Argentina: La desinformación jugó en contra de las mujeres

De los 82 feminicidios ocurridos hasta finales de junio, más del 70% se dieron dentro del hogar

Texto: Jesenia Freitez Guedez/Sikiuk Méndez
Ilustración: Johnny Lain/ Antonio ramírez
Infografía: Yordán Somarriba/ Denisse Martínez



Más de Argentina:

Las calles comenzaron a vaciarse en Argentina desde el 20 de marzo de 2020, y a partir de ese momento la gente empezó a tomar las previsiones para sobrellevar la pandemia. Para algunos, las casas eran ese refugio seguro donde el fatal virus no los alcanzaría, o, al menos, estarían menos expuestos. Sin embargo, para las mujeres con antecedentes de haber sufrido violencia, era la cárcel donde el agresor podía violentarlas 24/7. 
En un país donde hubo un feminicidio cada 24 horas en 2019, de acuerdo con el registro de la organización Ahora sí que nos ven, y en el que contabilizaron 162 feminicidios desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020, las autoridades se quedaron cortas en las estrategias para la difusión de programas enfocados en la protección de las mujeres durante el confinamiento obligatorio. “Justamente por eso hubo 81 femicidios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio entre el 20 de marzo y el 30 de junio”, explicó Martha Sara Pérez, coordinadora del colectivo Mujeres de Negro.
La cifra de Mujeres de Negro no dista mucho de la que maneja la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) durante el confinamiento, desde donde contabilizaron 82 feminicidios durante la pandemia, dijo María Victoria Aguirre, abogada y coordinadora de la organización.
Por su parte, la Asociación Civil La Casa del Encuentro maneja una cifra mayor: “en el período que va del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020, hubo más de 300 víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios en el país. Una estadística igual de dolorosa es que a partir de estos femicidios al menos 366 hijas e hijos se quedaron en situación de orfandad. De ellos 66% son menores de edad. Ahondando en los datos, se revela que 71% de los casos fueron de mujeres asesinadas en sus hogares y en 65% el crimen fue cometido por exparejas.
Las cifras revelan, además, una falla de atención del Estado durante el confinamiento porque uno de cada seis feminicidios fue de mujeres que habían denunciado a su agresor previamente y, del total, cuatro de las víctimas eran menores de edad.

Más violencia, menos denuncias

La activista Martha Pérez señala que en todo el país aumentó la violencia, pero bajaron las denuncias. Específicamente en la provincia de Rosario cesaron las llamadas al Teléfono Verde, un sistema implementado para pedir ayuda, ser asesoradas y solicitar una casa de amparo o refugio. La baja en la cifras se debió a que el agresor estaba con ellas a toda hora y llamar para denunciar era una misión titánica, casi imposible, por eso crearon un nuevo número para que se comunicaran vía WhatsApp. 
“Lógicamente, al estar encerradas con el violento era más discreto enviar un mensaje de texto que llamar por teléfono. Por tanto, a partir de ahí aumentaron los pedidos de auxilios, pero las comisarías dejaron de tomar las denuncias debido a que la policía se tenía que dedicar a controlar la cuarentena”, indicó la representante de Mujeres de Negro. 
Posteriormente, las estadísticas oficiales reflejaron un aumento del 60% en las denuncias a la Línea 144, un número de teléfono gratuito para quienes sufren violencia doméstica. Ocho de cada diez llamadas fueron de mujeres que sufrían maltrato en el hogar y con la proyección de incrementarse a medida que transcurrían los días. Además, Mujeres de Negro pasó a recibir de dos a tres llamadas a la semana a dos o tres llamadas al día
Para el momento del confinamiento, lo único que había quedado operativo en el país eran las Comisarías de la Mujer y la Familia, una instancia a la que al principio no podían acudir si no tenían un permiso para salir de casa. Ante esta situación el Estado se avivó, reveló Pérez, y se dio cuenta de que era absurdo pedir un permiso para salir, si a una mujer la estaban violentando. Ya para ese entonces habían pasado 17 días cuando fue publicada la Resolución 15/2020 en el Boletín Oficial, que daba luz verde a las mujeres a romper el aislamiento obligatorio para ir “solas o junto a sus hijos e hijas” a denunciar hechos de violencia. 
Lo expuesto por Mujeres de Negro coincide con los registros que lleva la Corte Suprema. Analía Monferrer, coordinadora de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asegura que esa instancia ha venido haciendo cambios desde el año 2008, con la creación de las OVD donde ofrecen acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las víctimas. Aun así, los registros de esa institución revelan que del 20 de marzo al 26 de mayo del año 2019, recibieron 2.312 casos. Sin embargo, del 20 de marzo al 26 de mayo de 2020 recibieron solo 613 casos y de estos, 23% fueron de personas convivientes.
“Esto no puede ser un indicio de que esté disminuyendo la violencia, sino de que efectivamente las personas no pueden llegar a comunicarse. ¿Qué análisis hacemos de la disminución en el número de denuncias? Que en situación de aislamiento no todas las personas sabían que podían salir de sus casas para denunciar. Si bien tratamos de difundirlo permanentemente desde el primer día, sabemos que quien es víctima de violencia doméstica se encuentra en una situación de fuerza mayor, que es uno de los supuestos por los cuales se puede salir del aislamiento”, agregó la funcionaria.
Entre abril y mayo de 2020 la Corte Suprema acompañó el ingreso al refugio de nueve mujeres y tramitó el pedido de 54 botones antipánico.
Quienes esperan justicia en Argentina deben armarse de paciencia, porque aunque el Superior Tribunal de Justicia activó desde el 17 de marzo de 2020 las ferias judiciales para atención mínima a través de guardias, los procesos siguen siendo muy lentos.
Las víctimas en el tiempo de confinamiento también fueron desplazadas por la emergencia sanitaria en la lista de prioridades de atención que dieron autoridades, según reportes recabados por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Contraseñas de dominio público

Con la intención de contrarrestar la violencia machista durante la pandemia, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina creó una campaña denominada #BarbijoRojo, medida que, según la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, serviría “para estar cerca y seguir fortaleciendo el trabajo contra las violencias por motivos de género en el marco del aislamiento obligatorio”. En la práctica, esto significó que la víctima solicitara un barbijo (cubrebocas) rojo en las farmacias como señal de alerta para que cualquier encargado pudiera tomarle sus datos y comunicarse con la línea de ayuda 144. 
Pero la mayoría de las organizaciones que defienden a las mujeres violentadas se mostraron en desacuerdo por la difusión poco estratégica que se hizo de la campaña. ¿El farmacéutico tenía capacidad para atender a una mujer que está en situación de violencia si el agresor se encontraba con ella?, cuestionaron las organizaciones.  Además, esta campaña no llegó a todo el país, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe no se adhirieron a la campaña porque estaba coordinada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), al que el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe (Colfa) no está asociado. 
Desde la Corte Suprema se reconocía que el éxito de esta campaña estaba sujeto a tres supuestos claves: capacitar al farmaceuta, que la víctima pudiese salir a solicitar la ayuda y que si todos conocían la contraseña para pedir ayuda, perdería el sentido, porque el agresor podía estar atento a cada paso que da la víctima. 

Funcionarios más capacitados

La organización Mujeres de Negro reitera que el Estado primero tiene que capacitarse en perspectiva de género y canalizarlo bajo las tres instancias de Poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta carencia se reafirma en la falta de campañas y difusión de información desde las diferentes instituciones.
Para esta investigación se hizo un sondeo por las diferentes páginas oficiales estatales. De 20 ministerios, solo tres tienen información de apoyo a las víctimas en cuarentena: El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa. Por eso, cuando inició la pandemia, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) se adelantó a lo que vendría y enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, en la que expresaron preocupaciones y propuestas para abordar los distintos tipos de violencia machista que amenazan la vida de las mujeres en tiempos de cuarentena. El texto explica que desde el 12 de marzo, cuando comenzaron a anunciarse las restricciones de circulación, al 3 de abril ya se habían registrado 15 víctimas de femicidios, ochos intentos más y se habían abierto cinco casos, actualmente, en investigación.

El botón antipánico se desvanece 

Durante la cuarentena, ni siquiera un botón antipánico o una previsión de acercamiento impidieron que el violento actuará. Desde Mujeres de Negro llevan registros de víctimas que han perdido la vida pese a usar el botón antipánico o a tener la orden perimetral en la mano. “Acá el problema es que un violento es un transgresor y no le cuesta nada transgredir un papelito que dice que no se puede acercar a la mujer”, señaló la activista Martha Pérez. 
Por ello, reiteró que en Argentina urge que los funcionarios tengan la visión de género en la justicia. “Tienen que tomar las medidas para proteger a la mujer que va golpeada, con los ojos hinchados, pues lo único que hacen es darle la perimetral (medida de prohibición de acercamiento)”.
Por su parte, la coordinadora de la OVD reconoce que lo que se critica del botón antipánico es que la responsabilidad de protegerla ante cualquier ataque queda en manos de la mujer, porque en realidad ella es la que tiene que presionarlo

 

Números rojos de la cuarentena

La Corte Suprema da cuenta de que del 20 de marzo al 26 de mayo contabilizaron 613 casos de violencia doméstica, de los cuales 57% fue de riesgo medio, 31% riesgo alto, 6% un riesgo altísimo y otro 6% que tuvo un riesgo bajo. Del total de denuncias, 90% son mujeres y el otro 10% de adultos mayores que sufrieron violencia por parte de sus hijos, también adultos en muchas ocasiones.
Con relación a los tipos de violencia que registró la OVD, “en 98% de los casos se observó violencia psicológica; en 74%, violencia simbólica; en 68%, violencia física; en 46%, violencia ambiental (rotura de objetos), en 31%, violencia económica; 10% violencia sexual (es la menor porque es la que menos se denuncia, a veces hay pudor) y un 16% violencia social (el victimario corta los datos con las amistades o familiares y las aísla de su entorno)”, detalló la coordinadora de la OVD.
La representante de la organización Mujeres de Negro, Martha Pérez, explicó que la violencia de la que más han tenido registros en el confinamiento es la psicológica, que es con la que por lo general comienzan los victimarios. Aunado a esto, Marta Fernández Baccardo, doctora en psicología y especialista en temas de género, añade que también ha resaltado la violencia simbólica y carga de trabajo doméstico en confinamiento.
“Revisando las llamadas que hicieron a las organizaciones las víctimas, la violencia que más se ha denunciado es la física, pero cuando se ahonda un poco sobre qué consideran ellas como violencia, respondieron: El golpe, la cachetada, el empujón. No señalaron como abuso la palabra, el gesto o la carga excesiva de  trabajo en casa sin ayuda, por eso nos damos cuenta de que aunque viven la violencia simbólica, no la reconocen y creo que es la madre de todas las violencias porque pone a la mujer como la exclusiva del trabajo doméstico y de lo hijos”.

Fallas para recibir a víctimas en refugios

Durante la cuarentena también salieron a relucir las fallas en las políticas públicas que afectan directamente a las mujeres violentadas; según Mujeres de Negro los 120 refugios que existe en Argentina trabajan con menos presupuesto del que requieren. Pese a que el Estado determinó que de todas las viviendas que se hicieran con el presupuesto de la nación 10% iba a ser para las mujeres víctimas de violencia de género, las organizaciones consideran que se necesita subir ese número al 20%, porque es insuficiente y en muchos casos las mujeres deben abandonar sus hogares para romper todo tipo de contacto con el agresor. 
Las mujeres violentadas tampoco acuden a un refugio cuando tienen hijos porque pueden estar allí un tiempo limitado. Además, cuando salen tienen miedo de encontrarse con el violento. 
Sylvia Ferreira, coordinadora de MuMaLá, indicó que las víctimas se ven imposibilitadas a salirse de su casa porque no saben a dónde ir,  además de la complejidad de todo el proceso judicial que deben enfrentar solas. “Tenemos esa necesidad de que haya un conjunto de dispositivos del Estado para poder facilitar ese proceso y que eso no derive en algo mayor como el femicidio”.
Ferreira afirma que las mujeres no se salen de sus casas porque, para ello, tienen que tener antes una serie de garantías como  contar con alguien que la acompañe en el proceso y que las organizaciones tengan un equipo multidisciplinario de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales.
“Pero en Argentina son muy pocas las organizaciones que pueden dar todo ese apoyo y el Estado no se da abasto. Todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia es complejo. Nosotros hemos tenido que asistir a un montón de mujeres que han estado deambulando por diferentes comisarías para que les reciban las denuncias, algo que debería ser tan sencillo, pues no lo es. Y cuando no reciben apoyo, se regresan a donde está el agresor”, aseguró.

Deuda del Estado con las víctimas 

Uno de las deudas que tiene Argentina con las víctimas es que carece de la publicación constante de las cifras oficiales. La doctora Marta Fernández Boccardo, especialista en temas de género y autora del libro Mujeres que callan y efectos en la subjetividad femenina, aseguró que hay asociaciones de mujeres, siempre relacionadas con el feminismo, que están llevando cifras sobre el problema, porque “es reciente que se está haciendo una estadística oficial”, reveló. 
Las organizaciones dedicadas a luchar contra la violencia en el país, como MuMaLá, exigen al Gobierno, además, que el tema de la violencia machista forme parte de la agenda pública y que no se evalúe como una situación individual de las víctimas. Por el contrario, reclaman que se vea como un problema estructural de la sociedad que pide políticas públicas para poder enfrentarlo.
También señalan la urgencia de que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral en las instituciones educativas y que se brinden elementos básicos para poder identificar los casos de violencia, incluido el abuso sexual infantil. Así como hacer cumplir la Ley 26.485 sobre la Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, vigente desde el año 2008.  Esta ley tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones y el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.
Las organizaciones recuerdan que es necesario gestionar, asimismo, la inclusión de las víctimas de violencia de género en los programas sociales, con el objetivo de que puedan tener acceso a plazas de trabajo. MuMaLá, por ejemplo, maneja una lista de 500 mujeres que fueron víctimas de violencia y quienes aún esperan ser apoyadas con programas sociales que les den acceso al trabajo como parte del proceso de reconstrucción de sus vidas.

Comentarios