifica en tiempos de distanciamiento social, según las estadísticas de las organizaciones civiles. Durante la cuarentena, ellas han enfrentado dificultades para recurrir a las estaciones de policía y el feminicidio aumentó dramáticamente en un 22.2% en comparación con 2019, según la organización Foro Brasileño de Seguridad Pública, que, además, registra en sus informes un aumento del 36% en las denuncias de violencia contra la mujer que llegaron a la línea 180, conocida por ser el Centro de Servicios para la Mujer.
La pandemia del COVID-19 sorprendió a un país que en 2019 reportaba el asesinato de una mujer cada siete horas, de acuerdo con el Monitor de Violencia del Portal G1, el cual ha seguido de cerca el tema. Brasil, sin embargo, aplicó desde el mes de marzo algunas medidas de distanciamiento social por escala y de forma irregular, pues pocos estados paralizaron actividades. De hecho, el presidente Jair Bolsonaro se negó a declarar la cuarentena obligatoria.
En este contexto, nada impidió que las mujeres fueran asesinadas por sus parejas o exparejas y muchos menos que fueran víctimas de agresiones. El aumento de casos de feminicidio en algunos estados es un ejemplo de ello. Las cifras revelan un incremento de 700% en el estado de Maranhão; 400% en el estado de Mato Grosso y 300% en Río Grande do Norte (solo en el mes de marzo).
Vale la pena señalar que se trata de estados con un pequeño número de habitantes en relación con las demás entidades del país como lo muestra el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En el caso de la población de Maranhão: 7.075.181; Mato Grosso: 3 484 466 y Río Grande do Norte con 3.506.853 habitantes.
En contraste, el aumento en el número de muertes de mujeres que perdieron la vida de forma violenta en la ciudad de São Paulo fue menor, ya que tuvo un incremento del 53.8% de los feminicidios, pese a concentrar una población de 45.919.049 personas.
Los rostros de esta violencia incluyen a Aline Albuquerque do Santos, asesinada en su hogar, el pasado 8 de junio, en el barrio de Jaguaré, en el oeste de São Paulo. La mujer que fue encontrada envuelta dentro de una manta, le había informado a su familia que venía sufriendo violencia a manos de su pareja, Antonio Gonçalves Ferreira. Tenían más de un año de relación, indicaron informes de prensa.
“Si están calladas, son golpeadas, pero si dicen que se van, mueren. En general, los casos de feminicidio ocurren cuando la mujer dice “me voy’”, expresó Dora Lorch, maestra en Psicología Clínica en la Universidad Católica Pontificia de São Paulo (PUC-SP) y coordinadora de Florescer da Fábrica, un proyecto preventivo de la violencia doméstica en Brasil.
En plena pandemia, la violencia hacia las mujeres cobró la vida también de una médica, de 59 años. La doctora Lúcia Regina Gomes Mattos Schultz fue asesinada el 20 de marzo en el centro de Itapema, municipio del estado de Santa Catarina, por su esposo, Nelson Pretzel, de 65 años, quien confesó su autoría.
“Perdimos a un médico dedicado a la salud de las personas en Santa Catarina. Perdimos a otro buen compañero de trabajo. Dejamos nuestro abrazo fraternal a familiares y amigos”, indicó en un comunicado Cyro Soncini, presidente del Sindicato de Médicos del Estado de Santa Catarina, SIMESC.
La huella de la violencia tocaría también a Rosemilda Maria de Souza, de 45 años, asesinada por arma de fuego en Cabo de Santo Agostinho, en la región metropolitana de Recife. Quince disparos dentro de su casa cegaron su vida, el jueves 21 de mayo del 2020, según reportes de prensa.
La juez Adriana Ramos de Mello, titular del 1º Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer en Río de Janeiro, asegura que la mayoría de las mujeres que son víctimas de feminicidio se negaron a buscar justicia por temor, por vergüenza, porque desconocen cómo hacerlo y porque carecen de información, pues “tienen miedo de la familia y del juicio social”.

Homicidios que quedan por fuera

Las dificultades en el tratamiento de homicidios de mujeres impiden que la Policía y el Poder Judicial los clasifiquen como feminicidio, lo que resulta en menos datos sobre estas muertes violentas en el país. Por ejemplo, de los 3.739 homicidios de mujeres que hubo en 2019, solo 1.314 (35%) fueron categorizados como feminicidios en Brasil.
“Es un problema de aplicación de la ley por la resistencia de algunos a comprender qué es el feminicidio. Primero, los informan como homicidio y luego se corrige, por eso es muy importante registrar adecuadamente estos delitos”, dijo De Mello.
Para la organización Foro Brasileño de Seguridad Pública, el caso que más llama la atención es el del estado de Ceará, que había registrado 36 asesinatos de mujeres entre marzo y abril del año pasado, y en el mismo período de este año contabiliza 61 víctimas.
“Estos datos son aún más preocupantes cuando encontramos que solo 6.6% de todos los asesinatos de las mujeres fueron clasificados como feminicidios en Ceará, lo cual es muy poco probable y puede revelar un subregistro de este delito en el estado”, destacan en su Informe sobre la Violencia Doméstica durante la Pandemia de COVID-19.

El impacto de perder una madre

El feminicidio de una madre, además de golpear a la familia, deja a los niños emocionalmente sacudidos y sin apoyo psicológico, lo que perjudica severamente su desempeño escolar, y afecta su futuro académico y profesional, advirtió la psicóloga Kátia Rosa, consejera dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres del Instituto Justiça de Saia.
“El niño ve el evento de una manera destructiva y sufre un impacto negativo por el resto de su vida. Quedan huérfanos y generalmente a cargo de las abuelas mayores, sin recursos ni beneficios sociales. Se les deja sin apoyo para lidiar con las consecuencias psicológicas y emocionales y así están destinados a reproducir esta violencia”, alerta la juez Adriana de Mello.
Brasil es el quinto país que mata a más mujeres en el mundo. “Si un país que se niega a mirar a las mujeres, que son más de la mitad de la población, entonces a quién mira”, cuestionó Rosa.

Las más vulnerables

En Brasil, nacer una mujer “negra”, pobre y ser joven las hace más vulnerables a sufrir violencia, explicó la juez Adriana de Mello, quien sigue identificando este perfil en los casos diarios que atiende desde antes y durante la cuarentena mundial. Del número de llamadas recibidas por las líneas de ayuda de la organización Justiceiras, 52% se declararon de afrodescendientes.
“En segundo lugar, tenemos a las mujeres ancianas y de color. Les siguen, las mujeres blancas, pobres, jóvenes y de la tercera edad”, coincidió la psicóloga Kátia Rosa
En los sectores más vulnerables, la violencia física aumentó, debido a la caída en los ingresos. Los esposos están más nerviosos y descargaron en la familia sus frustraciones, aseguró Nayana Cambraia, asesora parlamentaria de la Cámara Legislativa del Distrito Federal y líder nacional del Proyecto Justiceiras, creado para acoger a víctimas de violencia doméstica en cuarentena por la promotora de justicia (fiscal) de São Paulo, Gabriela Manssur.
En tanto, las llamadas por violencia doméstica a la línea 190 de la Policía Nacional presentaron un incremento del 44% que se tradujo en 9.817 llamadas que recibió en el mes marzo de 2020, esto en comparación a 2019, cuando hubo 6.775 en total solo en el caso de la ciudad de São Paulo, de acuerdo con datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Tipos de violencia

La juez De Mello, aseguró que la violencia física fue la más frecuente. Se trata de una situación que ya caracterizaba a Brasil desde antes de la pandemia, tal como lo indican las cifras del Instituto Maria da Penha.
Cada 7.2 segundos una mujer es víctima de violencia física”, según la organización que supervisa la implementación y el desarrollo de prácticas y políticas públicas para cumplir con las leyes que garantizan los derechos de las mujeres víctimas de violencia en el país.
Entre las llamadas recibidas en el centro de ayuda que habilitó la organización Justiceiras, 41% fueron por amenazas; 39% violencia física; 28% violencia patrimonial y 10% de violencia sexual.
Las expertas y organizaciones consultadas para esta investigación observaron una mayor letalidad en los ataques con “armas blancas” en momentos de confinamiento. El uso de cuchillos, tijeras, dagas y objetos de perforación de una manera más cruel por parte del agresor, coinciden en los casos que fueron recibidos por el Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer de Río de Janeiro y también por las instituciones defensoras de la mujer.
Datos de la ONG Justiceiras, publicados el 20 de junio, detallan que 49% de los agresores que registraron en las denuncias era pareja o novio; 37% expareja o exnovio y 8% miembros de la familia (padres y padrastros)En 25% de los casos los agresores tuvieron acceso a los teléfonos celulares de las víctimas, lo que dificultó pedir ayuda.
Al menos 1.000 mujeres fueron víctimas en confinamiento en 23 de los 26 estados de Brasil. De ellas, ocho de cada 10 mujeres informaron haber sufrido violencia en el hogarDe cada 10 mujeres, seis tienen entre 21 y 40 años de edad, según datos de la ONG. De igual manera, 49% dijo que nunca había denunciado al agresor, mientras que 25% informó haber sufrido violencia también a través de los medios digitales.

Palabras que matan

La violencia psicológica fue la segunda con mayor frecuencia que se registró en tiempos de cuarentena. Esta se expresó en el aumento de las llamadas que revelaron mujeres atemorizadas por amenazas, humillaciones y desprecios, señalan datos de las organizaciones que atendieron a las víctimas. En el caso de la ONG Justiceiras, 86% de las violencias denunciadas fueron de tipo psicológica. Las estadísticas de la organización señalan, a su vez, que 30% de las mujeres buscaron desahogarse con familiares y amigos, pero evitaron denunciar.
“Es la forma de violencia que es más difícil de probar, especialmente, porque las mujeres que la sufren a menudo son inconscientes de que se trata de una forma de violencia y, así, terminan siendo víctimas de esta condición durante años”, explicó la juez Adriana de Mello al referirse a los desafíos que deben enfrentar las mujeres antes y después de la cuarentena, para probar en los juzgados que son víctimas de esta violencia.
El encierro de parejas en los extractos con mayores recursos y clase media resultó también en un aumento de la violencia psicológica y patrimonial. Esta es entendida como la retención o destrucción de sus objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, valores y derechos o recursos económicos, incluidos sus necesidades, indica el Instituto Maria da Penha.
La violencia moral siguió ocupando el tercer lugar entre los tipos de violencia más frecuentes en Brasil. Ocurre cuando se lastima el honor subjetivo de la mujer, al tratar de disminuirla. Las verbalizaciones que lastiman su autoestima y resultan en el desarrollo de problemas psicológicos como la depresión o el síndrome de pánico, relató la juez Adriana.
La situación se agravó también durante el aislamiento por la reducción de los servicios para proteger a las mujeres que prestan organismos del Estado y ONG. Los reportes de las organizaciones señalan que muchas mujeres se quedaron con pocas opciones de apoyo y atención.
“Esto compromete tanto el cuidado de las mujeres sobrevivientes de violencia, que ya disfrutaban de los servicios, como a las mujeres que enfrentan violencia por primera vez en este tiempo”, señaló Kátia Rosa, psicóloga y líder nacional del Proyecto Justiceiras.
De acuerdo con datos de la organización, hasta el 3 junio se contabilizaron 1210 llamadas de mujeres pidiendo apoyo. Además de 175 registros de denuncias policiales y 43 medidas de protección. 25% fue de asesoramiento psicológico, 23% pautas legales; 15% pautas de asistencia social y 21% de soporte y red de recepción.

Informes policiales invisibilizan denuncias

El informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública detalla una reducción considerable tanto en el número de registros policiales reportados en ese período, como en las solicitudes de medidas de protección urgentes, un recurso judicial que la mujer puede solicitar para garantizar su protección.
Los registros de informes policiales en todos los estados presentaron una reducción, con un promedio de 25.5% para marzo y abril de 2020 en relación con el mismo periodo en 2019. Sin embargo, datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública muestran un aumento del 51.4 % en los arrestos en flagrante por incumplimiento de las medidas de protección que es clasificado como delito.
El aumento de las llamadas a la Policía Militar por el número 190 y la reducción del número de registros en la Policía Civil pone de relieve la dificultad de utilizar las estaciones de policía para hacer un informe policial.
Residentes fuera de los centros urbanos, con frecuencia tienen muy pocos medios de acceso digital, a menudo limitados a un solo teléfono celular para uso comunitario de la familia. En estos casos, las familias muy numerosas están confinadas en un espacio muy pequeño, lo que dificulta a las mujeres poner una denuncia en situaciones de violencia.
Para que una queja sea oficial, la mujer debe ir a una Estación de Policía Civil o Estación de Defensa de Mujeres y registrar un informe policial. Estas mantuvieron su funcionamiento normal durante la pandemia y también comenzaron a ofrecer la opción de realizar informes electrónicos.
Pero en la cuarentena mundial, la falta de acceso a Internet y la compañía constante de sus agresores hicieron imposible para las víctimas reportar sus denuncias en informes electrónicos. Por lo tanto, las mujeres en tentativa de escapar del ciclo de violencia tuvieron que luchar dos veces por sus vidas.
La única alternativa era salir de la casa en busca de una estación de policía, con medios de transporte reducidos y una mayor exposición al virus en un escenario de crisis de salud pública, puntualizó la abogada Sueli Amoedo, que coordina los derechos de las mujeres en Taboão da Serra, en el estado de São Paulo.
“Además, es necesario tener en cuenta que solo 11% del territorio nacional está equipado con organismos de protección de la mujer”, dijo.
La psicóloga Kátia Rosa señala, también, que la mujer es desalentada de manera permanente a presentar denuncias por parte de la policía, mientras que los casos de violencia son tratados sin prioridad. Esta falta de atención a los casos a menudo termina resultando en feminicidio.
Brasil es el quinto país con las muertes más violentas de mujeres en el mundo, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Oficina Regional de la ONU para Sudamérica.
“Para una mujer en una situación de violencia en Brasil, cada minuto puede hacer la diferencia”, añadió Sueli Amoedo, también presidente de la Virada Feminina del municipio Taboão da Serra, un movimiento nacional e internacional para fortalecer y conectar iniciativas de empoderamiento femenino.

Obstáculos para acceder a la justicia


La juez Adriana de Mello explica que las mujeres brasileñas de las clases sociales más bajas viven a diario con la falta de acceso a recursos fundamentales como el sistema de salud, educación, justicia y acogimiento para mujeres. Especialmente aquellas que viven en comunidades violentas en grandes centros urbanos como Río de Janeiro, São Paulo y Manaus.
“La mujer negra que ha sido puesta debajo de la pirámide social es la que más sufre. Enfrentada a la desigualdad social, racial y de género en un país con falta de políticas y servicios para la inclusión de la población negra”, informó.
La mayoría de las mujeres de bajos ingresos trabajan en el mercado informal, sin contrato de trabajo, así que se encuentran sin recursos para enfrentar la pandemia. Dora Lorch, magíster en Psicología Clínica, relaciona las dificultades financieras directamente con las quejas de violencia.
“Las mujeres evitan informar de lo que les sucede porque temen ensuciar el archivo de su esposo. Es difícil conseguir un trabajo con un historial sucio y la mayoría de ellas dependen económicamente de su pareja”.
La división desigual de las tareas domésticas, que sobrecarga especialmente a las mujeres casadas y con hijos, demuestra cómo el entorno familiar es otra esfera del ejercicio del poder masculino”, se lee en el artículo “Aislamiento social y aumento de la violencia, ¿qué nos revela?”, publicado apenas en abril de este año.
El documento indica que, la mayoría de las veces, la presencia de hombres en el hogar para nada “significa cooperación o una distribución más armoniosa de las tareas entre toda la familia, sino un aumento en el trabajo invisible y sin remuneración de las mujeres”.
“Las mujeres son la mayoría de la población brasileña y constituyen la mayoría de la fuerza laboral de salud. Por lo tanto, tienen un papel fundamental en la superación de la pandemia y sus graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales”, continúa el artículo.
Cifras de la organización Justiceiras aseguran que el 50% de las mujeres que fueron atendidas en las denuncias por las líneas de ayuda se encuentran desempleadas15% son trabajadoras independientes y cuatro de cada 10 tienen un ingreso igual a un salario mínimo (Reales $ 1.045), mientras 38 % carece de un ingreso fijo.

Ausencia de cifras dificulta atención

La juez asegura que una mujer se atreve a denunciar cuando ya ha superado todas las barreras internas y externas, pero cuando se enfrenta a un oficial de la policía, tiende a ser víctima de violencia institucional.
“Sufre por falta de atención de calidad. Por el contrario, es juzgada, desacreditada y perjudicada por los estereotipos de género. Estos han sido fuertemente construidos en Brasil y forman una barrera que está arraigada dentro del sistema de justicia general”.
Por otra parte, la dificultad para obtener datos precisos y consistentes de violencia de género, y en especial en el seno de la familia, siguen haciendo invisibles a las víctimas, así lo confirman organizaciones, activistas e incluso miembros del poder judicial.
Es una constante la falta de comunicación entre las estaciones de policía y los organismos de protección y, por lo tanto, los datos producidos no representan el escenario real de la violencia de género que se experimenta diariamente en Brasil.
Al analizar el aumento de las quejas, la reducción en los registros de la estación de policía y los crecientes casos de feminicidio en cuarentena, autoridades como organizaciones y activistas coinciden en que hay una cifra oculta detrás de la violencia doméstica, consecuencia de dos fenómenos: la dificultad de obtener y generar datos y el subregistro de casos.
Las redes sociales se han convertido en los mecanismos alternativos de denuncia y obtención de información ante la ausencia los registros oficiales. Tanto así que, según una encuesta publicada por el Foro de Seguridad Pública en alianza con la compañía Decode, hubo un aumento del 431% en los informes de peleas entre vecinos publicados entre febrero y abril de 2020, cuyos datos destacan por su ausencia en los registros de las policías.
La encuesta hizo una evaluación sobre un universo de menciones en la red social que relataban conflictos vecinales. Entre ellos, 52.000 menciones correspondieron a situaciones de violencia ocurridas en ese periodo, de manera general. No obstante, 5.583 menciones fueron solo de violencia doméstica. Además, 25% del total de reportes de peleas en pareja se realizaban los viernes; 53% fueron publicados por la noche o al amanecer, entre las 8:00 pm y las 3:00 am, y 67% de los informes fueron de mujeres.
 A juicio de la psicóloga y líder nacional del Proyecto Justiceiras, Kátia Rosa, existen organismos que trabajan para combatir el aumento de la violencia contra las mujeres que sigue aumentando cada año en Brasil. Entre ellos el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Sin embargo, las víctimas siguen lidiando con la falta de capacitación de las policías y autoridades políticas para enfrentar la violencia contra las mujeres.

Casas de refugio

Los refugios para mujeres víctimas de violencia, llamados Casas da Mujer Brasileñas, están ubicados en al menos siete estados de Brasil que, en total, suman nueve unidades en el territorio nacional. Cada unidad cuenta con: un tribunal especial, fiscalía especializada, núcleo especializado de Defensor Público, Comisaría Especializada de Atención a la Mujer, acomodación, biblioteca de juguetes, apoyo psicosocial y formación para la autonomía económica.
Sin embargo, el número de denuncias en tiempos de pandemia elevó la población de las víctimas que acuden a estos lugares.
“Los tres refugios en el Distrito Federal, la capital del país, están llenos. Con un total de 64 plazas, actualmente solo seis están disponibles, sin contar la lista de espera. La mayoría de las mujeres que los ocupan son de escasos recursos”, sostuvo Nayana Cambraia.
La asesora de la Cámara Legislativa del Distrito Federal explica que, para tener acceso a los refugios, la mujer primero debe haber pasado antes por la aprobación de funcionarios de las Estaciones de Policía Especializadas para Mujeres y Centros de Referencia para Asistencia Social (CRAS y CREAS), o por un informe policial electrónico. Las mujeres son enviadas de inmediato, si hay lugar, con permiso para permanecer por 90 días que puede renovarse por otros 90 días más.
La experiencia es diferente en cada estado. Según la juez Adriana de Mello, solo 40% de las vacantes en la Casa da Mujer Brasileña en São Paulo están ocupadas.
Agrega que en también se han dado casos de mujeres que, por el contrario, se resisten a recurrir a los refugios. “Como es un lugar confidencial, se ve obligada a alejarse de su familia y su vida. A menudo, se queda sin actuar debido a sus hijos, a quienes se les permite permanecer hasta la edad de 13 años”.
La abogada Sueli Amoedo agrega: “Es el último lugar buscado. La mujer termina perdiendo aún más su libertad cuando tiene que acostumbrarse a vivir en el refugio. Para que la recepción de las mujeres sea efectiva, es necesario pensar en otras soluciones que sean más fáciles de acceder”.

Políticas públicas sin enfoque de género

En opinión de la juez Ramos de Mello, el problema de la violencia de género se agrava en Brasil por la falta de una política de Estado que valore la importancia de evitar más muertes de mujeres. Destaca la ausencia de “inversión pública en políticas nacionales de prevención y asistencia”. Además, dice, se evidencia “la falta de un plan nacional” para combatir la violencia que abarque las áreas de salud, educación, vivienda, ingresos y empleo.
“Observo una gran fragilidad para las mujeres en ese momento, que exigen la urgencia de acción por parte de todas las esferas del gobierno para hacer posible la transformación de la mentalidad brasileña, que es sexista, patriarcal y aún comprende que la mujer tiene que cumplir un rol social de sumisión y subordinación. Hoy, en Brasil, toda esperanza está en el sistema judicial”, sostuvo.
La Juez Adriana de Mello menciona el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), una institución pública que, entre otras cosas, tiene como objetivo mejorar el trabajo del sistema judicial brasileño y poner en marcha políticas judiciales para combatir la violencia de género. “Pero es necesario recordar que es el único organismo nacional de poder que está implementando una política para resolver el problema de género. No tener un plan a nivel Ejecutivo que provenga de una agencia federal importante, pensado en toda la política de atención a las mujeres brasileñas, hace que los estados pierdan”, refiere.


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