Bolivia: Caminar golpeadas y sin respuestas

Desde el decreto de las cuarentenas, primero parcial y luego rígida, se registraron 2.869 casos de violencia intrafamiliar o doméstica, 169 abusos sexuales; 94 violaciones, 72 casos de estupro, 21 tentativas de feminicidio, 15 feminicidios y tres abortos forzados, según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), hasta el 31 de mayo.

Texto: Paola Mejía
Ilustración: Johnny Lain
Infografía: Yordán Somarriba

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El 10 de marzo, el entonces Ministro de Salud, Aníbal Cruz, comunicó a la población que dos personas habían sido detectadas con el COVID-19. Debido a la propagación rápida del nuevo coronavirus, la presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Añez, por medio del Decreto Supremo 4196, determinó la cuarentena parcial que inició el 17 de marzo y que daría paso a la cuarentena total, la que por el decreto 4199 comenzó el 22 de ese mes.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, del 1 de enero al 17 de marzo se registraron 30 casos de feminicidio, con mayor incidencia en las ciudades de Santa Cruz (con 9), seguido de La Paz (7), Cochabamba (5), Potosí (3), Pando (2), Chuquisaca (2), Tarija (1) y Oruro (1). Con esas cifras Bolivia iniciaba su confinamiento.
Mientras cada día, a las 20:00 horas, se informaba el reporte epidemiológico diario que mostraba el aumento de las cifras de casos positivos de COVID-19 y decesos por el virus, también ascendían los datos sobre denuncias de violencia de género y feminicidios, tal como lo mostraron cifras oficiales. Bolivia enfrentaba, en paralelo, dos pandemias: una que se propagaba en las calles y otra que lo hacía dentro de los hogares.
En todo el territorio nacional, durante el periodo de cinco días que duró la cuarentena parcial, se suscitaron 19 casos de abuso sexual; tres feminicidios (dos en Santa Cruz y uno en la ciudad de El Alto). Entre ellos destaca el caso de una mujer con cuatro semanas de gestación. Además, se registraron tres tentativas de feminicidio, cinco tentativas de violación, 13 violaciones y 426 casos de violencia intrafamiliar o doméstica, así como nueve casos de estupro, según cifras de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
No pasó mucho tiempo cuando Bolivia ingresó a la cuarentena rígida, el domingo 22 de marzo, la cual estuvo en vigencia hasta el 31 de mayo, aunque en una primera instancia duraría hasta el 15 de abril, pero, debido al creciente número de contagiados de coronavirus, las autoridades decidieron extenderla.

Primeras estadísticas

Durante los 71 días de confinamiento total y según el informe de la FELCV, Bolivia registró: tres abortos forzados, 150 casos de abuso sexual, 12 feminicidios, 18 tentativas de feminicidio, 17 tentativas de violación, 81 violaciones, 63 de estupro y 2.317 casos de violencia intrafamiliar o doméstica. Es decir que, en total, entre ambas cuarentenas (parcial y días después, rígida), según datos del organismo policial, se tuvo: tres abortos forzados, 169 abusos sexuales, 72 casos de estupro, 15 feminicidios, 21 tentativas de feminicidio, 94 violaciones y 2.869 casos de violencia intrafamiliar o doméstica.
Sin embargo, estos datos puestos a disposición para conocimiento de los ciudadanos por parte de la FELCV, no coinciden con las cifras que proporcionó la Fiscalía General del Estado.
La Directora Nacional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Pilar Díaz, explicó que, en la cuarentena, de los 2.935 casos delictivos atendidos, 2.378 corresponden al delito de violencia familiar o doméstica, 153 a abuso sexual, 124 de violación, 102 estupro y 60 casos corresponden a otros delitos inmersos en la Ley 348, que es la Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia en Bolivia.
Según Paola Barriga, abogada que apoya a víctimas de violencia de género, esta variación en la cifra de ambas instituciones (que no es solo de ahora) se debe a que “no se tiene establecida una sola línea sistemática de registro de los casos que se generan”.
No hay una comunicación, ni organización entre ambas instancias y eso da lugar a que existan muchos vacíos y falencias. Las variaciones también se dan porque en varios rincones del país solo hay puestos policiales y en otros casos, la víctima denuncia directamente en la Fiscalía”, explicó Barriga, quien es representante ante la justicia de familiares de víctimas de feminicidio.
Para evitar esta situación, el 13 de marzo de 2019, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el Gabinete había aprobado un decreto supremo para poner en marcha el Sistema de Registro y Alerta Inmediata “Adela Zamudio”. No obstante, el decreto nunca fue efectuado.
En consecuencia, estas variaciones han llegado a generar desconfianza en la población, porque “no se tiene un reporte oficial y transparente, una sola voz. Para nosotras las cifras que manifiestan tanto la FELCV como la Fiscalía no son confiables”, coincidieron Diana Vargas y Adriana Guzmán, líderes del colectivo Feminismo Comunitario Antipatriarcal.

Santa Cruz y Cochabamba los más violentos

El Comandante Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, coronel Juan Carlos Alarcón, informó que, por los reportes estadísticos del confinamiento, Santa Cruz vendría a ser el departamento con el mayor número de casos de violencia de género en el país, duplicando en cantidad a La Paz, seguido de Cochabamba y Tarija. Sin embargo, haciendo una relación en cuanto al número de pobladores y casos de violencia, Tarija viene a ser el departamento más violento del país puesto que, con 417.000 habitantes (según el censo 2012), tiene 133 casos de violencia intrafamiliar o doméstica.
Teniendo en cuenta que 65 de los 117 femicidas de 2019 eran esposos o novios, era predecible que en tiempos de confinamiento las mujeres hayan estado expuestas a mayor peligro dentro de sus propios hogares que afuera de ellos.
“Para las mujeres no ha sido fácil. En vez de que sean tiempos de estrechar lazos, de sentirse felices y seguras, ha sido un periodo de vida o muerte para algunas”, acotó la directora de la Casa de la Mujer, Miriam Suárez.

Fallas en la cuarentena

De acuerdo con Alarcón “en comparación con los países de la región”, Bolivia sigue liderando “la lista con mayor índice de violencia de género. En este entendido hemos tenido que tomar medidas inmediatas”, dijo.
La autoridad señaló que en la cuarentena parcial “se pudo advertir la disminución de casos, una disminución que llegó a 50%”. No obstante, durante la cuarentena rígida “el índice de denuncias presentadas ante la FELCV descendió en un 25%”. Alarcón explicó que antes de la pandemia, la FELCV recibía entre 100 y 110 denuncias por jornada, mientras que en el confinamiento “las denuncias llegaron a 14 a nivel nacional, el número más bajo que se ha registrado”.
Según la Ley 348, que es la norma vigente y que rige las tareas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), esta unidad policial tiene tres objetivos: la prevención, atención e investigación.
Por lo que en primera instancia la FELCV, como parte de la estrategia para combatir la violencia durante el confinamiento, se propuso establecer alianzas con las organización que trabajan el tema. Las operaciones de la FELCV estuvieron, además, monitoreadas por el Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, institución que depende del Ministerio de Justicia.
En los primeros días de confinamiento, la FELCV recordó a la población que, en caso de sufrir violencia o ser testigo de ella, podían llamar a sus números pilotos: 800-140-348 y 800-140-349. El 7 de abril se anunció que se habilitaban, además, 11 líneas de WhatsApp para atender cualquiera de las denuncias o pedidos de auxilio, con el objetivo de que las víctimas puedan enviar fotos, su ubicación o realizar una videollamada.

Líneas no fueron de mucha ayuda

Ana Paola García, abogada de La Casa de la Mujer, organización ubicada en Santa Cruz, reportó que durante la cuarentena esta asociación feminista sin fines de lucro recibió entre tres y cuatro denuncias por día. En Cochabamba, Ángela Nogales, fundadora y directora de la organización de Mujeres de Fuego, señaló que las denuncias a este colectivo oscilaron entre seis y siete llamadas por cada jornada.
García explicó que hasta finales de mayo La Casa de la Mujer atendió 340 denuncias realizadas, de manera virtual, durante el tiempo de confinamiento. A 108 de esas denunciantes se les brindó asistencia legal, mientras que otras ocho mujeres víctimas fueron acogidas en el refugio de la asociación, cuya capacidad, tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad por el COVID-19, llegó a su límite.
Miriam Suárez, directora de La Casa de la Mujer, detalló que “el recibir de tres a cuatro denuncias por día significó que las tareas de apoyo y protección hacia las mujeres en situación de violencia han pasado a manos de la sociedad civil, lo que quiere decir que las instituciones públicas están incumpliendo su labor. La respuesta es tardía o de repente nunca llega”, destacó.
García, por su parte, explica que las mujeres optaron por confiar en llamar a los números de los colectivos u organizaciones, porque la atención en la línea gratuita de la FELCV “es deficiente”.
“Muchas mujeres llamaron y fueron derivadas a la línea 110. Ahí les dijeron que primero debían sentar una denuncia. Esa no es una orientación real y menos durante la cuarentena”, añadió.
Las activistas del grupo Feminismo Comunitario Antipatriarcal, Diana Vargas y Adriana Guzmán, también coinciden con García. En la ciudad de La Paz, sede del gobierno, donde brindan apoyo a las víctimas aseguran que pudieron evidenciar que “además de derivarte a otra línea, los que contestaban las llamadas, seguramente, no conocían los protocolos, ni tampoco tenían preparación para la atención de las víctimas”.
“Generalmente, en las llamadas preguntaban la zona en la que la afectada vivía y, de acuerdo con ello, le daban otro número de teléfono correspondiente a la FELCV más cercana. Las líneas pilotos demostraron la burocracia y falta de experiencia y protocolos”, comentó Vargas.
Alarcón, por su parte, aceptó que en los primeros días del confinamiento sí se presentaron deficiencias en la atención de la línea piloto.
“Tienen toda la razón en hacer los reclamos correspondientes. Sin embargo, hemos corregido esas fallas, lo estamos documentando en el país para que se informe de las quejas sobre la atención que se da, y eso nos ha servido para mejorar”.
Suárez aseguró que durante los primeros días de la cuarentena la FELCV no estaba atendiendo ningún tipo de caso, porque los funcionarios policiales se encontraban desempeñando trabajos relacionados al orden y seguridad por el confinamiento. No obstante, Alarcón aclaró que los miembros de la FELCV no fueron contemplados en dichas tareas, con el objetivo de que los oficiales policiales de esta unidad se mantengan avocados en sus labores para atender las denuncias sobre violencia de género.
“Muchas mujeres optaron por ir directamente a la FELCV, pero lamentablemente ellos no contaban con el equipamiento necesario para trasladar a las víctimas. Hemos tropezado en muchas cosas”, indicó Nogales.
En La Paz, Vargas y Guzmán afirman que los mismos miembros de la FELCV les informaron que el personal del organismo fue reducido en un 17%, y que por ello no podían dar el curso correspondiente al seguimiento de las denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia en sus hogares.
 “Lo que nos ha dejado en claro la FELCV es que no tenían la suficiente capacidad de aprehender a un agresor y tenerlo retenido por ocho horas o más. La mayoría de las denuncias no han llegado siquiera a la Fiscalía, porque para hacerlo se necesita que se abra un expediente con una serie de documentación que la víctima no podía tramitar porque estábamos en cuarentena total”, informó Guzmán.
La líder la Casa de la Mujer expresó que durante la cuarentena rígida la FELCV se organizó y pudo brindar “mayor apoyo y ayuda a las mujeres, dando respuesta inmediata a las denuncias”. Sin embargo, fue en este periodo que, según Suárez, se presentó un nuevo problema: el transporte.
La FELCV carece de vehículos para transportar a las víctimas o para llegar hasta donde ellas se encuentran. A veces no tienen ni gasolina que, en sí, es lo mismo que nada”, apuntó.
En cuanto a este reclamo, la autoridad policial aclaró que: “en todo el país la FELCV es una de las entidades policiales más fortalecidas con medios materiales, en este caso vehículos, aunque en muchas ocasiones estas movilidades pasaron a ser parte de las tareas de orden y seguridad por el COVID-19”.
No obstante, Nogales recalcó que el colectivo cochabambino mantuvo contacto permanente con Alarcón para atender los llamados de urgencia.  “En algunos casos que se dieron en Cochabamba hemos podido rescatar a mujeres con ayuda de la FELCV”, dijo la activista. De la misma manera, la abogada de La Casa de la Mujer destacó “el problema real radica en el sistema”.

Otras limitaciones para las víctimas

Durante el decreto de cuarentena total, el gobierno central estableció varias restricciones. Entre ellas que el abastecimiento durante ciertos días a la semana, y de acuerdo con la terminación numérica del carnet de identidad. Así, cuyas identificaciones terminaban en 1 y 2 solo pudieron salir los lunes; 3 y 4 martes; 5 y 6 miércoles; 7 y 8 jueves; y 9 y 0 viernes. En caso de infracción de esta medida, los ciudadanos debían cumplir ocho horas de arresto y además pagar un monto de 1.000 pesos bolivianos. Una situación que aumentó la indefensión de las mujeres en confinamiento.
Muchas mujeres se encontraron en la situación de que fueron golpeadas, pero no podían salir porque no era su día de salida, por lo que tuvieron que seguir confinadas con sus agresores. En otros casos, pudimos recabar el temor que muchas tuvieron de que fueran arrestadas en las calles y fueran, además, obligadas a pagar una multa en medio de una crisis económica. Eso es lo peor, que no se establecieron protocolos para ayudar a mujeres violentadas durante este periodo. Esa es la mayor de las falencias”, sentenció Nogales.

Cuando la burocracia te golpea

En teoría, el Reglamento de la Ley Nº 348 que rige la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” establece que cualquier centro de salud, sea del sistema público o privado debe otorgarle a la víctima de violencia física, un certificado médico que sea homologado por el médico forense. De tal modo, que no es necesario que ese documento (pieza clave para poder denunciar) sea entregado únicamente por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público. No obstante, en la práctica, el panorama es muy diferente y mucho más, durante el tiempo de confinamiento.
En Cochabamba, por ejemplo, según el reporte del colectivo Mujeres de Fuego, mujeres agredidas físicamente tuvieron que caminar más de nueve kilómetros para llegar a las instalaciones del IDIF, ubicadas en la zona de Coña Coña, al oeste de esa ciudad.
“Si bien la Ley 348 establece algo concreto en cuanto al certificado forense, esto no se cumple. Muchos fiscales o incluso abogados no aceptan que las certificaciones no sean del IDIF, por lo que mujeres tuvieron que caminar golpeadas, en plena cuarentena, incluso más de tres kilómetros para obtener este certificado. Lo peor es que a veces llegaban al lugar y el médico forense de turno ya no estaba. ¿Se da cuenta? Esta situación es nefasta”, reclamó Nogales.
La abogada Paola Barriga explicó que en La Paz existe un solo psicólogo especializado para atender a todas las víctimas de violencia, tal como ocurre de manera similar en la ciudad de El Alto, donde también hay un solo médico terapeuta para responder a las necesidades de esa urbe. Lo que se traduce en solo dos psicólogos para atender a dos ciudades, cuyos números de habitantes se calcula en más de tres millones de personas entre ambas. “No existe personal especializado, ese es el más grande de los tropiezos”, manifestó.
Pero no es lo único con lo que debieron lidiar las víctimas de violencia en cuarentena. Según los reportes del colectivo Mujeres de Fuego, en Cochabamba, 80% de los casos de violencia intrafamiliar o doméstica quedaron solo en citaciones.
“A veces no estaba el fiscal de turno y la mayoría por la minimización de los casos. Tampoco hubo un juzgado de turno únicamente para situaciones de violencia”, dijo su directora, Miriam Suárez.
La activista también hizo hincapié sobre la falta especialización y sensibilidad que se necesita en todos los niveles donde se trabaja con víctimas de violencia.
“Muchas veces los que atienden los casos los minimizan. Pareciera que una mujer tiene que llegar en estado de agonía para ser atendida”, lamentó.

Centros de mujeres destinados al COVID-19

La pérdida de espacios que habían sido conquistados en el pasado fueron otras de las situaciones que padecieron las víctimas. En cuarentena les fueron arrebatados por las medidas aplicadas ante propagación del COVID-19 en Bolivia. Un ejemplo de ello es el refugio temporal de acogida “Ana Medina”, en Santa Cruz. El lugar fue concebido para brindar asistencia médica, psicológica y judicial a las mujeres y sus hijos, quienes hayan sido víctimas de violencia.
No obstante, la gobernación de este departamento anunció que el refugio pasaría a ser un centro de aislamiento para pacientes con COVID-19. De esa manera, se confirmó que los primeros en ser referidos hasta ese lugar fueron cinco pacientes que estaban en aislamiento en Montero, (ciudad ubicada a 50 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, capital del Departamento de Santa Cruz) en un lugar que, según denuncias del personal de salud, no reunía las condiciones necesarias y no estaba destinado a este propósito sanitario.
“Cuando el Gobierno Municipal de Santa Cruz cede la casa de refugio Ana Medina para atención del COVID-19 nos damos cuenta de cuáles son las prioridades. Y lo peor es que lo primero que se hace es tomar las conquistas de las mujeres y arrebatarlas, claro es el ejemplo de lo que sucedió en San Javier”, señaló la abogada Ana Paola García.
Pero ese no fue el único caso. El martes 26 de mayo, durante horas de la mañana, en la población de San Javier (Santa Cruz), indígenas chiquitanos denunciaron que fueron víctimas de atropellos e “invasión” de su terreno por parte de la Alcaldía de esa localidad. Incluso denunciaron que una mujer fue golpeada con un fierro por el alcalde Armando Barbery Landívar.
Todo comenzó cuando el funcionario se apoderó del Centro Prenatal que atiende a mujeres y niños, para convertirlo en una posta sanitaria (como se le llama los centros de servicios de salud primarios en Bolivia) que recibiera a enfermos por coronavirus.
“Ese centro se logra en convenio con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), con el objetivo de que mujeres chiquitanas y mujeres de las provincias sean atendidas en este lugar. Pero el alcalde de San Javier está usurpando ese lugar para convertirlo en un centro de aislamiento”, dijo García, acotando que “siempre son las conquistas de las mujeres, las que son sacrificadas para tener otras funciones”.

Datos que alertaron 

En 2019, Bolivia alcanzó una cifra alarmante: 117 feminicidios. 65 de los agresores tenían una relación afectiva con la víctima, 35 eran exparejas, ocho no fueron identificados, 10 eran desconocidos, cuatro eran amigos y tres eran familiares.
Los números conmocionaron a la sociedad boliviana y llevó a las autoridades a crear campañas de prevención que realizó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), acompañadas de mensajes televisivos, radiales y redes sociales del Ministerio de Comunicación y la Fiscalía General del Estado para hacer conocer los derechos de la mujeres. A la iniciativa, se sumó también el trabajo de organizaciones y colectivos a través de talleres y conversatorios sobre la sobre Ley 348.
Los esfuerzos no detuvieron, sin embargo, los 12 feminicidios que se registraron en los primeros 12 días del año. Por ello, el 13 de enero la presidente del Estado Plurinacional, Jeanine Añez, declaró al 2020 como “el año de la lucha contra el feminicidio y el infanticidio”.
Según información oficial, en esos primeros 12 días, además de los asesinatos, se realizaron 683 denuncias de violencia y 168 casos de violación, cifras que para la mandataria boliviana fueron “de terror”.
En la oportunidad, Añez designó nueve tareas entre las que destacaban el establecer que los ministerios y sus reparticiones aprobaran políticas nacionales y prioritarias contra la violencia, la instalación de 20 juzgados especializados (los que debían estar en funcionamiento desde este junio) y el incremento de recursos para mejorar el sistema judicial, entre otras.
Hasta la fecha, ninguna de estas tareas se ha llevado a cabo. Paola Barriga, abogada que ha  apoyado a víctimas de violencia de género y representante ante la justicia de familiares de casos de feminicidio, cree que eso se debe “al contexto del COVID-19 y a la falta de presupuesto asignados exclusivamente a esta lucha” que reclama, debe preocupar a una sociedad que sigue dejando en orfandad a decenas de niños.

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